Fiscalía para Túpac Amaru

Veamos algunas interrogantes: ¿cómo y cuándo se elegirá al sustituto? ¿Hasta cuándo permanecerá el fiscal adjunto, Juan Gómez, al frente de la Fiscalía General de la Nación? Si Gómez enferma o muere, ¿quién lo subroga? Nada hay previsto. ¿Se haría por sorteo? ¿Es legalmente viable? ¿Podrá concretar el sistema político un acuerdo luego de la grieta que plantó la Ley de Urgente Consideración? ¿Políticos y juristas están dispuestos a abandonar manipulaciones ajenas a un código que terminó con un proceso medieval? ¿Algún crítico del Código del Proceso Penal (CPP) se atreverá a presentar un proyecto sustitutivo?

En otro asunto el juez de Paz de Fray Bentos, Javier López Portillo, estableció por sentencia que en un caso de abuso sexual existió la “dudosa preparación” de un niño mediante “instrucciones dadas por la Fiscalía (Ana Monteiro)”.

Parecen copia de guiones de TV: los fiscales son los “buenos” que por cualquier vía buscan encarcelar a una persona para defender al ciudadano y los abogados los “malos” por darle respaldo legal al investigado. Esta semana se sumaron críticas en Twitter de la fiscal adjunta penal Silvia Nípoli sobre las características físicas de la periodista Patricia Madrid. ¿El comportamiento adolescente se instaló en el Ministerio Público?

Nada de todo eso tiene que ver con el CPP. Son exabruptos personales con desbordes de poder que habrá que probar. Juan Gómez debe llegar hasta el hueso.

Quienes imaginan que ser fiscal general consiste en sentarse en el despacho, trasladar o ascender personal, tener chofer y viajar se equivocan. Debe bancar cuestionamientos, negociar presupuestos, administrar recursos y supervisar a 1.000 funcionarios y a 344 fiscales. La mayoría talentosos y estudiosos, pero otros mediocres y conspiradores.

Quien ejerza esa función —que el gobierno pretende por 10 años— tiene que aprender a decir “no” sin aspirar a que los subalternos lo quieran: el que manda, manda, y el que no, obedece. En caso contrario la tendrá muy complicada. A los problemas internos se añaden intereses externos, jurídicos y políticos, que solo se pueden afrontar con firmeza de carácter y espalda sólida. Díaz recordó en El País que desde que rige el CPP varios han tirado de sus extremidades, como los totalitarios españoles con el inca Túpac Amaru para descuartizarlo. Como no lo lograron, al inca lo seccionaron a hachazos y le cortaron la lengua.

Desde que en 2017 comenzó a regir el CPP se han colocado diversas barreras: que es inconstitucional, que los fiscales están sometidos a directivas de su jefe, que los acuerdos en procesos abreviados son arbitrarios. Es constitucional; lo estableció en 2018 la Suprema Corte de Justicia y lo mantuvo con otros recursos y diferentes integraciones. Es falso que los fiscales penales deban seguir órdenes de su jefe sobre casos concretos. Sus instrucciones son generales y no afectan su independencia. Ocurría lo contrario hasta el 5 de agosto de 2015, cuando la Fiscalía dejó de depender del Ministerio de Educación y Cultura (Poder Ejecutivo) para transformarse en un servicio descentralizado. Los críticos de ahora nada decían entonces. Tal vez porque les servía. La efectividad del CPP la demuestran las cifras. También es falso que es “prodelincuente”, que le ata las manos a la policía y que aumenta la inseguridad.

El CPP ha sido una gran herramienta para mejorar la transparencia y la persecución criminal y les dio más garantías a víctimas e investigados, salvo a quienes pretenden impunidad por comprar adolescentes, por gobernar con corrupción o por ser amigos de alguien.

Quien desde que rige el CPP pretendiera cambios debió gestionarlos por la vía correspondiente. Pero a nadie le ha dado el cuero. Solo berrinches, como en el recreo de la escuela.

La corporación de fiscales defiende que el futuro fiscal general sea de carrera. El trabajo de un fiscal —gestión solitaria ajena a vínculos políticos— de poco sirve. En el proceso de selección hay que tener en cuenta una advertencia de Díaz: “La próxima batalla será por el Ministerio Público y habrá quienes quieran transformar a la fiscalía en una especie de lanza para usarla políticamente”.

El CPP estuvo bajo debate académico y político desde 2005. En 2016 se aprobó por unanimidad. Después de 11 años muy poco hay para discutir, aunque todo puede ser perfectible. Habrá que ver si alguien se atreve a poner la carne sobre el asador o se limita al bla bla bla.

Parece útil —tal vez necesario— que antes de proponerle al Senado al nuevo fiscal general, el presidente de la República le pregunte si será capaz de soportar durante años que intenten descuartizarlo y cortarle la lengua.