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El abogado y colega Hoenir Sarthou testifica en su última columna publicada en el semanario Voces que “en el Uruguay 2020-2021, cualquier organismo público se cree habilitado para dictar sus propios protocolos sanitarios, para adoptar actitudes policiales y hasta para practicar actos médicos. Así, muchos restringen arbitrariamente el ingreso a sus locales, practican reconocimientos faciales, toman la temperatura, aplican alcohol en gel, imponen hisopados a sus funcionarios (recomiendo leer el último protocolo del Codicen al respecto), exigen datos personales improcedentes y regulan en forma arbitraria las distancias y las actitudes físicas exigibles”. Sarthou es un hombre de izquierda, por lo tanto creyente de la santidad del Estado intervencionista. Quizá por eso muestra sorpresa por las ramificaciones que el aparato estatal ha adquirido gracias al socialismo imperante. Nosotros estamos lejos de sorprendernos por eso.
Más bien nos trae a la memoria una situación que podría considerarse opuesta. Ben Shapiro, fundador del The Daily Wire, que tiene una audiencia masiva en las redes sociales y se ha convertido en vocero principal de los sectores más conservadores de Estados Unidos, explicó cómo resolvió una cierta contradicción entre sus posturas políticas, filosóficas y religiosas y su cuestionamiento al Estado. Él está definitivamente posicionado contra el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales, y otros tantos temas que generan debates en estos tiempos. “En un momento me encontré reclamando que el Estado interviniera como regulador y castigador en ese terreno”, contó, pero después entendió que esa intervención solo provocaría muchos problemas más. Decidió entonces mantener su postura personal y defenderla en su ámbito religioso, pero bajo ningún motivo promover una mayor participación de cualquier gobierno a través del Estado. Un buen ejemplo para las religiones que pretenden que sus propios principios sean aplicables a todos y que se hagan ley, imponiéndolos de forma arbitraria, en lugar de dejarlos solo para sus feligreses.
Shapiro tiene más claro que Sarthou la enormidad de inconvenientes que acarrea la intervención del Estado más allá de lo estrictamente necesario. A pesar de eso, los dos son testigos de los problemas que causa un Estado omnipresente. Sarthou también dice, por otra parte, que los abusos de poder de funcionarios públicos “determinan que vivamos una gran incertidumbre respecto a cuáles son nuestros derechos y obligaciones, que es justamente lo contrario a como debe vivirse en un Estado de derecho”. En este punto tiene razón el columnista, no parece haber suficiente debate sobre lo apegados a ley y a la Constitución que están los cada vez mayores controles y regulaciones con la excusa de la pandemia, especialmente cuando van más allá de lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública.
Cada uno con su estilo y en su vereda ideológica, los dos pegan en el clavo al discurrir sobre los problemas que provocan los excesos estatales. Pero no dejan de ser excepciones a la regla.
Para poner solo un ejemplo en Uruguay, a quienes no les importan los desvíos de la posición de poder del Estado es a los integrantes de la Comisión Nacional Pro Referéndum, lanzada por el PIT-CNT y apoyada por lo menos formalmente por el Frente Amplio, con el objetivo de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Entre las normas que proponen eliminar, está la regla fiscal, uno de los legados más importantes que puede dejar esta nueva ley. La idea de establecer un tope al gasto público los pone muy nerviosos a los promotores del referéndum porque, en el fondo y también en el frente, lo que quieren es más Estado y sobre todo más gasto descontrolado y, para ello, más impuestos.
Los discursos de este tiempo hacen poca mención a una menor participación del aparato estatal, una reducción real de sus gastos y una disminución de la carga fiscal para el sector productivo privado como apuesta sostenible para un futuro mejor. El cambio que se quiere recorrer con la nueva regla fiscal —incluida en la LUC— sería una luz en el camino. Hasta Sarthou y buena parte de la izquierda deberían estar de acuerdo. Es de sentido común. Tendrían que aplicar un razonamiento similar al de Shapiro con sus principios religiosos. Pero en Uruguay todavía nos pesa la fantasía de un gran Estado y seguimos creyendo que es nuestro benefactor.
