Fuga con marchas y contramarchas

En consecuencia, un narcotraficante en Uruguay, Europa, Burkina Faso, o donde sea, trafica distribuyendo drogas o armas. En las drogas el proceso comienza con la producción y el último eslabón de la cadena son los distribuidores, sin importar el tipo de droga o su volumen. Eso es lo que hacía Hugo Pereira antes de ser detenido en noviembre de 2020, un negocio que continuó dentro de la cárcel de Santiago Vázquez (ex-Comcar). Por eso apenas se fugó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, lo calificó como narcotraficante.

Para clarificar vayamos a los antecedentes. Hugo Pereira y su hermano Fernando lideraban en Colonia negocios de robos y tráfico de armas y drogas. Fueron detenidos en Colonia durante la llamada Operación Guaraní, que comandaron el jefe de policía Jhonny Diego y la fiscal Eliana Travers. Se comprobó una red de tráfico de drogas que terminó con 23 condenas luego de que los delincuentes celebraron un acuerdo con la fiscal.

Desde 1992 Pereira, que hoy tiene 60 años, acumuló varias fugas y una decena de antecedentes, el primero por drogas y el resto por delitos contra la propiedad. Como resultado de la Operación Guaraní el juez de Colonia, Andrés Hernández, lo envió a la cárcel por “un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas por la ley, agravado por integrar un grupo delictivo organizado y por el suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a menores de edad (y) un delito de tráfico de armas de fuego…”. ¡¿Si no es narcotraficante qué es?!

Desconcierta que Heber pretendiera dejar sin efecto ese vocablo y que al mismo tiempo admitiera que traficaba dentro de la cárcel como si no fuera también un eslabón de la cadena del narcotráfico. La interpelación del Frente Amplio para que rinda cuentas la provocó el propio Heber con sus tropezones discursivos, ingenuidad e inexperiencia en cargos ejecutivos.

Lo de Pereira es un hecho menor comparado con la fuga de la Cárcel Central del mafioso italiano Rocco Morabito y otros tres reclusos en 2019. Esas y otras fugas reafirman la necesidad de controles más rígidos, que el sistema político se tome en serio la situación de las cárceles y que estas dejen de estar a cargo del Ministerio del Interior. Las fugas no son un hecho aislado. Están dentro del contexto de una situación carcelaria dramática. Lo ha advertido con insistencia el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. En los últimos 20 años el número de reclusos pasó de 4.000 a 13.000, cifra que aumenta a razón de uno por ciento mensual.

Debemos admitir que ni esta ni otras fugas son medulares si observamos la globalidad de la desastrosa situación carcelaria cuyo hacinamiento repercute sobre los ciudadanos sin que ningún gobierno tome el toro por los cuernos. Durante los mismos 20 años que citó Petit poco invirtieron, tal vez porque valoran que la crisis carcelaria no es importante para los ciudadanos y que la mayoría piensa que cuántos más presos, mejor.

El año pasado Petit advirtió en Búsqueda: “El hacinamiento crítico es una señal de que el sistema en su conjunto debe ser repensado y revisado. Viene de la mano de falta de tratamiento y condiciones antisociales de convivencia. Se pueden hacer muchas cosas buenas y focalizadas, pero el hacinamiento crítico generalizado condena a que el sistema en conjunto no funcione como un dispositivo de rehabilitación, sino como un archipiélago muy heterogéneo con algunas islas muy alentadoras. No veo posible que exista un sistema rehabilitador si tiene hacinamiento crítico”.