El ministerio tiene a su estudio dos denuncias sobre los clubes del Cerro de Montevideo: una de socios de Rampla y otra promovida por un grupo de Cerro. Además, a raíz de otra denuncia, el MEC intervino Basáñez y resolvió iniciar una nueva intervención en el club para completar uno de los propósitos pendientes. Mientras avanza en este rumbo, recibe otras tantas denuncias que exceden sus competencias. “Estamos inundados” de denuncias “últimamente”, dijo Galeotti.
Varias involucran delitos, por lo que deberían presentarse en Fiscalía. Otras refieren a asuntos contractuales. Por ejemplo, quienes gestionan el Parque Nasazzi solicitaron al MEC el mes pasado que intervenga luego de que la Directiva de Bella Vista rescindiera el contrato y por deudas. El ministerio respondió que no es su competencia, sino que es un diferendo contractual entre una empresa y una asociación, y lo debe resolver un juez civil. Galeotti considera que “hay mucha confusión” sobre lo que puede hacer la cartera y asume, ante ello, su cuota de responsabilidad. “La gente no está interpretando bien”, planteó, “o no enseñamos a la gente bien el alcance de las competencias de los organismos del Estado”.
El lío madre y el fantasma
El MEC aprobó en 2022 los estatutos de la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro), integrada por clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Clubes asociados —Peñarol, Liverpool, Wanderers, River Plate, Fénix, Cerro Largo, Progreso, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Villa Teresa, Rocha, Uruguay Montevideo, Juventud de Las Piedras y Rampla Juniors— reclamaron el 11 junio al MEC que intervenga para asegurar el “cese inmediato” de conductas “obstructivas, abusivas y dilatorias” por parte de la AUF. Este grupo pretendía organizar torneos profesionales de fútbol y gestionar sus derechos comerciales; la AUF se lo impedía. La resolución del MEC, que lleva la firma de Galeotti, es un mojón de esta gestión.
El director de Asuntos Legales del MEC define este choque entre la Lufpro y la AUF como “el lío madre”. En un expediente, “todo el tema de la guerra del fútbol”.
Galeotti sugirió el 19 de setiembre “exhortar a la AUF al reconocimiento de la existencia de la personería jurídica de la Lufpro y su funcionamiento”. Además, no hizo lugar al pedido de que el MEC intime a la AUF, por considerar que la organización de torneos y su venta es un asunto de “competencia” de la asociación civil, puesto que la Lufpro integra la AUF. Y por último instó a las partes a “conformar un espacio de negociación a fin de delimitar precisamente las competencia dentro del fútbol profesional uruguayo y proceder eventualmente a una reforma de estatutos de la AUF que refleje una nueva estructura organizativa”. El jerarca remarcó a Búsqueda que “esta es la línea del ministerio con respecto a la AUF: una línea bastante razonable, ponderada, mesurada”.
La cartera evitó así entrar “en el ámbito privado de una asociación civil privada, como la AUF, en cuanto a la organización de su propio campeonato”. Entendió que carece para ello de potestades.
“Ni al MEC ni a este gobierno les interesa ni pretenden dirigir el fútbol. Porque se nos ha acusado de eso”, dijo Galeotti. “No queremos ni podemos dirigirlo. Lo que pretenden este gobierno y el MEC es introducir una regularidad jurídica institucional objetiva, mínima, imprescindible en el funcionamiento de las asociaciones civiles que se mueven en el mundo del fútbol”.
En el camino hacia ese objetivo, aparece “el fantasma de lo que pasa en Argentina”. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, y el gobierno de Javier Milei están enfrentados. “El gobierno amenaza con intervención, denuncias judiciales y demás, y el Chiqui Tapia amenaza con lo que dice la FIFA, que es que, si intervienen, se suspende el fútbol y se acabó”, resumió Galeotti, que disipa ese fantasma: “Existe, es real el tema” de conversación “de recurrir a Conmebol o FIFA para suspender el fútbol uruguayo. Y al gobierno no le interesa la suspensión del fútbol uruguayo de ninguna manera”.
En 2018, la FIFA intervino la AUF por la falta de transparencia en sus procesos electorales y el incumplimiento en la actualización de estatutos. Al año siguiente, Ignacio Alonso fue electo presidente de la AUF y reelecto luego para el período 2023-2027. El año próximo habrá elecciones y, con el estatuto vigente, Alonso no puede buscar la reelección.
En cuanto al “lío madre“, “la AUF se impuso a la Lufpro”, resumió Galeotti. Es la que sigue organizando los torneos y negocia sus derechos comerciales. “En el medio se van produciendo batallitas dentro de la guerra del fútbol”. Los conflictos estatutarios se focalizan hoy en Peñarol, Cerro, Rampla y Basáñez. Los primeros dos tienen elecciones en diciembre.
