Fiscal pidió procesamiento del gestor que operó para el plan de viviendas del PIT-CNT con aval de Juan Castillo y Marcelo Abdala

Durante la investigación penal, que se realizó en varias sedes porque una de las denuncias se presentó en un juzgado de Crimen Organizado, se estableció que Milton Díaz actuó como representante del PIT-CNT y solicitó adelantos de dinero que utilizó para su provecho utilizando como carta de presentación un acuerdo marco firmado entre el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la central sindical para facilitar que trabajadores con “ingresos medios” accedieran a una vivienda propia.

El “jefe” y el “empresario”.

Abdala, que actuó como principal impulsor del PVS, dijo el miércoles 15 en “El Observador” que el pedido de procesamiento “no es para un dirigente del PIT-CNT sino para un empresario”.

Sin embargo, el programa impulsado desde el sindicato metalúrgico Untmra, donde los comunistas son mayoría, recibió fuertes críticas dentro del propio movimiento sindical y no contó en sus inicios con el respaldo del sindicato de la construcción (Sunca) ni de la federación de cooperativas de vivienda (Fucvam), con la cual quedó dañado un vínculo estratégico.

Luego que Búsqueda informó, en octubre de 2013, acerca de irregularidades en el PVS, el PIT-CNT decidió intervenir el programa aunque públicamente se defendió de una “campaña mediática” y emitió una declaración donde afirmó que “claramente hasta el día de hoy (...) no ha existido dolo ni corrupción de ningún tipo por parte de ningún miembro de la Comisión de Vivienda de nuestro PIT-CNT”.

El testigo que declaró desde Asunción, poco antes de morir, sostuvo que los sindicalistas lanzaron “una parafernalia de supuesta autocrítica que no pone de manifiesto a los verdaderos autores”.

Otras fuentes consultadas por Búsqueda dijeron que en el Partido Comunista (PCU) se habían hecho serias advertencias sobre los operadores Díaz y Charlo.

“¿Cuándo nos íbamos a enterar de esto?”, le preguntó el dirigente de la bebida Richard Read a sus colegas del Secretariado Ejecutivo luego de recibir el informe de la Comisión de Vivienda Sindical elaborado por su responsable, Eduardo Burgos.

Burgos fue sustituido por otro comunista, Juan del Valle, y además, explicaron las fuentes, los dirigentes de todas las tendencias decidieron cerrar filas.

Ayer miércoles 15, luego que se supiera que Díaz podría ir preso, Abdala sostuvo en conferencia de prensa que “muchos medios dieron información falsa para ensuciar la imagen de la central”.

‘’No está afiliado, no tiene ningún vínculo con el movimiento sindical y, menos aún, es un dirigente sindical. Esa afirmación, que circuló en los medios, es falsa’’, dijo el secretario general Abdala acompañado del presidente Fernando Pereira y el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos.

Según Abdala, ellos ni siquiera fueron convocados por la Justicia, aunque el propio dictamen del fiscal Reyes cita sus declaraciones de fojas 94 a 103 del expediente.

Los empresarios afectados Susana Nicodella, de Rocha, y Juan Pablo Croce, de Tacuarembó, habían contradicho a los dirigentes sindicales. En setiembre de 2015, Croce declaró al semanario “Crónicas” que Díaz se refería a Abdala como “el jefe” y que los contratos estaban firmados por Burgos, su brazo derecho, en papel membretado de la central.

Ayer miércoles, después de declarar que no conocían a Díaz y quejarse que “la central no tiene nada que ver y es la primera que aparece en los titulares”, Abdala explicó que el PVS “está vivito y coleando” con 246 cooperativas en funcionamiento de las cuales 27 están ya en obra.

Las denuncias afectaron no solo a los sindicatos sino también al Frente Amplio. Uno de los testigos contó que el empresario de Tacuarembó, que también entregó dinero para el PVS, a la vez financió la campaña del comunista Castillo como candidato a la presidencia del Frente Amplio.

Según este testigo, a pedido del ahora acusado por la Fiscalía de apropiación indebida, este empresario del transporte que quería invertir en el PVS entregó cheques por valor de unos 30.000 dólares a nombre de tres canales privados de televisión que emitieron propaganda a favor del actual director de Trabajo.

“No puedo confirmar ni desmentir que fue así. Las finanzas de mi campaña las lleva el Partido Comunista”, declaró Castillo a “El País”. Y agregó: “No es ilícito hacer aportes a la campaña de un candidato”.

Para el abogado Gustavo Salle, que patrocina a la empresa española damnificada, se trató de una “estafa” hecha en “un contexto de actuación polisubjetiva” del cual es corresponsable el economista Polgar.

Según Salle, el BHU no podía haber firmado un convenio con el PIT-CNT porque este carece de personería jurídica.

Fuentes del banco, sin embargo, indicaron a Búsqueda que no se trato de un contrato sino apenas un acuerdo marco que además contó con el respaldo del Directorio y de los asesores jurídicos de la institución y que estos nada tienen que ver con el presunto delito.