Fiscalía y Poder Judicial buscan acordar reglas y protocolos para mejorar el interrogatorio a niños víctimas de abuso

Por eso, la forma en que se recoge el relato del niño es fundamental. Hablar de una situación dolorosa es difícil para un adulto, más para un niño. Hablar en una comisaría, en un juzgado, es intimidante, más para un niño. La Justicia tiene que minimizar el daño, asegurarle un entorno amigable, evitar que tenga que repetir muchas veces el mismo relato, explicarle lo que sucede en un proceso penal sin que se sienta responsable de que un familiar termine en la cárcel. En un escenario ideal, dicen los expertos, debería ser interrogado solo una vez, por especialistas que sepan cómo conducir la conversación para obtener la mayor cantidad de información sin sesgar sus respuestas. Pero eso no sucede.

La preocupación por mejorar en esta área es compartida. A iniciativa de la Fiscalía, la Suprema Corte de Justicia creó a fines del año pasado una comisión de trabajo –que integran Cavalli, Sampayo, la directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, Mariela Solari, y el ministro de apelaciones en lo penal José Gómez– para diseñar protocolos y reglas que pauten cómo deben hacerse los interrogatorios. La comisión se reunió por segunda vez el martes 15 y continuará trabajando hasta acordar un documento común para proponer a las autoridades. Sus integrantes planean sumar al equipo a representantes de la Defensoría Pública y del Colegio de Abogados.

“La idea de este grupo de trabajo es: dada la importancia que tiene la declaración del niño, buscar la forma de protocolizar las prácticas que se vienen haciendo desde el nuevo Código del Proceso Penal, que se vienen puliendo y mejorando”, explicó Sampayo. “Llevarlo a un protocolo que nos permita darle legitimidad, que esté acordado entre los operadores intervinientes, la Fiscalía, el Poder Judicial, las defensas de los imputados y de las víctimas”, añadió.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Lo deseable vs. lo posible

Arribar a un protocolo común no será sencillo. Principalmente, porque las situaciones de abuso sexual involucran dos procesos judiciales diferentes. Por un lado interviene el Juzgado de Familia Especializada, que se encarga de tomar medidas de protección urgentes. Por ejemplo, ordena al presunto abusador que se retire del hogar y mantenga distancia del niño. Por otro lado, si hay presunción de que se cometió un delito, tiene que intervenir la Justicia penal (aunque la comunicación de Familia a Penal no siempre es rápida, y puede ocurrir que el delito no llegue a investigarse). En este caso la investigación la conduce la Fiscalía, y el objetivo es determinar si hay pruebas para pedir la condena del denunciado.

“Lo ideal sería que el niño declare solo una vez para ambos procesos”, explicó Cavalli. Pero eso es difícil de llevar a la práctica, porque en el proceso de Familia se necesita escuchar su testimonio rápidamente y los niños son muchas veces interrogados por los propios jueces. En cambio, como el proceso penal requiere un estándar de prueba muy alto para condenar a una persona y la investigación lleva tiempo, no es necesario –ni deseable– que el niño declare enseguida. Conviene esperar a que se sienta preparado para dar un testimonio claro y consistente. Porque de ello dependerá en gran medida la condena.

“Es muy fácil quebrar a una víctima de un delito sexual. Con toda la carga de la culpa, te llevo a un lugar formal, que ya de por sí es intimidatorio, donde a veces está el abusador, la familia… Si no logramos que sea un lugar amigable, es muy difícil que pueda declarar. Que se retracte es una posibilidad muy latente cuando las prácticas no son cuidadosas”, explicó la directora de la Unidad de Víctimas, que acompaña a niños y adolescentes en los procesos penales para que puedan contar lo que les pasó. El apoyo de la unidad alcanza incluso al entorno familiar, debido a que el impacto que este tipo de denuncias genera puede inhibir al niño de querer continuar el proceso. “La niña dice, ‘para qué hablé, mi madre está deprimida, mi padre se agarró a las piñas con mi abuelo... más vale cambio la versión’. Si no hay un apoyo a ese entorno, se nos cae”, dijo Solari.

“Una de las cuestiones que se va a trabajar en el protocolo, que todavía no sabemos cómo se va a zanjar, es evaluar si existe la posibilidad de que haya una sola declaración para ambos procesos”, explicó Sampayo. “Queremos trabajar sobre ese punto para poder ver si de alguna forma se logra trasladar la declaración de un proceso al otro”.

“Estamos todos de acuerdo en que es muy difícil de congeniar. En Familia tenés que tomar una decisión en horas, y en Penal necesitás tiempo para lograr una prueba de calidad”, agregó Cavalli. “De todos modos, estamos buscando la manera de lograr una mínima armonización entre los dos sistemas”.

Avances

Desde la Fiscalía reconocen que queda camino por recorrer, pero reivindican las buenas prácticas que han logrado consolidar desde que se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017. Especialmente gracias a la incorporación de la “prueba anticipada”, que habilita para los delitos sexuales (y otros casos) que se tome declaración previo al juicio “en un contexto de protección y seguridad”, explicó Sampayo. En vez de ir a una audiencia y declarar frente al denunciado y varias personas, la víctima declara en una sala donde solo está la persona que hace las preguntas, que antes fueron propuestas por las defensas y aprobadas por el juez. Los demás presencian el interrogatorio de forma remota. Además, en los casos de menores de edad, pueden estar junto a un “acompañante emocional” –que puede ser una amiga o familiar, un psicólogo o un técnico de la Unidad de Víctimas– que le dé seguridad, aunque no puede hablar ni incidir en las respuestas.

