Fotocopias y malos estudiantes

Las cosas por su nombre.

Veamos algunos aspectos:

Quienes fotocopien libros quedarán exentos de sanción penal. Podría significar la extinción progresiva de autores, editores, imprentas, diseñadores y empleados administrativos. Hay ejemplos terminantes en un área de producción intelectual poco conocida: el derecho. El catedrático Santiago Carnelli edita desde hace 46 años (un récord) el Anuario de Derecho Civil, una biblia para estudiantes, abogados y magistrados; cada texto de Derecho Procesal de Alejandro Abal Oliú, ex decano, le demanda tres años de trabajo y correrá la misma suerte. Hay decenas de autores en esa área: Gonzalo Fernández, Miguel Langón, Jorge Gamarra, Cecilia Fesnedo, Beatriz Scapusio, Juan Raso Delgue, Oscar Sarlo y Luz Calvo, entre muchos.

Proponer la fotocopia para uso personal sin fines de lucro es vago e impreciso. ¿Cómo y quién lo controla? ¿Una novela o una recopilación periodística no son para uso personal? ¿Qué harán quienes asisten a clases privadas de literatura? ¿Cómo sabremos si una copia personal no se transforma en copia de copia, de copia? Sin considerar los Códigos y otros textos, en Derecho Civil se recomienda leer títulos de la literatura universal. Hay clases con 200 alumnos. ¿Se harán 200, 400, 500 o 1.000 copias de cada libro?

El fogonero de la reforma fue el Centro de Estudiantes de Derecho (CED) y la FEUU la agitó con el respaldo del Consejo Directivo Central de la Universidad (CDC). En todas las carreras se usan fotocopias, pero lo medular está en la Facultad de Derecho. No es casualidad que en los alrededores abunden las empresas de fotocopiado.

Dejemos de lado aspectos inconstitucionales sobre lo cual se refirió con elocuencia el abogado Fernando Aguirre Ramírez la semana pasada en “Cartas al Director” de Búsqueda.

El Senado transitó un camino que se ha vuelto demasiado habitual: aprobar a sabiendas, sin un análisis a fondo, una ley inconstitucional. Ahora los diputados tienen que optar entre una visión reflexiva y discutida o más demagogia.

Un ingenuo puede suponer que los estudiantes encontraron la piedra filosofal. Que el fotocopiado libre les permitirá obtener mejores notas para no transformarse en zopencos (si no se considera políticamente correcto, utilícese alguno de sus sinónimos: bruto, tosco, zoquete, ignorante). En abril, en un examen de 196 alumnos, solo la tercera parte fue calificado con 3, que equivale a regular (el mínimo para aprobar). El resto, cero. Sí, cero.

Es imposible ocultar la decadencia. En 2008 el catedrático y director del Instituto de Derecho Administrativo, Juan Pablo Cajarville, renunció a la docencia luego de 35 años. Se hartó: “el nivel de la enseñanza ha descendido hasta tal punto que, salvo contadísimas excepciones de algunos estudiantes que por ventura aparecen, las clases deben necesariamente limitarse a una mecánica repetición de conceptos cada vez más elementales y los períodos de exámenes son ocasión de reiteradas y profundas decepciones. Si esto ocurriera solo conmigo, pues entonces razón de más para renunciar. Lamentablemente, me consta que la misma comprobación la comparten muchos profesores de la casa”.

¿Qué corno tienen que ver las fotocopias con la ignorancia, producto de la haraganería o la indiferencia?

Pese a la gravedad de la denuncia de Cajarville, ninguna medida tomaron el gremio ni las autoridades universitarias. Se retroalimentan y meten la cabeza bajo la tierra.

Otro ejemplo completa la debacle: en la última década la mayoría de los abogados aspirantes al Centro de Estudios Judiciales (CEJU) que forma a los futuros jueces fracasó en la prueba de ingreso. Como los jueces son escasos, en 2011 se redujeron los requisitos: habilitaron postularse con menos escolaridad y más materias perdidas. ¡Ni aun con ese regalo! En los años siguientes perdieron entre 80% y 90%, casi todos egresados de la Universidad de la República.

¿Cuántos de estos datos analizan los legisladores?

A esos estudiantes, los contribuyentes (incluidos los autores y el resto de la industria) les pagamos sus carreras. Utilizarnos para disfrazar su patética realidad es tomarnos el pelo. Que los partidos y los gremios le hagan creer al ciudadano que la fotocopia es clave para su formación y una cuestión democrática para proteger a los de menos recursos, es de fulleros. Emanuella Jhon, de 18 años, vive en una choza en el empobrecido Sudán del Sur. Cuida a seis hermanos, para subsistir vende verduras, estudia con la luz de su celular y escribe sobre papel higiénico. Hoy es la mejor estudiante del país.

Puede ser políticamente correcto o estratégicamente conveniente evitar enfrentamientos, pero ¿por qué mentir y ocultar una realidad sobre la cual nadie dice nada? Que mientan los políticos y los gremios.

Para una carrera universitaria solo hay un camino: estudio, estudio y más estudio.