FinCEN Files muestran cómo compañías uruguayas facilitaban sospechosos movimientos de dinero en paraísos fiscales

REDACCIÓN  
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Mientras estuvo abierta, Rabimix SA se promocionaba en su página web como una empresa de consultoría y auditoría contable. Ubicada en Zonamerica, promocionaba servicios como “aconsejar” sobre temas para “emprender inversiones” o construir sociedades anónimas. Nada de eso, a los ojos de los funcionarios del Banco New York Mellon, justificaba el movimiento de dinero de la cuenta de Rabimix en Islas Cayman. “Las transferencias sugieren” que esa empresa estaba proveyendo un servicio para “evadir las restricciones cambiarias” que regían en Argentina en ese momento.

Rabimix no fue la única compañía uruguaya que generó dudas en bancos norteamericanos. Las transacciones a nombre de empresas locales, algunas registradas en el Banco Central del Uruguay (BCU), son el centro de varios reportes incluidos en los FinCEN Files, una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), BuzzFeed News y 108 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos Búsqueda.

Esas compañías movieron dinero venezolano, de una sociedad que quedó vinculada a la “ruta del dinero k” y de muchos clientes argentinos en momentos en que el gobierno de ese país aplicaba restricciones cambiarias, según los documentos de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) filtrados a BuzzFeed News.

FinCEN Files incluye más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), en su mayoría presentados entre 2011 y 2017, que señalan transacciones por un valor de más de US$ 2 billones. Los SAR —denominados ROS en Uruguay— reflejan las preocupaciones de los encargados de controlar dentro de los bancos y no son por sí solos evidencia de una conducta criminal o una infracción.

Fachada del Banco Central del Uruguay

Intermediación

En los últimos 10 años, el BCU canceló la autorización para funcionar solo a tres intermediarios de valores (agentes de valores o corredores de bolsa) por motivos “esencialmente relacionados con severas observaciones” en su sistema de prevención de lavado de activos, informó la institución a través de su Departamento de Comunicación Institucional.

Dos de los tres, Mercantil Valores Agente de Valores y CBM Agente de Valores, aparecen en los FinCEN Files.

CBM, propiedad de argentinos, generó tres reportes de operaciones sospechosas de los bancos norteamericanos que intervinieron como corresponsales en sus transacciones, según los FinCEN Files. Entre setiembre del 2013 y el mismo mes del 2014, esa compañía uruguaya movió casi US$ 50 millones que provocaron dudas.

En uno de los reportes, los encargados de controlar advirtieron que el origen de los fondos transferidos “parecen salir de Argentina, hacia EE.UU.”, donde eran depositados en una cuenta de la financiera, y después volvían a salir al Reino Unido, Suiza o a otros negocios no relacionados en EE.UU. “Esta actividad no es consistente con el de una compañía de inversión”.

El 30 de marzo del 2016, el BCU uruguayo cerró CBM. En su resolución, describió que la compañía usaba “personas jurídicas vinculadas para manejar fondos de clientes respecto de las cuales se desconoce los beneficiarios finales, la utilización de fondos de clientes para cubrir cuentas de otros clientes y la realización de la operativa del giro a través de terceros que actúan en otra jurisdicción sin autorización previa”.

La actividad de otra empresa autorizada por el BCU, Sekoia Agente de Valores, también aparece en un SAR. El banco New York Mellon reportó como sospechosas operaciones que realizó entre marzo y abril del 2014, en su mayoría giros enviados y recibidos desde Caledonian Bank Limited, en Islas Cayman. En particular el envío de 45 transferencias por US$ 5.929.310 y la recepción de 220 transferencias por US$ 12.400.317. “De ellas, muchas en cifras redondas altas y en dólares”, dice el reporte, y menciona que algunas transacciones fueron a paraísos fiscales. “Podría estar actuando como un servicio de dinero para terceros”, dice.

Consultadas al respecto, autoridades de Sekoia, que es propiedad de un argentino, dijeron que la empresa está regulada por el BCU y cumple con los “procedimientos de prevención de lavado de activos”. En cuanto a los reportes en poder del FinCEN, respondieron que “son confidenciales” por lo que no podían “emitir ningún tipo de información a terceros”.

A través de su Dirección de Comunicación Institucional, el BCU dijo que “los intermediarios de valores (corredores de bolsa y agentes de valores) tienen dispuesto por ley un objeto exclusivo, que consiste en la intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública y privada. En el desarrollo de dichas actividades pueden recibir y enviar transferencias de fondos desde y hacia el exterior”.

En cuanto a algunas transferencias descriptas en la consulta, que hicieron saltar las alarmas en los bancos norteamericanos y refieren a movimientos de dinero en el exterior, el BCU respondió que “no se recibe información sobre las transferencias que realizan las entidades supervisadas en el exterior (como se afirma, habría sido en este caso, desde una cuenta en un banco en el exterior, a otra cuenta en otro banco en el exterior)”.

Buena parte de las transacciones que aparecen en los FinCEN Files relacionadas con compañías uruguayas coinciden en el tiempo con la restricción cambiaria que instaló el gobierno argentino entre 2012 y 2016.

