Extorsión y política

Tanto es así que las extorsiones —presiones variadas para obligar a actuar de determinada forma y obtener algún beneficio— han pasado a integrar el sistema español como si se tratara de un precepto constitucional. A pocos les llama la atención porque allí la cultura democrática e institucional es ajena a la formación histórica de la mayoría y, debido a la influencia de los dirigentes políticos, anteponen sus intereses partidarios, personales o comunitarios.

En las recientes elecciones generales ni el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ni el del gobernante PSOE, Pedro Sánchez, obtuvieron respaldo suficiente para ser votados como presidentes. Núñez Feijóo ganó la elección por la mínima diferencia. Por eso, agazapado, Pedro Sánchez negocia un segundo mandato que podrá obtener fundamentalmente con los votos parlamentarios de los seguidores de Carles Puigdemont, el líder independentista de Junts Per Catalunya (JPC). También con el apoyo de Ezquerda Republicana de Catalunya (ERC).

Cinco años después de que en 2017 Puigdemont intentara un golpe de Estado al proclamar la independencia de la República de Cataluña votada mediante un referéndum, él y varios de sus compinches se autoexiliaron en Bélgica para evitar ser condenados por la Justicia. Otros golpistas, en cambio, fueron capturados. Varios fueron condenados a penas desde 14 años de prisión e inhabilitación política hasta sanciones de multa. ¡Atención!: algunos no fueron condenados solo por el intento de golpe de Estado, sino por maniobras para malversar dinero de las arcas públicas con el fin de financiar su proyecto independentista.

Quizá estos antecedentes puedan resultarles tediosos a algunos lectores, pero para llegar a la actual negociación entre Sánchez y Puigdemont es necesario entender el contexto.

Luego de las recientes elecciones Puigdemont y los golpistas tuvieron claro que Núñez Feijóo nunca obtendría el respaldo político necesario para ser presidente y que lo contrario podía ocurrir con Sánchez con el apoyo de Puigdemont. Algo muy parecido a lo que hizo desde 2018 en su actual gobierno al asociarse con la izquierda radical de Podemos, que hoy se desvaneció en las urnas al igual la ultraderecha de Vox.

Para los observadores políticos no es un secreto que la pretensión de Puigdemont para acordar con Sánchez se basa en que lo liberen a él de sanciones judiciales y pueda regresar a España. Para el resto de los condenados se buscará la vuelta para eliminar los delitos por los que fueron sancionados.

Pero en España nada es totalmente transparente. En los últimos días diversos dirigentes independentistas han utilizado artimañas lingüísticas para alcanzar su objetivo. La periodista Carmen Lucas-Torres del diario ABC señala que los militantes empujan para lograr la “desjudicialización” del proceso independentista “que haga tabla rasa con las causas de aquellos que tuvieron alguna responsabilidad en la ruta independentista de 2017 hasta pretender incluso la amnistía para los condenados por corrupción”.

Sostienen que las sanciones judiciales de 2017 fueron impulsadas desde el gobierno mediante una guerra jurídica o lawfare de la Justicia por el simple hecho de ser independentistas. A no confundirse: es el mismo gobierno con el que ahora negocian acordar.

Cualquiera sea el acuerdo al que lleguen Sánchez y los independentistas —alguno será, aunque por el momento el PSOE no se ha manifestado a favor ni en contra de a una amnistía— este camino parecer estar empedrado de dificultades legales.

Si fuera una amnistía total o parcial, constitucionalistas consultados por la prensa española dicen que violaría el artículo 62 de la Constitución, que, aun cuando faculta al rey a otorgar la gracia, establece que “no podrá autorizar indultos generales”.

Por otra parte, sostienen los expertos legales, una amnistía general sería inconstitucional porque el artículo 14 de la Constitución establece el principio de igualdad.

Falta poco para conocer cómo se ingenian Sánchez y los independentistas para salir de esta cuestión. Luego habrá que ver —si Sánchez es reelecto presidente— cómo resiste las embestidas de los independentistas, quienes teóricamente rechazan a España y a su gobierno y solo consideran válido el republicano.

Lindo lío. Pero los camanduleros siempre encuentran una salida.