Fiscalía de Corte, un fierro caliente

Cuando la fiscal Gabriela Fossati toma decisiones (poco importa sobre qué), o los investigados o sus abogados formulan declaraciones (tampoco importa sobre qué), los militantes saltan al ruedo para ganar titulares. La Mesa Política del Frente Amplio acaba de sostener que “el caso Astesiano es la trama de corrupción más importante que atraviesa nuestro país desde la recuperación democrática”. ¿Amnesia o inmoralidad?: inmoralidad.

En 2021 la Suprema Corte de Justicia confirmó las condenas por abuso de funciones del exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia por un falso aval otorgado a la empresa española Cosmo para que ofertara en el remate de aviones de la ex-Pluna. “Medió una llamada telefónica” de Lorenzo a Calloia, quien, sin intervención del directorio, tomó la decisión. Ambos fueron procesados por abuso de funciones. La maniobra le causó al Estado uruguayo y a toda la población pérdidas millonarias, dice el fallo.

En marzo del año pasado el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya fue procesado por tres delitos de abuso de funciones. La Suprema Corte de Justicia lo inhabilitó por tres años para ejercer como abogado.

En 2021 el exvicepresidente Raúl Sendic fue condenado por abuso de funciones y malversación de dinero público en Ancap. Antes mintió sobre tener un título universitario cubano que ni siquiera existe en la isla.

En todos los casos los hechos ocurrieron con el conocimiento de los principales gobernantes frenteamplistas encabezados por los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica.

También hubo corrupción blanca y colorada. Los casos más notorios fueron por la venta del Banco Pan de Azúcar (5 millones de dólares), la quiebra y disolución del Banco Montevideo (800 millones de dólares), abusos de funciones en OSE, el Banco Hipotecario y el Banco de Seguros.

El triunvirato no está descartado y al principio el expresidente Julio Sanguinetti, sin demasiado entusiasmo, dijo que no era una mala idea. Otros diputados colorados coincidieron. En Cabildo Abierto se sumaron porque de lo contrario saben que quedarán afuera. Con un triunvirato seríamos el único país del mundo con tres titulares al frente de la FG. En el resto del globo son individuales. Sería flechar partidariamente una de las patas del sistema de la Justicia penal para que opere en función de los intereses de quienes lo definan.

El colmo de la estupidez lo lanzó hace unos días la abogada Graciela Mendoza, quien, racista, descalificó a Willian Rosa, el presidente del gremio de fiscales, por ser de raza negra. Lo definió de “primate” por haberse manifestado en contra del triunvirato. Imposible saber a quién le hizo el mandado, pero cuando intentó justificar que no fue una expresión racista dijo que pretendió señalar que Rosa no había evolucionado en el sistema de designaciones a la FG. ¡Pobre tipa!

La Constitución establece que el titular debe ser propuesto por el presidente de la República. Si se decide antes del 1º de marzo de 2025, será Luis Lacalle Pou. De lo contrario, le corresponderá al presidente que lo suceda. Por eso el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien pretende presidir el país a partir de marzo de 2025 y que por ahora le saca algunos cuerpos a Carolina Cose, observa a la distancia que el de la FG es un fierro caliente. Quiere evitar la responsabilidad (y la confrontación previa) de tener que proponer al próximo fiscal de Corte si llega a ser presidente. Por eso intenta arrinconar a Lacalle Pou. En su columna de Radio San José remarcó que el presidente “es mano” para tomar esa decisión.

Como si hubiera plazos señaló: “Ya van tres años de este gobierno y esto no se terminó de resolver. Ni siquiera se puso sobre la mesa. Alguien podrá decir: ‘Esto es de todos los partidos’. ¡No, no, esto lo tiene que plantear el presidente! Estos temas los tiene que plantear él para lograr acuerdos con el sistema político. Y no ha pasado absolutamente nada”. El precandidato frentista tiene claro que el actual fiscal interino, Juan Gómez, puede seguir en funciones hasta el 29 de junio de 2025, cuando cumpla 70 años. Sería tres meses después de que asuma un nuevo presidente.

Para definir un candidato seguro, Lacalle Pou, Orsi o el presidente que sea necesita el respaldo de los tres quintos de votos del Senado (19). Hoy el Frente Amplio tiene 13 senadores, el Partido Nacional, 11, el Partido Colorado posee 4 y Cabildo Abierto, 3. Para llegar a un acuerdo para un triunvirato el peso será de los mayoritarios. ¿Qué partido o sector admitiría quedar afuera de un eventual triunvirato en la Fiscalía de Corte aunque lo compensen con otro cargo?

Otro elemento para tener en cuenta y evitar esta complejidad es que el futuro fiscal de Corte pueda desempeñarse durante los 10 años constitucionales (casi dos gobiernos) o lo más cercano a ese lapso. Algunos nombres de fiscales citados como probables en los corrillos partidarios cumplen ese requisito: Enrique Rodríguez (nació el 31 de octubre de 1963), Carlos Negro (3 de mayo de 1965), Mónica Ferrero (18 de setiembre de 1961), Luis Pacheco (13 de febrero de 1967), Gilberto Rodríguez (26 de mayo de 1967) y Sandra Fleitas, la única que no es fiscal nacional (13 de febrero de 1967).

Debe quedar claro que la Fiscalía de Corte no es exclusiva para fiscales. Basta un título universitario en derecho. Puede ser un académico, un juez o un abogado de la matrícula. Para desempeñarlo es imprescindible aplicar adecuadamente el Código del Proceso Penal, actuar con equilibrio, rechazar cualquier presión y velar por los derechos de los ciudadanos. Nada más y nada menos.

Si la solución política fuera un triunvirato, los conflictos se multiplicarán varias veces y muchos serían insolubles. Estaremos peor que hoy, siempre negociando (o intentando hacerlo) políticamente por encima de lo jurídico.

Así nos va.