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La aparición en un terreno baldío de Montevideo de los restos carbonizados de una persona ya no sorprende. Es y seguirá siendo una noticia porque no es lo que debería ser, porque no es “normal”. El problema es que, a fuerza de repetición, los uruguayos lo han naturalizado.
Y la respuesta que da el sistema político al fenómeno ayuda muy poco.
El 2023 cerró con 393 homicidios, 25% más que en 2021. Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentó los datos como un éxito de su gestión. Para justificarse recurrió a cálculos forzados y a razonamientos cuestionables. De acuerdo con el ministro, el aumento de los homicidios se dio porque el combate al narcotráfico ha sido tan exitoso que los criminales deben disputarse territorios y mercados.
Heber dijo que la mayoría de los muertos tenían antecedentes o indagatorias, lo que era un indicio de su presunto vínculo con el crimen. Y remató: “Para nosotros es muy importante: la familia que pasea, que va a trabajar, la familia trabajadora se encuentra en estos momentos mucho más segura que antes”.
Los razonamientos son muy parecidos a los que planteaba el gobierno anterior cuando buscaba darle un giro discursivo favorable a un mal resultado. La gestión liderada por Eduardo Bonomi atribuía el crecimiento de los homicidios a los “ajustes de cuentas” entre criminales. El subsecretario Jorge Vázquez dijo en 2015: “La mayoría de los ciudadanos de este país, si no están vinculados con la delincuencia, si no están vinculados al narcotráfico y si no tienen problemas familiares importantes, tengan la seguridad que nadie los va a matar”. La distancia entre esto y la “familia trabajadora” de Heber es mínima.
Con buenos argumentos, uno de los mayores críticos de esa postura era el entonces senador Luis Lacalle Pou, hoy presidente de la República. “Sobre las causas de los aumentos de homicidios, para el ministro hay ciudadanos clase ‘A’ y clase ‘B’. Si tú caés en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe”, dijo Lacalle Pou en una interpelación a Bonomi en 2018.
Tenía razón Lacalle Pou antes y la tendría ahora si mantiene esa posición. Un ministro del Interior no puede atribuirse como un éxito de la gestión el aumento de los homicidios. No puede fundamentarlo con la sugerencia de que unas vidas valen menos que otras.
La disputa de los narcotraficantes por territorios y mercados, puesto así, parece un concepto abstracto. Pero son asesinatos cometidos en barrios de Montevideo y el interior, son tiroteos en las calles, en las que deberían circular vecinos sin miedo de morir o presenciar un asesinato.
La guerra entre narcos por territorios, cuyo inicio fue informado por Búsqueda en 2012, es reflejo de algo más. Si la disputa es entre ellos, es señal de que otro actor clave, el Estado, tiene una presencia por lo menos débil en esas zonas. No existen los vacíos de poder, sino cambios en quienes lo ejercen.
A pesar de su declarada complacencia con los resultados, Heber anunció también que preparan un plan para combatir el aumento de los homicidios. Además, en las últimas semanas el gobierno ha convocado a un diálogo multipartidario sobre el tema seguridad. Son dos señales positivas, más allá de que la instrumentación de sus planes todavía no está clara.
El oficialismo es quien tiene la responsabilidad primaria de buscar soluciones al problema, pero la oposición debería acompañar y aportar. Las primeras reacciones de dirigentes frenteamplistas ante los planteos del gobierno no son auspiciosas. Abundan las críticas, los pedidos de renuncia; repiten las actitudes que cuestionaban que hacía el actual oficialismo cuando era oposición y el Frente Amplio, gobierno.
Mientras tanto los cuerpos siguen apareciendo en las calles de Montevideo y otras ciudades del interior. El espiral de violencia recuerda a los procesos que siguieron otros países de la región y que desembocaron en estados casi fallidos frente al narcotráfico. La gravedad del asunto debería llevar a una pausa en la confrontación político-partidaria y buscar soluciones consensuadas.
Si todavía hay tiempo para revertir el fenómeno de violencia desatado, el margen es cada vez menor. ¿Estarán a la altura?