“Antes era muy difícil conseguir una condena en estos casos”, afirmó Sampayo, mientras que ahora es “mucho más frecuente”. El mayor éxito lo atribuye al trabajo de apoyo y preparación de las víctimas y al uso de la prueba anticipada. “Es notorio el avance”, coincidió Solari. “Hoy mínimo una vez por semana te estás enterando de una condena importante por delitos sexuales”.

Pese a los avances, la Fiscalía aspira a que todos los pasos estén claramente protocolizados para que las buenas prácticas se extiendan a todos los juzgados. Por ejemplo, uno de los puntos que quieren incluir en el protocolo es que deba fijarse un horario para la audiencia en la que las partes debatirán las preguntas para la víctima, y otro horario para que la víctima declare. Generalmente son convocados a la misma hora, y la discusión previa puede prolongarse por horas. Los técnicos de la Unidad de Víctimas llevan dibujos, galletitas y lápices de colores para entretener a los niños, pero esperar por horas en un contexto de angustia es duro y lo más probable es que después de eso la declaración “salga mal”, explicó Solari.

Otro punto que se busca especificar en el protocolo es que la prueba anticipada se puede tomar en cualquiera de las etapas previas al juicio oral. Hasta el día anterior. “Eso no está claro en todos los operadores”, dijo Sampayo.

Aceitar el trabajo entre el proceso de Familia y el Penal puede tener otras ventajas, además de preservar el relato del niño. Hoy, cuando la denuncia se realiza en Fiscalía, de inmediato se comunica al juez de Familia para que tome medidas de protección. Pero eso no sucede a la inversa, cuando el proceso comienza en el juzgado. “Hay casos que hace cinco años se denunciaron en Familia, se toma una medida de protección y queda ahí, ya está. Pero para la víctima, si el tío sigue en la vuelta después de lo que pasó, es un mensaje de impunidad. Y también para quien abusó sexualmente, que tiene acceso a otras víctimas. Tenemos que seguir adelante con los procesos penales”, dijo Solari. “Esperamos que la comisión nos ayude a buscar caminos”.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS

Técnicos especializados

Un aspecto que para Cavalli es clave es la especialización de quienes se encargan de interrogar a los menores. Hoy el Poder Judicial no cuenta con funcionarios especializados ni “adecuadamente formados” en esta tarea, señaló. En consecuencia, el juez de Familia debe adoptar medidas de protección con base en lo que declaran los denunciantes o en informes de especialistas que presentan los partes. Así, a veces las personas denunciadas quedan impedidas, por meses y a veces por años, de ver a sus hijos, sin elementos suficientes, lo que “provoca el descreimiento del sistema de Justicia, que es acusado de guiarse por ideologías o ser parcial a favor de las personas denunciantes”, explicó Cavalli. Si el abuso ocurrió y no se tomaron medidas, las consecuencias son “trágicas”. Pero si no se comprobó y las medidas de separación perduran, las consecuencias también son injustas y afectan al menor, indicó.

De ahí la importancia, insistió el ministro, de obtener un testimonio lo más libre posible. “El relato espontáneo de un niño, bien entrevistado, es una prueba de mucho valor, y tenemos que buscar la forma de preservar eso, porque es muy difícil determinar si en un caso hubo abuso. Y las consecuencias que tiene son devastadoras para muchas familias. Es un daño descomunal. Por eso es importantísimo hacerlo bien”, dijo Cavalli.

Eso solo puede lograrse, a su juicio, con un técnico formado en situaciones de abuso sexual.

En el proceso penal, quienes interrogan a la víctima durante la prueba anticipada son funcionarios judiciales conocidos como “receptores”, que debieron realizar un curso de capacitación. Para Cavalli, esa formación es “mínima” e “insuficiente”. Además, solo preguntan lo que fue acordado previamente por las partes.

La perito psiquiatra del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, Irene García, coincidió con Cavalli en la importancia de que el interrogatorio lo conduzcan personas especializadas. La especialista, exprofesora adjunta de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Rosell, hizo énfasis también en la necesidad de que se diferencien las distintas etapas: la toma del testimonio por un lado y la pericia por el otro. Aunque a veces pueden confundirse, el objetivo de ambas instancias es muy distinto, explicó.

“En la toma del testimonio debe obtenerse la máxima información posible con la mínima sugestión posible”, indicó. “En el mundo eso está protocolizado, cómo hacer la entrevista, cómo registrarla, hay instrumentos, y es importante que quienes lo hagan estén formados específicamente en eso”, añadió.

Una segunda etapa es la pericia, donde intervienen las psiquiatras de menores del ITF. En esa instancia se explora sobre el desarrollo cognitivo del niño, el lenguaje, la dinámica intrafamiliar, la relación con el abusador. “Deben estar bien diferenciadas”, reiteró. Sin embargo hoy, ante la ausencia de un interrogatorio previo, las pericias a veces terminan recabando información importante sobre lo sucedido y supliendo de algún modo el vacío.

García también consideró relevante que se establezcan protocolos claros para las instituciones que intervienen antes de la judicialización del caso, como los hospitales y las escuelas. Porque en esas instancias, donde a veces se detecta el abuso, también se le pregunta al niño y eso puede contaminar su relato. “Los estudios prueban que los niños son tan confiables como los adultos”, dijo, “si son interrogados de forma adecuada”.