“Claramente podemos determinar que los denunciados han constituido una alianza tendiente a adquirir y proteger activos que se han adquirido con fondos obtenidos de forma ilícita” y “se observa claramente un modus operandi, ya que las mismas personas integran varias sociedades cuyo denominador común es precisamente evitar que los bienes adquiridos sean alcanzables por acciones judiciales, tendiendo a ocultar el origen de los fondos”, se lee en la denuncia admitida por Procelac.
Moyano, el abogado de los denunciantes, está especializado en Derecho Internacional Privado y es miembro de la Association of Certified Fraud Examiners. Sus clientes invirtieron en el Grupo Velox más de 33 millones de dólares.
Luego de recordar que “todas las entidades del Grupo Velox están bajo liquidación judicial o declarada la quiebra”, el escrito manifiesta que “los liquidadores de estas entidades han determinado que los accionistas y directores de estas sociedades cometieron un fraude masivo de más de U$S 1.000 millones”.
La denuncia dice que los hermanos Juan, José y Jorge Peirano Basso “están bajo proceso criminal en Argentina, Uruguay y Paraguay. En el caso de Uruguay, están esperando el juicio oral y público. En el caso de Juan y José Peirano Basso, la justicia uruguaya ha concedido la extradición a la República del Paraguay. Y en el caso de José Peirano, (también) a Argentina”.
En particular, Juan Peirano Basso permaneció durante cuatro años en Estados Unidos, con pedidos de captura pendientes por parte de jueces de Argentina, Paraguay y Uruguay, empleando nombres falsos para residir en el país del norte. Fue capturado en Miami y recluido en una cárcel de esa ciudad. Luego fue extraditado al Uruguay, donde también fue a prisión. Actualmente se encuentra en libertad.
El abogado denunciante sostiene que la ex esposa de Peirano Basso “reside en la República Argentina y posee numerosos bienes”, entre los cuales menciona “varias propiedades en la provincia de Buenos Aires, en el country Martindale, que habría transferido a nombre de su hermano”.
Agrega que Vejo Mailhos “habría adquirido bienes también en la provincia de Córdoba y poseen, junto con su hijo, una propiedad rural en provincia de Buenos Aires de varios millones de dólares”.
Además, añade el escrito, Vejo Mailhos “ha constituido sociedades en la República, entre otros con Fernando Benjamín Menéndez (...), que serían vehículo para el ocultamiento de bienes procedentes de la estafa cometida en diversas jurisdicciones”.
Antes, el documento recuerda que Vejo Mailhos “está bajo proceso criminal en la República Oriental del Uruguay por los mismos hechos imputados a su ex marido” y que “fue condenada en la jurisdicción de las Islas Caimán por haberse apropiado indebidamente de la suma de U$S 30.500.000 del banco TCB, depositario de los inversores” que hicieron la denuncia.
El escrito incluye un listado de sociedades anónimas argentinas que presuntamente pertenecen a Vejo Mailhos, Juan Peirano Vejo y sus socios argentinos: Mil Amores SA (constituida el 17 de junio de 2011 por los argentinos Menéndez y Sosa, y Vejo Mailhos), Doña Florentina SA (pertenecía al matrimonio Peirano-Vejo pero cambió su sede a la misma dirección de Mil Amores SA y el 23 de mayo de 2012 pasó a ser dirigida por Sosa y Menéndez), Agropecuaria San Felipe y Santiago SA (“se integra con Juan Peirano y su ex esposa”, entre otros, y “sería titular entre otros de un predio rural en la Banda, provincia de Santiago del Estero”), Los Chorrillos SA (identificada como perteneciente al Grupo Velox aunque “estaría siendo transferida a nombre de Vejo Mailhos, propietaria de un predio rural en la provincia de Tucumán, donde se explota un hotel”), Cubos del Sur (una sociedad de Juan Peirano “que se habría transferido a varios miembros de la familia y que sería vehículo para la adquisición de otros inmuebles en Capital Federal) y Agropecuaria El Cimarrón SA (“pertenciente a Juan Salustiano Peirano Vejo” y su esposa, “constituida el 14 de junio de 2010 y que sería titular de un inmueble sito en provincia de Buenos Aires valuado en varios millones de dólares”).
“Todas estas sociedades han sido vehículo para la adquisición de bienes inmuebles con fondos estafados en las Islas Caimán y ocultos a las varias jurisdicciones donde están bajo proceso criminal”, dice la denuncia.
Según la información presentada a la Procelac por el abogado de los antiguos ahorristas, “no se conoce actividad comercial o profesional alguna de la Sra. Letizia Vejo Mailhos” y “todos los bienes mencionados fueron adquiridos luego de la caída del Grupo Velox”.
