Nº 2084 - 13 al 19 de Agosto de 2020
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáPara imponer el totalitarismo no es necesario un golpe de Estado ni el respaldo de las armas. Basta con perseguir o cuestionar a quien se considere un enemigo e intentar someter a jueces y fiscales. Aquello de “todavía hay jueces en Berlín” es mucho más que un aserto histórico. Remarca la independencia de los jueces sobre quien se pretenda avallar.
Cuando el fascismo se instaló en Italia, el jurista Alfredo Rocco, ministro de Justicia, sepultó las libertades mediante una legislación autoritaria al servicio de Benito Mussolini. Lo recuerda con detalle Luigi Laccè en El derecho del Duce. Justicia y represión en la Italia fascista, que debido a la época que vivimos vale la pena releer.
Rocco fue el cerebro jurídico de Mussolini. Sometió al Poder Judicial para dictar decisiones jurisdiccionales desde el balcón de un edificio de la plaza Venecia de Roma. Arengaba al pueblo y a su milicia de seguridad nacional, los famosos “camisas negras”. Decretaba la persecución de sus contrincantes. Bastaba con que un juez servil plasmara en sentencias las decisiones del dictador. También lo contrario liberando a fieles asesinos y torturadores.
Rocco sostuvo la tesis de que ese régimen político debía apoyarse en una justicia a su servicio y que el fascismo requería el fortalecimiento del Estado. Para ese objetivo era fundamental tener un verdugo judicial a la carta. De allí la decisión de designar a los jueces por su lealtad al fascismo porque eran susceptibles de ser chantajeados. Bastaba vestir un uniforme y taconear las botas.
En Uruguay hay fascismos menores y mayores. Entre los menores —no por ello menos preocupantes—, está la reciente campaña para desterrar del arte a quienes en marzo votaron a la coalición multicolor. Ese insólito veto contra las libertades surgió de un diálogo en las redes sociales entre el abogado Pablo Cabrera y la actriz Brenda Accinelli.
Citaron a Juanse Rodríguez, Selva Pérez y Natalie Yoffe. Cuando el asunto cobró trascedencia pública Accinelli intentó excusarse: “Me fui de mambo”. Pero la voluntad fascista de una lista negra ya se había instalado. Veremos si la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) hace lo que corresponde o en cambio se pliega a esa campaña censora.
La directora de cultura del ministerio de Educación, Mariana Westein, fue terminante. En una entrevista de César Bianchi en Montevideo Portal sostuvo que esa conducta “nazi” es “por lo menos de índole fascista”.
Cambiando de dimensión tenemos el caso del general retirado, hoy senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Desde que fue comandante en jefe del Ejército ha descalificado a jueces y fiscales en las investigaciones de delitos de lesa humanidad. Tanto que en 2019 el expresidente Tabaré Vázquez lo cesó por escribirlo en un documento oficial.
Sus cuestionamientos han sido una forma de buscar explicaciones falsas y primitivas, menoscabando la reputación de jueces y fiscales mediante imputaciones de corrupción. A Mussolini le dio resultado porque sus jueces bajaban la testuz cornamentada. En democracia por la trayectoria del sistema judicial no podrá.
Las últimas agresiones de Manini Ríos fueron al disertar en su condición de senador en la media hora previa del cuerpo. Integra el Poder Legislativo y sus agresiones sin fundamento agreden a otro poder del Estado porque cada juez es el Poder Judicial.
“En este país se está atropellando el Estado de derecho por parte de ciertos actores de la Justicia que han procesado y condenado a inocentes a base de falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como el de la irretroactividad de la ley y los tiempos de prescripción”, dijo en referencia a las recientes condenas a militares por crímenes de lesa humanidad.
El gremio de los jueces reaccionó y señaló que descalifica genéricamente el accionar judicial, “atribuyendo arbitrariedad, error inexcusable contumaz y, en definitiva, dolo”. El senador está amparado por sus fueros. Si no los tuviera seguramente sería jurídicamente responsable por lo dicho.
El saliente presidente del gremio, Alberto Reyes, dijo la semana pasada en Búsqueda que el uso de la media hora previa “dedicada a desacreditar la confianza en el sistema de Justicia no es un asunto menor ni debería ser de interés exclusivamente del gremio de los jueces. Preocupa que en el Senado se digan barbaridades de los jueces y no se perciba como afectación de la independencia o separación de poderes. Ya no es ‘Manini contra los jueces’ o viceversa. Es algo mucho más delicado, de riesgo institucional evidente, sobre todo cuando no suscita respuesta”.
Tiene razón. No se trata de un argumento expresado en un boliche con la lengua liberada por el alcohol. Es una acusación de corrupción a otro poder del Estado. En el peligroso camino del sistema democrático hacia el totalitarismo el principal ingrediente es el “todo vale”, especialmente si por ese camino se pretenden réditos políticos.
Lo dice un comunicado de los jueces: en contra de lo expresado por Manini Ríos “sus manifestaciones descalificadoras de otro Poder del Estado pueden interpretarse como una amenaza para la independencia del Poder Judicial (que integran los jueces), pilar básico del Estado de derecho”.
Pero a los seguidores de Cabildo Abierto el Estado de derecho los tiene sin cuidado. Es que dentro de este no podrían reiterar los votos obtenidos en las últimas elecciones, sino que perderían muchos. Es, en consecuencia, una forma de subestimar a sus seguidores: no piensan con cabeza propia y se guían por frases hechas que pretenden contemplar los abusos (torturas y ejecuciones) cometidos durante la dictadura.
Esta es una cuestión sin una aparente solución. No en vano el expresidente José Mujica sostuvo hace algunos años que esta cuestión se va a terminar cuando nos muramos todos.
Si Mujica tiene razón, afortunadamente falta poco para ese final. Pero también es indiscutible que cuando todos mueran las verdades seguirán ocultas.