Año electoral
Galeotti estima que hay 9.000 asociaciones civiles que deben tener sus estatutos avalados por el MEC. La Asamblea Representativa de Peñarol, que es el máximo órgano del club, aprobó en 2019 un nuevo estatuto. En 2025, el club negoció con el MEC su aprobación, pero el ministerio no lo hizo.
El presidente y todos los directivos del club pueden ser reelectos indefinidamente, según el estatuto vigente. El estatuto aprobado por asamblea en 2019 limita la reelección del presidente, pero el MEC rechaza que el resto de los directivos puedan ser reelectos siempre. Galeotti se reunió el año pasado dos veces con Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol, y dos más con otros directivos, pero no alcanzó una fórmula que convenciera a los dirigentes.
El “principio democrático” implica que “nadie pueda apropiarse y considerarse dueño de las asociaciones civiles o de su club”, que es, según Galeotti, “lo que pasa” cuando se permiten “reelecciones indefinidas”.
¿Por qué los legisladores pueden ser reelectos indefinidamente en la llamada casa de la democracia y los dirigentes de fútbol no? “Sabemos que no es lo más sano”, respondió el jerarca; “lo más sano para una democracia es que se renueve”.
Las negociaciones sobre el estatuto de Peñarol se postergaron para el año próximo. La situación de Cerro es diferente. A pesar de que hay elecciones en diciembre, el MEC acordó con el presidente del club y su directiva que renovarán los estatutos antes de las elecciones.
Un grupo de socios de Cerro denunció ante el MEC una serie de irregularidades: que no se los reconoce como socios, que se los ha excluido del padrón social, que la contabilidad de Cerro no se lleva de acuerdo con las normas, que los fondos del club entran a cuentas bancarias particulares de dirigentes. Galeotti dice que plantean cuestiones penales: estafa y apropiación indebida. Al estudiar la denuncia, la Dirección de Asuntos Legales del MEC descubrió que el club se rige por un estatuto del año 1940, compuesto por 12 artículos, que, según Galeotti, no cumple con las exigencias actuales.
Cerro está en una situación estatutaria “un poco compleja”, al punto que “hoy es el único club de Primera División que prácticamente no se rige por estatuto y absolutamente está fuera del control de la autoridad estatal”, que ejerce el MEC. “No se sabe cómo se conforma la directiva, ni quiénes son socios, ni quiénes votan, ni cuándo hay asamblea, cuándo hay elecciones. No se sabe nada” porque todo está regido por reglamentos internos del club, lo que posibilita “el oscurantismo”.
Galeotti intimó verbalmente a Cerro para que reforme su estatuto. Se reunió con el presidente del club, Alfredo Jaureguiverry, y con otros dirigentes el jueves 16. Los directivos se comprometieron allí a renovar su estatuto. “Vamos a esperar un plazo prudencial de unos 90 días a que Cerro pueda dar los pasos para la confección de un nuevo estatuto y convoque asamblea de socios”, dijo el jerarca. El MEC espera que se apruebe el estatuto antes de las elecciones de diciembre. En paralelo a este proceso, analiza lo denunciado por un grupo de socios.
En el otro club del barrio, Rampla Juniors, también hay conflicto. Socios pidieron la intervención del MEC luego de que la asamblea resolviera rescindir el vínculo con la sociedad anónima deportiva y que la directiva haya desconocido esta resolución. El ministerio está a la espera de una ampliación de la denuncia para luego darles traslado a las autoridades del club, quienes podrán presentar alegatos.
El cuarto club que está en la mira del MEC es Basáñez. A raíz de una denuncia, el ministerio intervino el club el año pasado con tres objetivos: la depuración del padrón social y la confección de uno nuevo, el ordenamiento financiero institucional y la convocatoria a nuevas elecciones. Este miércoles 29 terminó la intervención, que cumplió los dos primeros objetivos. Para cumplir el tercero, el ministerio iniciará en las próximas semanas una nueva intervención por seis meses. Si bien este caso comenzó sin desplazamiento de autoridades del club, el MEC luego resolvió desplazarlas porque no estaban “colaborando lo suficiente”.
Los interventores de los clubes son designados por el ministerio, pero sus honorarios son pagados por la institución. Suelen recibir la presión de los hinchas, de los socios, de la directiva. “Nosotros somos policía administrativa porque hacemos un control de legalidad y tenemos la potestad de imponer sanciones. Las sanciones están previstas expresamente en la ley: son observación, amonestación, multa y cancelación de la personalidad jurídica. Nada más. La intervención no es una sanción. Es una medida cautelar que pretende el reencauzamiento de la institución”, explicó Galeotti.
Para el jerarca, el hecho de que el MEC esté resolviendo estos conflictos es “una rémora” del pasado. Con la eliminación del Ministerio de Justicia, que tenía estos asuntos a su cargo, en la reapertura democrática, los temas vinculados a las asociaciones civiles pasaron a la órbita del MEC. El gobierno prevé crear en este período un ministerio de justicia y derechos humanos. Si el Parlamento aprueba la propuesta, la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales pasaría a la órbita de la nueva cartera.
