Nº 2124 - 27 de Mayo al 2 de Junio de 2021
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl martes 13 la jueza penal Beatriz Larrieu marcó un territorio que debería ser definitivo. Rechazó el uso del polígrafo o detector de mentiras, un aparato que desde hace varios años transita por los tribunales penales vestido de solución desesperada. El abogado Rafael Silva pretendió someter a esa pericia a una de las víctimas de la Operación Océano. Argumentó que cuando la joven declara cambia su versión de los hechos “incalculables veces” y perjudica a su cliente. Pero la decisión de Larrieu es fundada y terminante sobre su inconveniente uso. Aunque en el pasado haya sido autorizado por algunos jueces nunca incidió en las condenas penales. Lo habilitaron al santo botón. Quizá para dar todas las garantías, pero la realidad es que fue una pérdida de tiempo.
Es seguro que algunos abogados insistirán. Es su derecho y parte de un trabajo por cuyas acciones cobran. La opinión terminante de Larrieu lo descarta y, aunque no lo dice, está claro que solo sirve para generar falsas expectativas. Como las de algunos enfermos terminales que recurren a chamanes, aromaterapia o agua de Querétaro. Soluciones imposibles.
La jueza señala que el polígrafo registra respuestas fisiológicas frente a determinadas preguntas de un interrogatorio. Las reacciones fisiológicas pueden deberse a estados de ansiedad y no necesariamente a mentiras. Es así. No indica verdades o mentiras, sino los cambios fisiológicos de las emociones. Muchos inocentes podrían pasar por mentirosos y muchos mentirosos por sinceros. ¡Pavada de encrucijada!
Aunque Larrieu le da la razón a la defensa de que no está prohibido en Uruguay, no es esa la cuestión. Advierte que “dado que su fiabilidad no alcanza reconocimiento científico, no puede ser empleado en un proceso judicial para determinar la veracidad o no de una declaración”. Cita jurisprudencia de tribunales de apelaciones y remarca como “cuestionable” que en este caso sea una víctima a quien se pretende someter a la pericia. “Una decisión que someta a una víctima” durante su declaración “constituye un trato deshumanizado y discriminatorio que podría encuadrar en la hipótesis de violencia institucional”. Nada menos.
Este sistema puede ser válido para acciones privadas de diverso tipo. Incluso para hacerse trampas al solitario. Pero ante la Justicia es diferente. ¿Por qué razón entonces se insiste en su aplicación? La principal irrumpe con fuerza desde la ficción y para su rechazo incide una abrumadora realidad. Veamos.
La ficción. Larrieu destacó que el sistema ha sido “ampliamente difundido a través del cine y la televisión”. Le asiste toda la razón. Algunos largometrajes y series de TV, como CSI, Mentes criminales, FBI o Ley y orden, son alimento diario de los televidentes y le dan a ese sistema de medición un lugar relevante en la atención popular.
Debido a la credulidad popular el sistema pasó de un papel secundario a uno protagónico en sociedades que reclaman la aplicación de sanciones a quienes delinquen. También para determinar inocencias. Desde afuera del sistema de Justicia —especialmente los investigados—, se supone que por esa vía obtendrán certezas que demuestren lo que pretenden. Están equivocados. Hoy ocurre como en 1938 cuando el polígrafo fue inventado por Leonard Keeler del Departamento de Policía de Berkley, Estados Unidos, quien se apoyó en trabajos previos.
En los 83 años transcurridos desde su creación el sistema no ha cambiado salvo en el uso de sensores más fiables y la aplicación de las nuevas tecnologías mediante el procesamiento informático. En algunos estados de Estados Unidos se utiliza para la investigación policial y en otros es válido ante la Justicia siempre que exista un acuerdo entre el fiscal y el defensor y el consentimiento del investigado. Es complicada esa conjunción.
La realidad. Un breve recorrido histórico permite remarcar el fracaso del polígrafo o, si se prefiere, la falta de fiabilidad o de certeza. Hay un área que lo ha desacreditado y surge de las oficinas del sistema de inteligencia de Estados Unidos. Allí los fracasos se han acumulado, pero quedémonos con los dos principales.
A nadie le caben dudas de que ese país le presta una particular atención al espionaje. En algunos casos bordea la paranoia. Sin embargo, en el caso de Aldrich Ames, agente de contrainteligencia de la CIA, el polígrafo resultó inútil. Ante la sospecha de tener topos infiltrados entre 1985 y 1991 junto con otros agentes, la CIA sometió a Ames al polígrafo y lo superó: incorruptible y virtuoso. Como las filtraciones de información continuaban la CIA pidió la asistencia del FBI. Por los medios tradicionales sus agentes pudieron comprobar que Ames había trabajado como doble agente para la KGB de la Unión Soviética, primero, y a partir de 1991 de Rusia. Recibió por ello unos US$ 4,6 millones. Algunos agentes de la CIA señalados por Ames en la Unión Soviética fueron asesinados. Detenido en 1994 fue condenado a cadena perpetua tras negociar entrega de información para evitar la pena de muerte. A los 79 años continúa en prisión.
El otro caso es el de Ana Belén Montes, analista de asuntos cubanos de la CIA, a quien en 1997 el gobierno americano premió por servicios distinguidos. Tras el papelón del caso Ames la búsqueda de topos continuó mediante polígrafos digitales perfeccionados. Montes superó varias de esas pruebas, la última en 2001. Pero nuevamente investigaciones del FBI permitieron constatar que entre 1986 y 2001, mediante mensajes codificados, le filtró al gobierno cubano mucha información sensible. Confesó y dijo haber espiado por “razones morales”, ya que sentía “que los cubanos eran tratados injustamente por Estados Unidos”. Se declaró culpable y así evitó la pena de muerte. Fue condenada a 25 años de prisión sin acceso a medios de comunicación y prensa y con visitas restringidas. A los 64 años continúa encarcelada.
Sobre polígrafos, la realidad supera a la ficción.