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El asesor jurídico de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), Ismael Blanco, presentó días atrás su renunica indeclinable al cargo. Había recibido una propuesta para integrase al grupo de trabajo Por Verdad y Justicia dependiente de Presidencia de forma honoraria y el abogado lo vio como una buena salida para abandonar un trabajo que se había vuelto insoportable.
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“La acumulación de situaciones fue la gota que colmó el vaso”, indicó Blanco a Búsqueda, quien aseguró que sufrió “mobbing” —término con el que se conoce al acoso laboral— y no descarta iniciar acciones legales por daño moral contra el secretario general de la Junta, Carlos Otero (Movimiento de Participación Popular).
Blanco (Nuevo Espacio) transmitió a su entorno que durante el último año tuvo un “duro enfrentamiento” con Otero y con la presidenta de la junta, Graciela Villar, relataron a Búsqueda fuentes municipales. Una de las discusiones principales, según los informantes, fue producto de desacuerdos entre el asesor jurídico y las autoridades sobre cómo resolver algunos procedimientos administrativos.
“Eso generó un ambiente de hostigamiento muy grave”, afirmó Blanco, quien denunció además haber recibido “presiones de todo tipo” para que abandonara el cargo. De todos modos, según la carta de renuncia del abogado, su ida se vio acelerada por la negativa de la JDM de otorgarle una licencia sin goce de sueldo por 60 días que había solicitado con el fin de “realizar una transición ordenada”.
Irregularidades.
Blanco transmitió a sus allegados que la Junta tomó decisiones “arbitrarias” que provocaron que el organismo perdiera batallas legales y debiera pagar a los litigantes.
Una de ellas fue el caso de un funcionario de la junta que se desempeñaba como carpintero y en la escala de jerarquía del 1 al 6, poseía un grado 2, a pesar de tener responsabilidades propias de un grado 4. El funcionario, que reclamaba esta situación desde hacía tres años, pidió que se lo convocara a un concurso a lo efectos de aspirar al grado 4, escalafón que se entendía ya desempeñaba. Sin embargo, cuando Blanco se encontraba de licencia, el secretario general, con la anuencia de Villar, reunió a la Unidad Jurídica y rechazó la petición sin presentar fundamentos, algo que fue cuestionado por el abogado.
Otro caso con el que Blanco no estuvo de acuerdo en el proceder administrativo y legal se dio cuando un funcionario ganó un juicio y obligó a la JDM a pagarle el salario de un grado 6 hasta que se realice un nuevo concurso. Durante el juicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que el municipal desempeñaba tareas que no le correspondían de acuerdo a su cargo y a partir del testimonio de varios directores, que ya habían solicitado sin éxito la asignación de funciones, la junta debió aprobar esa solicitud y pagar US$ 60.000.
Ante este escenario, Blanco convocó al Grupo de Trabajo Multidisciplinario a los efectos de analizar por qué se había perdido este juicio y aseguró que en ambas situaciones, principalmente en la primera, se dio lugar a un “desvío de principio de buen administrador” o abuso de poder.
Presiones.
El cargo que ocupaba Blanco estaba al mismo nivel de la escala jerárquica que el del secretario general, por lo que todos los temas jurídicos debían pasar sí o sí por el abogado. Sin embargo, hace un año la Mesa Formal (ampliada) de la junta —integrada por la presidenta, el secretario general, el adjunto y un tercer secretario— emitieron una resolución junto con una nota dirigida a la Unidad Jurídica, obviando a Blanco, donde solicitaron que todos los informes requeridos por Villar y Otero fueran realizados por la unidad y que al abogado simplemente se le otorgara una copia de lo informado.
Blanco decidió no presentar un recurso jerárquico en ese entonces para no generar problemas. Sin embargo, durante un año todos los actos dictados por la JDM donde se pidió asesoramiento jurídico, pero no llegaron a pasar por el aval del asesor letrado, podrían ser considerados nulos. “Sentí hostigamiento, además no fui notificado, por lo tanto no es válido”, indicó Blanco.
El letrado comenzó a recibir presiones para que abandonara su cargo, como no invitarlo a las reuniones o simplemente saltearlo en la cadena de decisión, hasta que la situación se volvió “insostenible” para el asesor. “Lo banqué con mucho sufrimiento, la pasé mal, pero lo hice en aras de mantener la unidad de la fuerza política. Pero todo tiene un limite”, dijo.
El abogado aseguró que se dio la coyuntura ideal para dejar el cargo cuando su compañero de sector y coordinador del grupo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, lo invitó a sumarse al equipo. “Para mí la verdad y justicia se aplica no solo en materia de derechos humanos, sino que es algo que considero una lucha permanente en todos los planos de la vida, en particular en la política”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de iniciar un juicio civil, Blanco dijo que “no descarta nada”, pero agregó que “nunca iría contra el patrimonio” de la junta, por entender que es dinero público. La idea, explicó, sería arremeter contra los bienes de los responsables de la maniobra.
Búsqueda consultó sobre el tema a Otero y a la actual presidenta de la junta, Gimena Urta, quienes prefirieron no hacer declaraciones.
