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Una vez más, los trabajadores de la prensa fueron expulsados sin fundamento legal alguno de una instancia judicial que no tenía ninguna medida de reserva por parte del juez actuante.
Esta vez ocurrió anoche, cuando un equipo periodístico de El Pueblo, junto a colegas del Canal 8 de Salto, nos encontrábamos aguardando el inicio de la reconstrucción de un hecho (donde una mujer falleció en un accidente al ser embestida por un ómnibus municipal) que se llevaría a cabo en la vía pública y ante la vista de todos los que por allí pasaban, sin restricción alguna.
El caso es absurdo, puesto que quienes comandaban el operativo en ese momento y los funcionarios de la fiscalía entendían que cualquier persona que caminara por el lugar podía pasar sin mayores inconvenientes, pero no así los periodistas, que debían ser expulsados.
La razón no supieron dárnosla y no lo hicieron porque no tenían fundamento legal alguno para hacerlo. Lo lamentable es que estos funcionarios públicos, policías y funcionarios de la fiscalía, debían justificar la expulsión de la prensa en el lugar, ya que tal como actuaron, se están arrogando un derecho que no les corresponde, que es el derecho al trabajo que tenemos los periodistas y a informarle a la población, la que a su vez tiene derecho a saber qué pasa en su ciudad y máxime si hay bienes públicos involucrados, como el caso del ómnibus en cuestión.
Los trabajadores de la prensa no estábamos en el lugar para obstruir la labor de la Justicia ni de la Policía, es más, en el momento en que emitieron la orden de que nos retiráramos (que no sabemos de dónde provino porque el comisario a cargo del operativo dijo que la adscripta a fiscalía se lo había ordenado y la fiscal adscripta lo desdijo y negó haberlo hecho pero aun así sugirió nuestro retiro), estábamos parados a un costado hablando de otras cosas, sin siquiera acercarnos a la escena del hecho ocurrido en la esquina de Blandengues y Agraciada.
Este tipo de episodios siempre ocurren y son moneda constante de parte de las autoridades hacia la prensa en general. Cuando un periodista va a realizar la cobertura de un caso en la vía pública, la Policía primero y la Justicia después en connivencia con esta, deciden autoritariamente, sin amparo legal alguno, expulsar a los trabajadores de la prensa y prohibir a fotógrafos y camarógrafos que puedan captar imágenes de los hechos ocurridos en plena calle.
Por eso espero que el Sr. Jefe de Policía de Salto, los fiscales adscriptos y titulares y el juez penal de turno, respondan públicamente cuál es la potestad que tienen basándose en las leyes vigentes, de arrogarse el derecho que tenemos los trabajadores de la prensa de cumplir con nuestra función, y por qué siguen cercenando nuestra libertad de trabajo y censurando la libertad de información de toda la población.
Quizás tengan alguna norma que los ampara de la cual no nos hemos enterado, de lo contrario sería bueno que explicaran estos procederes y en el caso de que no puedan hacerlo, porque no tienen fundamentos, dejen de hacerlo de una buena vez, porque su derecho es cumplir y hacer cumplir las leyes, y no actuar de manera discrecional, porque eso atenta contra la democracia.
