Freno de fideicomiso para vivienda por el MEF causa "malestar" cabildante

El MVOT tiene previsto desde abril llevar adelante el programa “Entre Todos” con el objetivo de construir la mayor cantidad posible de soluciones habitacionales —entre 3.000 y 5.000—, de la mano de programas de subsidio en la cuota y alquileres con opción a compra. Para ello se planteó crear un fideicomiso adelantando créditos presupuestales previstos para 2023, 2024 y 2025 a valor actual. Incluso, el MVOT elaboró un borrador de reglamento operativo para el fideicomiso “Entre Todos”, con 14 artículos, donde especificaba cómo se debía implementar e incorporaba como posibles usufructuarios aquellas obras con algún porcentaje de avance, siempre que el promotor cumpla con los requerimientos normativos, como tener el permiso de construcción y la inscripción de la obra ante el BPS.

La alternativa que ofreció el MEF fue habilitar un instrumento dentro del sistema de garantía estatal —que se llamaría “SIGA Entre Todos”— para que las empresas constructoras puedan acceder a préstamos en el sector financiero privado. Con esto se busca evitar que se contabilice un aumento en el nivel de endeudamiento público, algo que miran las calificadoras de riesgo, señalaron dos informantes distintos.

En el MVOT entienden que eso no debería ser un problema, ya que el fideicomiso que se pretendía crear no implica endeudamiento futuro sino que es a partir de los recursos previstos en el Presupuesto para lo que resta del período de gobierno. En este momento, ambas carteras negocian cuál será finalmente la alternativa de fondeo, porque está decidido continuar con el programa “Entre Todos”. Uno de los informantes dijo que se busca un “camino intermedio”, con la posibilidad de que el fideicomiso financiero sea por un monto menor al previsto en un principio. Se trata de una “negociación dura”, reconoció una fuente cabildante de Vivienda. Agregó que otro fideicomiso, destinado a garantizar un préstamo para erradicar asentamientos —un programa liderado por la hermana de Arbeleche—, está por fuera de la controversia.

El plan impulsado por el MVOT implicaba conformar un fideicomiso financiero integrado por dineros presupuestales y la emisión de títulos para obtener fondos —de AFAP u otros inversores— al valor presente. Un fideicomiso de administración recibiría esos recursos para la construcción de las viviendas. El ministerio aportaría hasta dos tercios de los fondos que se consigan de los privados.

Una preocupación de las autoridades de Vivienda es que, con la alternativa que plantea el MEF, queden relegadas las empresas constructoras chicas, que son las que podrían atender la demanda habitacional en el interior del país.

Cárceles

También el Ministerio del Interior busca caminos para poder ejecutar sus planes. Prevé empezar a construir tres módulos dentro del predio del Penal de Libertad con una capacidad para 1.500 presos, así como un pabellón adicional para atención hospitalaria.

En el Parlamento, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que la obra será costeada mediante un esquema que denominó Contratos de Construcción Carcelaria (CCC): una financiación a 10 años con recursos del presupuesto de la cartera que encabeza, más dinero que se compromete en futuras rendiciones de cuentas por parte del MEF. Por otro lado, Interior planea construir tres barracones para albergar presos en Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres. “Es una PPP abreviada, con financiación local y a 10 años, con menos requisitos, por eso lo llamamos CCC”, dijo Heber a Búsqueda.

El monto total sumado de ambos proyectos es de US$ 60 millones.

Otra fuente oficial explicó que el régimen de PPP tendrá algunas modificaciones respecto a otras obras en las que se utilizó este modelo, como el de la cárcel de Punta de Rieles. Se buscará que los plazos sean más cortos. La intención de las autoridades es no incluir en los contratos los servicios que se aparten de la construcción y el mantenimiento, como la alimentación y limpieza.

Entrevistado el miércoles 22 en radio El Espectador, Heber se mostró ansioso por lograr tener más infraestructura carcelaria.

“No puede ser que me lleve seis meses poder hacer una licitación. ¡Seis meses! ¡Pero cómo seis meses para seleccionar tal o cual empresa para construir una cárcel! ¡No, no, yo la quiero para el mes que viene! No podemos resignarnos” a los tiempos del Estado, afirmó. “Eso es lo que a mí me está llevando a tener un problema social. Porque si yo tuviera un Estado ágil, musculoso, que pueda rápidamente tener un proceso de construcción de cárcel, no tendría el problema que se plantea ahora: ‘cuidado, Luis Alberto, estás trabajando mucho con las bocas de pasta base y se te están llenando las cárceles y hay hacinamiento’. Entonces cuál es la tesis: ¿no hago nada?”, planteó el ministro.