En la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara Alta entienden que el proyecto original, que comenzó a discutirse en 2021 y se votó en 2024, quedó desactualizado frente a los cambios en el entorno digital y no contempla varios riesgos que hoy están sobre la mesa. Por eso se decidió hacer un proyecto nuevo, en el que pretenden avanzar este año. Uruguay no tiene una ley sobre este tema.
Uno de los legisladores más activos en torno a la iniciativa es Daniel Borbonet, que el año pasado presidió la comisión. “No podemos aprobar algo que va a quedar viejo. No podemos legislar para la foto de hoy, tenemos que pensar en lo que viene, porque esto cambia todo el tiempo y los riesgos ya no son los mismos que hace unos años”, dijo a Búsqueda.
La discusión en la comisión se amplió. Ya no se centra solo en los contenidos, sino en cómo funcionan las redes sociales y las aplicaciones que usan los menores, en su modelo de negocios y en el nivel de responsabilidad que tienen sobre lo que ocurre dentro. También se mira el rol de la familia, el sistema educativo y el uso cotidiano de estas tecnologías.
Esa idea aparece en un documento, al que accedió Búsqueda, que Borbonet elaboró sobre el tema. Allí advierte que el problema no es solo lo que circula, sino cómo están diseñados estos espacios para captar la atención de niños y adolescentes. “Si lo que buscás es captar el interés del niño, independientemente del contenido, entonces sos parte del problema”, afirma el texto. Apunta a cómo están hechas estas aplicaciones, pensadas para que el usuario no se vaya. Para el senador, eso obliga a correr la discusión: “Ya no alcanza con mirar los contenidos o los delitos, sino cómo funcionan estas herramientas y qué buscan generar en quienes las usan”.
Ese cambio se apoya en lo que ya empezó a pasar en otros países. En su texto, Borbonet menciona fallos judiciales de Estados Unidos donde se responsabilizó a empresas tecnológicas por daños a menores no solo por el contenido, sino por cómo funcionan sus productos.
Uno de esos casos se dio el mes pasado en Los Ángeles, donde un jurado declaró culpables a Meta y YouTube por afectar la salud mental de menores en un proceso vinculado a la adicción a redes sociales. La demanda fue iniciada por una joven que aseguró haberse vuelto adicta durante su infancia. Las empresas deberán pagar 3 millones de dólares y el proceso sigue para definir posibles sanciones adicionales.
Este tipo de situaciones llevaron a la necesidad de un abordaje legislativo más completo del tema. “En la primera formulación del proyecto se hacía énfasis sobre todo en los delitos sexuales. Hoy es un abanico mucho más amplio”, explicó Borbonet. Agregó que algunas consecuencias derivadas del uso de estas tecnologías no son inmediatas. “Hay trabajos que muestran alteraciones en la salud mental, en cerebros que están en desarrollo”, sostuvo.
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La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología reunida en la Sala de Ministros del Palacio Legislativo, 12 de marzo de 2026.
Entre prohibir y regular
Uno de los puntos donde la discusión se vuelve más visible es el uso de dispositivos, sobre todo en niños más chicos. Borbonet evita ubicarse en un extremo. No habla de prohibición general, pero tampoco descarta límites. “Yo no tengo ninguna duda de que hay momentos en los que el niño tiene que estar desconectado”, afirmó. Y lo lleva a la vida diaria: “Hay horarios donde la familia debería apagar los celulares y volver a conversar”.
También mencionó experiencias en centros educativos donde se ve que restringir el uso mejora la atención y el aprendizaje. “Hay centros educativos donde han restringido el uso de celulares y encontraron mejoras en la atención y el aprendizaje”, dijo. Pero enseguida planteó la duda. “También es cierto que esos dispositivos se usan para aprender. Entonces, ¿es prohibir todo o regular en determinados momentos?”.
Otro eje de discusión es el rol de las empresas tecnológicas. En su opinión las plataformas deben tener “la obligación de minimizar riesgos”. Ahí surge uno de los problemas más difíciles de resolver: cómo controlar la edad de los usuarios. El Parlamento analiza sistemas que permitan verificar si una persona es menor sin exponer sus datos personales. “¿Es posible? Sí”, dijo Borbonet. Aunque aclaró el límite. “¿Hay 100% de seguridad? No”.
Ese margen de error, reconoció, condiciona cualquier regulación porque muchas de las medidas dependen de que ese control funcione. Y al mismo tiempo, advierte, hay que evitar que la solución termine causando más exposición de datos de los menores. “Antes se hablaba de reconocimiento facial. Eso abre la puerta a que las plataformas tengan información muy sensible”, advierte.
Una ley sin nombre propio
Borbonet está convencido de que el proyecto de ley que se impulse no puede tener dueño, “no puede ser la ley de fulano”. El trabajo, afirmó, debe ser “lo más amplio posible, con aportes de distintos sectores políticos y técnicos”.
En esa línea, el Senado prepara una jornada de trabajo con especialistas, organismos públicos, la academia, el sistema educativo y empresas. Se realizará este miércoles 29 a las 18 horas en el Palacio Legislativo con el título “Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales”.
“Hay que escuchar a todos. A los docentes, a la salud, a las familias, a quienes trabajan en tecnología”, señala. El objetivo “es evitar una ley cerrada en un grupo chico y ganar legitimidad”, agregó.
En paralelo, en la Cámara de Representantes se abrió otra línea de trabajo. El diputado Rodrigo Goñi impulsa una consulta pública sobre el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial en menores.
Borbonet valoró esos aportes y planteó la necesidad de integrarlos. “Hay varios proyectos, hay distintos trabajos, pero lo que está faltando es aunar esfuerzos”, señaló, y agregó que por la magnitud del tema “debería salir una sola ley construida entre todos”.
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Un adolescente sostiene un celular que muestra un mensaje de Instagram después de que su cuenta fuera bloqueada para verificar su edad en Australia en diciembre de 2025.
AFP
Una ley para lo que viene
El senador frenteamplista insistió en que el principal desafío es legislar en un terreno que cambia todo el tiempo. “Legislar sobre certezas es fácil. Legislar sobre incertidumbres es mucho más difícil”, planteó.
La comisión está mirando lo que se está haciendo en otros países como referencia. Australia, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido son algunos de los ejemplos donde en los últimos meses hubo leyes o restricciones.
Borbonet advirtió que no alcanza con copiar: “No es traer una ley de afuera y aplicarla tal cual”.
