Precisiones y otra alternativa. El jueves 6 de mayo el semanario Búsqueda publicó una entrevista al ministro de Educación y Cultura, quien volcó allí los avances en el plan del gobierno para otorgar el reconocimiento universitario a los títulos de formación en educación. En particular, la aplicación de los artículos 171 y 198 de la LUC.
Sobre el camino seguido por el gobierno ya he escrito señalando que estos artículos tienen serios cuestionamientos por su constitucionalidad, por la facultad de transferir recursos públicos al ámbito privado. Y he señalado que el procedimiento de reconocimiento del título universitario no es una buena solución, dado que aleja a la formación en educación del camino universitario y del sistema terciario en general.
El camino hacia el carácter universitario de la formación en educación seguido entre 2005 y 2019 no estuvo centrado exclusivamente en la creación de una institución como lo señala Da Silveira, todo lo contrario.
Alcanzaría con leer los documentos de esos años para observar que además de proponer la creación de una institución universitaria para la formación en educación, se impulsaron y desarrollaron transformaciones con el fin de avanzar hacia una formación universitaria.
El carácter fundacional de las palabras del ministro y de las acciones impulsadas por el MEC son una amenaza al desarrollo institucional y una afrenta al esfuerzo de cientos de docentes, investigadores y especialistas que trabajaron para formular los planes de estudio con sentido universitario, para transformar las condiciones de trabajo y acceso a la carrera docente a través de un nuevo Estatuto Docente, para impulsar la investigación a través de acuerdos con ANII y de un Programa creado a esos fines (Pradine) y para desarrollar la formación de postgrado con acuerdos con varias universidades, tanto en el marco de la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento Docente entre 2005 y 2010 como del CFE a partir de ese año.
Segunda precisión
El ministro reitera que el camino elegido es similar al que se utilizó para las instituciones terciarias privadas y la educación policial y militar obviando las claras diferencias con las instituciones involucradas en los tres casos.
En el caso de las instituciones privadas, Uruguay emprendió el camino de autorizarlas para funcionar como instituciones universitarias para reglamentar el Decreto-Ley 15.661 de octubre de 1984, que reconoce los títulos profesionales otorgados por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo.
En el caso de la educación policial y militar, se buscó un procedimiento que atendiera carreras que impartían instituciones no comprendidas por el Art. 202 de la Constitución de la República que indica que “La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos”.
Por otra parte, la aprobación de los sucesivos decretos reglamentarios —tanto para educación terciaria privada como para la educación policial y militar— fueron producto de debates, intercambios y acuerdos con las instituciones involucradas.
El caso de formación en educación es muy diferente, ya que se encuentra en la órbita de un consejo autónomo, lo que significa que con este procedimiento —aprobado sin debate ni acuerdos— el MEC asume competencias que deben recaer en consejos directivos autónomos como reza la constitución.
Tercera precisión
El ministro señala que los problemas en la formación en educación son “la calidad de los aprendizajes y la cantidad de estudiantes que se deciden por esta opción profesional”.
El primer problema lo abordarán, según él, con un cambio curricular. Sin entrar en la profundidad que merecería este tópico, sí convendría recordar que el CFE aprobó nuevos planes para la formación en educación que recogen las exigencias del sistema educativo con características universitarias de la formación: flexibilidad, creditización, semestralización, relación teoría–práctica y enseñanza–investigación, entre otras.
Estos planes fueron producto de un debate amplio y participativo de docentes y estudiantes del CFE y contó con la intervención de profesionales y especialistas nacionales y extranjeros. Se realizaron varios seminarios —no uno como va a realizar el MEC—, así como encuentros de docentes y estudiantes. Algunos de esos planes están en desarrollo, otros como los de profesorado y magisterio están a la espera de una nueva revisión que Codicen en 2020 encomendó al CFE.
Para el segundo problema se propone aplicar un nuevo sistema de becas y otros incentivos. El sistema de becas con altas exigencias para su renovación está vigente en el CFE, se otorgan alrededor de 2.500 becas al año y se podrían otorgar más si hubiera más recursos.
Otra vez el ministro prefiere ignorar y desconcer lo actuado para hacerlo a su manera porque las becas previstas en el Art. 171 de la LUC incluyen a las instituiciones privadas y pretende que los nuevos planes sigan las exigencias del MEC.
Otra alternativa
El ministro señala en la entrevista que entiende “totalmente legítima”, la “vieja demanda” de los sectores docentes de contar con una formación universitaria. Y agrega: “Si el actual gobierno presentara otro proyecto de universidad que no incluyera el modelo de cogobierno también fracasaría, porque el Frente Amplio no le daría los votos, por esta discrepancia sostenida en el tiempo”.
Esta es la premisa por la cual el gobierno se propone avanzar en el reconocimiento del MEC al carácter universitario de los títulos docentes. Pero ¿cómo sabe esto el ministro? ¿Se reunió con representantes del Frente Amplio? ¿Realizó las consultas necesarias para realizar esta afirmación? Rotundamente, no. La premisa parece ser más un pretexto para impulsar un camino ya elegido que una verdadera alternativa a un supuesto bloqueo.
Los artículos que facultan al MEC a seguir esta estrategia están sometidos a la Interposición del Recurso de Referéndum contra la LUC y seguramente serán sometidos al debate y a la decisión ciudadana.
Pero, sea cual sea la reoslución final, si existe acuerdo en que haya una institución universitaria para la formación en educación, es posible y necesario avanzar en esa formulación, superando la controversia sobre el gobierno del ente autónomo.
Un camino posible es mantener al momento de la creación del ente la actual integración del CFE (tres miembros designados, un docente y un estudiante electos por sus pares). Esta fue aprobada en 2010 y se avaló en la Ley 19.889, ¿por qué no podría mantenerse en la nueva institución, como fórmula de transacción y transición?
La tarea de la política es también hacer posibles, con una actitud de diálogo, los acuerdos que parecen difíciles. En la historia política uruguaya hay muchos casos de este tipo. Por ejemplo, en 1985 para que se aprobara una nueva Ley de Educación se acordó entre todos los partidos políticos quiénes serían los integrantes del primer Codicen, pero se postergó la forma de integración definitva. Los sindicatos de la educación, que formaron parte de ese proceso, permitieron el acuerdo absteniéndose. De esta forma, la Ley 15.739 se aprobó por unanimidad y fue en julio de 1990 con votos de blancos y colorados que se estableció el procedimiento para designar a las autoridades de Codicen, que rigió hasta 2008 cuando con votos frenteamplistas se establecieron nuevos procedimientos, cambiados a su vez en la LUC en julio de 2020 con mayorías del nuevo gobierno.
Quiere decir que puede haber acuerdos que permitan desbloquear la creación de una institución universtiaria para la formación en educación, sin desconocer las mayorías que democráticamente defina la ciudadanía. Esperemos que los actores políticos estén a la altura. La formación de docentes y educadores así lo requiere.
Maestro Luis Garibaldi
Exdirector de Educación del MECEl