En 2013 el Banco New York Mellon reportó 78 operaciones sospechosas por un total de US$ 8.048.145 por parte de Rabimix SA, una compañía que tenía oficinas en Zona Franca y, hasta su cierre, ofrecía servicios contables. “Las transferencias sugieren que Rabimix está actuando como un proveedor de servicios de dinero y quizás esté envuelto en transacciones diseñadas para evadir las restricciones cambiarias argentinas”, dice el informe.

El SAR describe algunas características de las transferencias que las volvían sospechosas. “La información mínima encontrada sobre Rabimix era inconsistente con la actividad de las transacciones reportada, lo que sugiere que Rabimix está actuando como un proveedor de servicios de dinero, de modo que el cliente ordenante de la transacción o el beneficiario final no pueden ser verificados”, detalla.

Búsqueda y el equipo argentino del ICIJ —integrado por Perfil, La Nación e Infobae— consultaron al BCU si entre 2012 y 2016, período en el que rigieron restricciones cambiaras en Argentina, Uruguay aplicó medidas para intentar evitar su vulneración. La Dirección de Información Institucional respondió: “La aplicación de las restricciones cambiarias en Argentina no impone obligaciones a nuestro país. No hubo ningún tipo de coordinación respecto a las restricciones cambiarias impuestas por Argentina”.

Venezuela

El BCU detectó que había problemas con la empresa Mercantil Valores Agente de Valores después de una inspección desarrollada en octubre de 2014. La Superintendencia de Servicios Financieros encontró que “todos los clientes de la entidad operan en sus cuentas por montos altamente significativos, sin que se cuente en la mayoría de los casos con información suficiente que permita determinar y comprobar el origen de los fondos manejados en las mismas”. De hecho, según una resolución del banco, “no existía evidencia” de que Diego y Sergio Marynberg, dos argentinos titulares de la financiera, “fueran efectivamente los beneficiarios finales en siete cuentas de las cuales declaraban”.

Antes de que las autoridades uruguayas realizaran esa inspección, el movimiento de dinero de uno de los clientes de Mercantil Valores había generado dudas en EE.UU. La financiera recibió US$ 10 millones desde una cuenta de Sarleaf Limited, creada en 2012 para “proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela”, según el reporte de operación sospechosa elevado al FinCEN.

Sarleaf obtenía fondos millonarios del gobierno venezolano por la construcción de viviendas populares en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda. Un proyecto que no está relacionado con las casas prefabricadas uruguayas.

Uno de los directores de la compañía de Ceballos era Marcelo Ramos, socio de Juan Pedro Damiani en Europa hasta que se conoció públicamente su presunto vínculo con la “ruta del dinero k”.

Sede de la Conmebol. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Hasta la Conmebol.

Con dirección en un apartamento en Punta Carretas, Eternal Sure Limited se presentaba en su web como una empresa especializada en proveer “un amplio rango de servicios a importadores y exportadores en el área industrial y del agronegocio”. Esa descripción, sin embargo, no estaba en línea con el movimiento de dinero de sus cuentas bancarias, lo que desató varios reportes de operaciones sospechosas.

El Standard Chartered detectó que en los primeros siete meses del 2012 la empresa recibió pagos de varias entidades con cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Uruguay, Panamá y Canadá.

Las 58 transferencias que salieron de su cuenta en esos meses, según el reporte, hacían referencia a que se trataba de gastos personales como “ahorros para inversiones”, “inversiones” o “transferencias de fondos propios, ahorros personales”. Eternal Sure “estaría actuando como un intermediario/alternativo proveedor de servicios para facilitar el movimiento de fondos en favor de terceras personas”, dice el reporte.

Muchos de los clientes mencionados en el reporte eran argentinos.

En el reporte del 2012, el banco marcó como sospechoso el envío de US$ 816.800, divididos en cuatro transferencias, a una cuenta a nombre de Helvetic Services Group SA, cuya dirección era la misma del estudio JP Damiani & Asociados. Dos años más tarde, Helvetic quedó en el centro de la “ruta del dinero k” y el bufete uruguayo rompió relaciones con el director de la compañía, el argentino Marcelo Ramos.

En el marco de la investigación FinCEN Files, Búsqueda detectó dos clientes más de Eternal Sure, ninguno de ellos relacionados con el rubro comercial o logístico que aseguraba tener.

En marzo de 2014, el estudio Damiani transfirió US$ 10.191 a través de Eternal Sure al bufete panameño Mossack & Fonseca para pagarle una deuda por sus servicios, según surge de los Panama Papers.

El otro cliente identificado es más inusual. En el “análisis forense” que elaboró para la Confederación Sudamericana de Fútbol en febrero de 2017, la consultora EY detalló algunos movimientos de dinero efectuados por el organismo “sin adecuado soporte documental respecto a los servicios recibidos y para las cuales” no se había podido “comprobar el motivo del pago”. En la lista, elaborada a partir de información incluida en el expediente de la Fiscalía de Nueva York, que investiga desde hace años la corrupción en el mundo del fútbol, aparecen varias sociedades anónimas que fueron utilizadas para pagar coimas.

En el análisis también hay dos transacciones a Eternal Sure ordenadas por el entonces presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout. Una transacción ocurrió en 2014 por US$ 116.436 y la otra fue en 2015 por US$ 110.000.

  • Recuadro de la nota

El  sistema de control deberá cambiar

FinCEN Files
2020-09-24T01:27:00