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    Feola, conductor de una derrota

    N° 2022 - 30 de Mayo al 05 de Junio de 2019

    Cuando decidió librar su primera batalla —probablemente la última antes de su retiro— el comandante en jefe del Ejército, general Claudio Feola, se arrogó ante la Justicia la conducción de un grupo militar de elite integrado por coroneles y generales y los condujo hacia una previsible derrota.

    “Nunca se debe atacar con cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación de un plan”, aconseja el general chino Sun Tsu en El arte de la guerra, el milenario libro más influyente sobre táctica y estrategia militar. Feola hizo lo contrario. Poco después de escuchar expresiones del periodista Gabriel Pereyra que consideró lesivas, presentó una denuncia por difamación.

    El fiscal de Flagrancia Carlos Negro entendió que la denuncia —para utilizar términos corrientes— no tiene pies ni cabeza. Especialmente, cabeza. Sus argumentos para archivarla se ubican en la cúspide del derecho a la libertad de expresión en Uruguay, en la que destacan otros dos juicios de los últimos 16 años que involucraron a periodistas.

    En el primero (con la intervención de la fiscal Mirtha Guianze y del juez Sergio Torres Collazo) se archivó en 2003 una denuncia por difamación de Mario Arean, secretario del intendente Mariano Arana, contra el periodista de Brecha (hoy en Búsqueda) Sergio Israel. Se aplicó por primera vez la doctrina de la “real malicia”, esto es, una acción deliberada para ofender a la presunta víctima con el fin de causarle daño.

    En 2006 Carlos Dogliani fue condenado por la Suprema Corte de Justicia por difamar al intendente de Paysandú Álvaro Lamas. Por ello el periodista demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abogó por su derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho a informar sobre hechos de interés público. Para evitar la condena, el Estado llegó a un acuerdo con el periodista: reconoció que el proceso judicial violentó la libertad de expresión y estableció una reparación. También se comprometió a revisar los delitos de difamación, injurias y desacato. En 2009, mediante la Ley 18.515, despenalizó los delitos de comunicación e incorporó la “real malicia”.

    Negro remarca que esa ley se convirtió en modelo para América Latina sobre la protección de la libertad de expresión. Es la confirmación legal “de la plena vigencia y el carácter absolutamente vinculante en nuestro ordenamiento jurídico interno, de los tratados de derechos humanos, y de las sentencias, opiniones y recomendaciones de los órganos de supervisión y control creados por la Organización de Estados Americanos y la Convención Americana de Derechos Humanos”.

    Abunda en lo establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 4º de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

    El razonamiento jurídico del fiscal, preciso como un bisturí, entre otras cosas descarta la malicia y señala la “particularidad” de que Feola haya formulado la denuncia en representación de los “señores oficiales generales y oficiales superiores del Ejército Nacional”: más de 200 personas. Ninguno cuestionó la decisión del comandante. Donde manda el jefe, los subalternos se callan y acatan aunque los conduzca hacia la derrota.

    El fiscal opta por no ingresar en el debate sobre si las instituciones son titulares de un bien jurídico como el honor y se centra en el agravio central de la denuncia.

    El 9 de abril en Radio Sarandí, Pereyra opinó que con el sistema de ascensos imperante “puede llegar a coronel un anormal perfectamente” y precisó que para ser designado general se requiere aval político. El punto de partida de esa crítica fue una declaración de Feola, que dijo ignorar si había desaparecidos.

    Para el fiscal Feola hace una “interpretación sesgada” sobre los dichos del periodista. “Intenta dramatizar” porque “en ningún momento Pereyra expresa que a coronel puede llegar un ‘anormal’, sino que lo que se plantea es la hipótesis de que si ello sucediera, luego no habría otras evaluaciones (para llegar a general) que las puramente políticas”. Por ello descarta que haya existido “cualquier grado de temeridad o malicia…”.

    Lo que dijo el periodista fue “en un contexto de análisis crítico a las expresiones del comandante en jefe del Ejército uruguayo, sobre hechos relativos a las graves violaciones a los derechos humanas cometidos por funcionarios de las FFAA en la pasada dictadura cívico militar, las que más allá de los juicios que merezcan, claramente ameritan ser difundidas, y debatidas, exponiéndolas a la consideración de la opinión pública toda. Tarea esta que les corresponde primordialmente a la prensa y a los periodistas, en un marco de absoluta e irrestricta libertad de expresión”.

    Ante la contundencia del fiscal cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que Feola no haya considerado las leyes locales, los antecedentes y los tratados internaciones antes de embestir con sus huestes? Bastaba un mínimo de sentido común. Tampoco lo aplicó —también debido a influencias históricas— cuando rechazó aceptar que hubiera desaparecidos. Se rectificó a pedido del ministro de Defensa, José Bayardi, pero poco después insistió en usar los eufemismos “excesos y desvíos de pasado” para referirse a torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. 

    El comandante parece convencido de que para ser respetado y digno se requieren gestos hoscos, tonos imperativos y congraciarse con los subalternos. Para alcanzar respeto (la consideración de que se es digno) y dignidad (el merecimiento de lo que se expresa) es imprescindible desinfectar el pasado y brindar confianza mediante acciones del presente.

    Feola está lejos de alcanzar respeto. Lamentable para una institución que salió en andrajos de la dictadura y que muchos luchan por recuperarla desde hace 34 años.