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El anuncio del Ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, de que el Poder Ejecutivo establecerá topes al precio de uno de cada cuatro inmuebles que se construyan en Montevideo con beneficios fiscales bajo la ley de “vivienda de interés social”, provocó rechazo de parte del empresariado que invierte y trabaja en el sector inmobiliario.
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Advirtió que la medida tendrá un impacto en el nivel de actividad y de ocupación de su sector, porque la vivienda de interés social viene funcionando como un “amortiguador” de la desaceleración de la construcción.
A su juicio, los topes “responden a un tema más ideológico que real”.
El asesor inmobiliario Julio Villamide señaló que establecer precios máximos para el 25% de las viviendas de “interés social” va a “desestimular” la presentación de proyectos e impedir que la inversión promovida siga con el ritmo de los años previos. También tendrá “un efecto contrario”, porque los costos se trasladarán al resto de las unidades que se comercialicen sin tope, añadió.
“Se lo intentamos hacer entender al ministro y sus técnicos y fracasamos con todo éxito”, reconoció Villamide.
A su juicio, “si fuera tan sencillo de que se pueden bajar precios por decreto, para qué me voy a preocupar de la inflación; solo sería cuestión de emitir decretos para bajar lo que quiero que baje”, argumentó.
El operador inmobiliario manifestó dudas de que el tope de precio resulte efectivo para lograr el objetivo que alegó Beltrame, de facilitar el acceso a la vivienda a la población de ingresos medios y medios bajos.
En su opinión, el próximo gobierno debería tener en cuenta que “cambió mucho el origen de los fondos” para construir vivienda para la clase media y que ahora es “100% dinero de privados, que son los que arriesgan”.
Dada esa situación, para Villamide “se necesitan jerarcas que tengan una percepción más clara de las razones por las que el mercado se mueve, cuáles son las cosas que lo pueden motivar o retraer”.
Otro asesor de inversiones inmobiliarias consultado apuntó que, salvo que el Ministerio establezca que las unidades topeadas deben comercializarse “forzosamente a consumidores finales”, lo que va a suceder es que las mismas “se vendan a inversores o que se alquilen, y entonces, ¿cuál es el beneficio a la población?”.