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Todo el sistema político, sindical y de instituciones sociales ha convertido el mecanismo de la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal en un instrumento con potencial para el desastre. Siendo la Rendición un recurso razonable en un sistema que se maneja con presupuestos quinquenales, igual se convierte en la posibilidad de nuestros representantes —de los que se debería esperar la mayor responsabilidad— de promover sus propuestas demagógicas pensando en su posicionamiento para futuras instancias electorales.
No es posible en este momento hacer una lista de todos los reclamos que llueven y mucho menos calcularlos en montos de dinero, pero la capacidad de reclamarle al gobierno niveles de gasto como si tuviera una riqueza infinita ya es parte de nuestra cultura. Lo que es seguro es que nadie piensa en gasto cero, que en el contexto de un mundo en conflicto y con un futuro incierto sería por lo menos una referencia adecuada.
La Rendición de Cuentas fue concebida como el momento en el que el Poder Ejecutivo rinde cuentas a los legisladores —como representantes del pueblo— de su cumplimiento en cuanto a los gastos presupuestados. Por otro lado, genera la posibilidad de hacer correcciones a las partidas presupuestales en circunstancias especiales y puntuales. Esta última parte se convirtió desde hace décadas en el pequeño agujero de la represa, que con la fuerte presión del agua se va agradando hasta provocar desbordes con consecuencias complicadas.
Esta vez, además de los adicionales para 2023, se suma que es la última que permite aumentar el gasto fiscal para 2024-2025, dadas las restricciones constitucionalmente establecidas. Todo este paquete, junto con un panorama de reactivación económica —crecimiento del PBI de 4,4% el año pasado y quizás algo más este año— es como oler sangre para políticos y sindicatos, que desatan su reclamo reprimido.
Ante estas presiones, el gobierno cuenta con un instrumento que incorporó en 2020 con la Ley de Urgente Consideración, ahora ratificada por la ciudadanía, que es la regla fiscal y establece parámetros claros para mantener el gasto acotado a las posibilidades reales del Estado. El desafío entonces para los administradores de nuestra economía es hacer valer esa regla, evitar así la discrecionalidad política para estas definiciones y mitigar la vieja costumbre de tropezar con la misma piedra del aumento del déficit fiscal en tiempos preelectorales.
El debate sobre los pedidos al Estado que se acumulan nos trae también de la mano la discusión sobre el financiamiento de esos gastos. Hay aquellos que quieren aparecer como más responsables asegurando que tienen ideas claras de cómo financiarlo y otros que piden sin siquiera considerar la viabilidad de lo que solicitan. Pero en definitiva todo desemboca en lo mismo: más impuestos o más deuda, y ya sabemos dónde termina pesando eso.
En cuanto a los impuestos, vale la pena citar una vieja conferencia del desaparecido economista y escritor norteamericano Walter Williams —en su juventud seguidor de Malcom X, de quien rescataba su amor por la libertad individual—, que explicaba que las mayorías en muchos país aman el Estado presente y la razón por la que lo aman es porque “los gobiernos pueden hacer por ellos esas cosas que si ellos los hicieran como particulares irían presos”.
“El gobierno puede tomar mi dinero y dárselo a otro. Si tú hicieras eso, tomar el dinero de otro, pagarías con cárcel”. Así describía Williams la posibilidad de implementar nuevos impuestos.
La visión puede considerarse muy dura, pero no hay ninguna duda de que la regla fiscal es un arma diseñada para protegernos de los desvíos de nuestros gobiernos. Evitemos los gastos interminables.
