Fomentando el desconcierto

Semanas atrás había anticipado la intención de actuar sobre el sistema de salud, que, como es notorio, ha exhibido en estos 12 años de gobiernos frenteamplistas algunos de los peores vicios del sistema político uruguayo: amiguismo, clientelismo, desorden administrativo, incumplimiento de normas del Tocaf, conjunción de interés público y privado.

Vázquez puso una cuota de dramatismo en sus palabras al advertir que “si no se toman medidas todos los uruguayos nos tendríamos que lamentar la ruptura de todo el sistema”, razón por la cual “para evitar males mayores se toman estas medidas”. Admitió que su gobierno podría “dejar correr” la situación y no hacer nada, pero señaló que de proceder así “esto va inevitablemente a la quiebra y no queremos que quiebre el sistema de seguridad social”.

Formuladas como fueron, si bien las expresiones del mandatario sugerían la idea de que el gobierno propondría una amplia reforma del sistema de seguridad social, su planteo se limitó a los dos temas aludidos que están a estudio del Parlamento.

En realidad, como destacó el domingo 19 a El País el expresidente del Banco de Previsión Social Juan Berchesi, la viabilidad económico-financiera del sistema previsional se vio afectada por “cambios aprobados por todo el Frente Amplio” durante el primer gobierno de Vázquez. A su juicio, “antes de hablar de nuevas reformas es necesario volver a administrar el BPS en forma profesional y dejar de usarlo como instrumento de clientelismo político”.

Por distintos motivos, la mayoría legislativa de la que dispone el oficialismo no ha podido despachar hasta ahora, siquiera en una cámara, ninguno de los dos proyectos sobre que le generan preocupación al mandatario.

Cualquiera diría que el presidente aprovechó el encuentro con los periodistas para pasar mensajes y tratar de “sensibilizar” a legisladores de su propia bancada. Iniciativas del Poder Ejecutivo despiertan frecuentes diferencias y cuestionamientos en la bancada del FA que traban y obstaculizan la gestión de la administración.

Nada nuevo, por cierto. En todo caso confirmatorio del “gobierno en disputa”, según la acertada definición que hiciera hace más de una década el exsecretario general del Partido Comunista Eduardo Lorier, premiado recientemente con el cargo de embajador en Cuba.

En el caso de la reforma de la “caja militar” las diferencias en el oficialismo son de menor porte, pero aun así la iniciativa, resistida por el sector castrense que anuncia su voluntad de recurrir su constitucionalidad, sigue en carpeta.

En el caso de los “cincuentones” el desconcierto es mayúsculo. Después de estudiar durante meses las complejidades del tema el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley redactado por el Ministerio de Trabajo. La iniciativa mereció severos —y razonables—cuestionamientos de la oposición, así como de respetados técnicos ajenos a la lucha política como el economista Álvaro Forteza. Y, curiosamente, del propio Ministerio de Economía en virtud del impacto negativo que su aprobación tendría en años venideros sobre las finanzas públicas.

Controversia que enfrenta a jerarcas y servicios del gobierno. ¡Ya nada sorprende!

 El BPS y el Ministerio de Trabajo por un lado y Economía por otro manejan estimaciones tan contrastadas que cuesta creer que unos y otros estén hablando de lo mismo y que sean parte de un mismo gobierno.

Realmente desconcertante. No solo porque son evidentes las consecuencias de esta falta de coordinación y desprolijidades que enfrentan a jerarcas gubernamentales que responden a sectores del FA que tienen visiones distintas y que disputan el rumbo a imprimir al gobierno. Sino además porque revela una falta de liderazgo del presidente de la República, que se origina en que la única prioridad que todos comparten es el objetivo de conservar el poder.

El país debe lidiar con un problema que no tiene solución a la vista en los próximos dos años, el horizonte de gestión de la actual administración. Pero además porque si el FA consigue en 2019 un cuarto mandato, la disputa se prolongará seguramente por otros cinco años más. Prolongar esta situación de desconcierto sería demasiado por lo cual, inevitablemente, se pagarán las consecuencias.

Es cierto que las diferencias internas se soslayan ante la potencialidad de una inversión tan excepcional para el país como la de UPM. Como lo destacó la semana pasada Claudio Paolillo en Búsqueda, a UPM se le conceden enormes beneficios y se compromete a resolver todas sus demandas operativas, incluso las que aseguren la normalidad laboral.

 Más diferencias surgen y se manifiestan públicamente cuando el directorio de UTE y el Ministerio de Industria quieren bajar la tarifa de la luz y Economía y la OPP se niegan y, por el contrario, consideran que deben aumentarse. ¿Por qué la diferencia?  Unos quieren bajar las tarifas de consumos que inciden en costos productivos y familiares. Otros quieren fortalecer la caja del Estado para poder demostrar el éxito del programa económico para abatir, como se prometió, el déficit fiscal.

La  disputa está ahí, siempre vigente. Como en el caso de la reestructura de la operativa del BROU, en la que el choque es con el sindicato y sectores políticos.

Esta semana la senadora Constanza Moreira se sumó al planteo del Partido Comunista, que pidió discutir en el Plenario del Frente Amplio el tratado de libre comercio con Chile. Su planteo procura sepultarlo en la orgánica frentista, como en su momento ocurrió con el TISA (servicios) con Estados Unidos, y ganarle la pulseada al presidente, al canciller y al ministro de Economía, que quieren una rápida ratificación legislativa.

Rumbo en zigzag. Todo dentro del mismo gobierno. Desconcertante y desolador.