Los denunciantes afirman que Juan Salustiano Peirano Vejo “sería el nexo” entre sus padres. Peirano Vejo “posee ciudadanía norteamericana y facilitó en su momento la obtención de la residencia (permamente) de su padre (green card), trámite que fue rechazado cuando se advirtiera el ocultamiento de datos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
De acuerdo con el escrito, Juan Peirano Basso, “mientras se encontraba prófugo de la justicia argentina (a la cual aún no se ha sometido), uruguaya y paraguaya, montó un esquema de lavado de activos a través de testaferros y sociedades” que “incluiría a su ex esposa y a su hijo mayor”.
Los denunciantes aseguran que los argentinos Menéndez y Sosa “están al tanto de esta situación” porque “fueron informados” de los hechos por una de las ex ahorristas del TCB, Elba Estévez Losino. “Desde ese momento, no han contestado nuestras numerosas llamadas telefónicas y se han ocultado, negándose a mantener contacto alguno”, afirma Moyano.
El primer extraditado.
Hasta ahora la historia registra varias extradiciones de Uruguay a Estados Unidos pero solo una viceversa. El primer y único caso de un ciudadano uruguayo extraditado desde Estados Unidos es el de Juan Peirano Basso, cuyo grupo económico tuvo hasta el 2002 sede en Buenos Aires y ramificaciones en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos e Islas Caimán.
El Grupo Velox controlaba, entre otras compañías, el Banco Alemán de Paraguay (desde 1983), el TCB (desde 1988), el Banco de Montevideo (desde 1991) y el Banco Caja Obrera (desde 2001). También tenían acciones en Cambio Guaraní, en la Administradora de Fondos Guaraníes y la Financiera Parapití (Paraguay), en la cadena de supermercados Disco (Argentina) y en las empresas Techint y Siderar (Argentina), en los supermercados Santa Isabel (Chile y Perú), en las financieras Finanbras (Brasil) y Banlatin (Brasil y Chile), en Velox Casa de Cambios (Estados Unidos), en Unión Capital AFAP, en los cambios Indumex y Tansi, en la empresa de transportes COT, en la terminal de ómnibus Tres Cruces, en el shopping de Salto y en el free shop del aeropuerto de Laguna del Sauce (Uruguay).
Los hermanos Jorge y Juan Carlos Peirano Facio habían gestionado sus negocios familiares hasta 1997, año en el que Jorge Peirano Facio se apartó.
La gestión del Grupo Velox quedó a cargo de los hijos varones de Juan Carlos Peirano Facio, en especial de Juan, el mayor.
La extradición fue la culminación de un proceso que comenzó en febrero de 2002 cuando comenzó a quedar al descubierto que los bancos Montevideo y La Caja Obrera, propiedad del Grupo, no podrían afrontar la corrida que había comenzado a inicios de ese año y luego de que el Banco Central, en forma tardía, exigiera que los Peirano pusieran, en un plazo no mayor a 20 días, 45 millones de dólares y garantías reales para cancelar préstamos que el Banco de Montevideo había otorgado a Juan Peirano, a Velox Investment Company y al TCB.
Luego de cumplidos los plazos otorgados por el BCU, este dispuso la intervención de ambos bancos uruguayos.
El derrumbe del grupo terminó con Jorge Peirano Facio y sus hijos José, Jorge y Dante procesados el 8 de agosto de 2002 por el juez penal de octavo turno, Pablo Eguren. Juan se fugó con rumbo desconocido y permaneció oculto en Estados Unidos hasta el año 2006.
Peirano Facio, que había sido ministro del ex presidente Jorge Pacheco Areco, falleció en prisión, los tres hermanos cumplieron prisión y continúan encausados, mientras que Juan Peirano, luego de irse de Buenos Aires, vivía en el 327 Fairway Drive de Clarksville, Tennessee, Estados Unidos, en la casa de su amigo argentino Edward R. Rufo.
En los bancos y en otros registros federales de ese país, el ex jefe del Grupo Velox figuraba como John P. Basso o Vasso.
El 19 de mayo de 2006, las complejas gestiones emprendidas desde Uruguay por la jueza Graciela Gatti, la Cancillería uruguaya y el BCU dieron sus frutos y Peirano fue arrestado por agentes de Migración mientras hacía una sobremesa en el apartamento 619 del edificio Gables Grand Place, en Coral Gables (Miami).
La primera orden de captura de Peirano se había producido 45 meses antes, el 9 de agosto de 2002. La detención en Miami reavivó los pujos de algunos ahorristas para recuperar su dinero.
A pesar de que gestiones ante la justicia estadounidense llevadas a cabo por ahorristas individuales y sociedades radicadas en Uruguay, Paraguay y Argentina no dieron los resultados esperados, estos continuaron buscando formas legales.
Fuentes del foro consultadas por Búsqueda indicaron que, además de las prescripciones, como la reextradición no es posible según las normas uruguayas, Juan Peirano no deberá responder ante la justicia paraguaya ni argentina.
No obstante, la Procuraduría argentina que ahora investiga el caso podría iniciar un juicio penal por lavado y asociación ilícita contra los demás denunciados.
Contratapa
2015-04-16T00:00:00
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