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    Fiscal pidió 24 meses de prisión para teniente general Mermot

    Las apreciaciones del teniente general retirado Raúl Mermot acerca de las diferencias entre tortura y apremios físicos podrían implicarle una condena de hasta 24 meses de prisión, que en su caso sería domiciliaria debido a que tiene 81 años.

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    El viernes 19, la jueza Blanca Rieiro deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal Pablo Rivas de condenar a Mermot por “apología de hechos pasados”, en el marco de un juicio llevado a cabo bajo la Ley de Prensa, que dispone que las actuaciones sean rápidas.

    Mermot, en calidad de presidente del Circulo Militar, realizó declaraciones el pasado 14 de abril con motivo del acto conmemorativo a los caídos en defensa de las instituciones.

    El teniente general había declarado, entre otras cosas, que “en lo personal nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay”.

    La denuncia por “apología de hechos pasados agravado por haberse ejecutado a través de medios de comunicación” y por amenazas contra el militar retirado fue realizada por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig y el militante Sandro Soba a partir de versiones de prensa de las declaraciones realizadas por Mermot.

    El fiscal penal Rivas, de 21­er turno, descartó el delito de amenazas pero acogió el de apología y solicitó la pena máxima prevista por el Código Penal, que en este caso es de 24 meses. 

    La defensa, a cargo del abogado Andrés Ojeda, solicitó en la audiencia, que se realizó ayer miércoles en la sede ubicada en la calle Juan Carlos Gómez, que se rechace la acusación y se absuelva al ex comandante del Ejército. En caso de que se le condene pidió que sea sin prisión o con prisión domiciliaria.

    A pesar de que la ley dispone que, al tratarse de un juicio por un presunto delito de prensa la audiencia debe ser pública, la jueza Rieiro no habilitó el ingreso de otras personas además de los denunciantes, el denunciado y los defensores.

    El fiscal y la jueza interrogaron a Mermot, que confirmó las declaraciones pero negó defender la práctica de torturas o apremios. De todas formas, el representante del Ministerio Pública ya tenía redactado e impreso el pedido de condena.