Gobernantes alientan resentimiento social

Quizá la preocupación por la situación económica del país y el debate partidario de los últimos meses relegaron ese hecho a un segundo plano. Sin embargo, es central y debe servir como mojón para establecer cambios culturales de fondo durante el futuro gobierno.

Otro grupo se dirigió hasta Montevideo Shopping y por Luis Alberto de Herrera y en el tránsito agredieron y robaron a varias personas.

Seguramente lo consideran una diversión. Un entretenimiento gratuito para pobres. Pero se puede concluir con escaso margen de error que el germen de esas acciones es el resentimiento social. Un detonador para descargar ira, rencor, frustración y tomarse una “revancha” contra integrantes de otras clases sociales.

Ese resentimiento se ha instalado como uno de los mayores males de la sociedad. La desigualdad fabrica rabia y animadversión en contra de quienes no tienen carencias graves. A ello se añaden la falta de sanciones penales de relevancia que desestimulen a los vándalos.

Esas reacciones, colectivas o individuales, se han acentuado en los últimos años con el aliento del gobierno. Desde el poder muchos estigmatizan a quienes tienen lo que llaman “un buen pasar”, mientras fomentan el pobrismo. Su símbolo ha sido el expresidente José Mujica, valorado aquí y en el exterior como un pobre chacarero con un VW desvencijado, que vive con lo justo, tenía una perra coja y desafíaba el protocolo. Mezcla publicitaria exitosa.

El ejemplo más próximo sobre la siembra de estigmas y fomento del rencor ocurrió durante la campaña de octubre contra el entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou. Le reprochaban que viviera en el barrio privado La Tahona mientras otros ocupan barrios marginales. Son esos los que cometieron los actos vandálicos.

“Salvo algunos pocos que viven en barrios privados, los demás vivimos en sociedad”, sentenció la demagoga Carolina Cosse. Algo parecido dijo la ministra María Julia Muñoz: “La inmensa mayoría de los ciudadanos no vive en La Tahona, no vive en un barrio privado. Viven en barrios en los que le pasan cosas…”.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) incluyó esa filosofía en su campaña publicitaria. Un hombre simula llamar a una radio para pedir la canción: Living la vida loca en un barrio privado. La locutora le pregunta: “¿Quién la canta?”. Y responde: “La canta Luis y los Tahona boys”.

Son acciones despreciables porque inducen a error, fomentan el resentimiento social y alimentan y avalan reacciones violentas como la de Pocitos mediante una filosofía que se viene desarrollando desde hace años en la búsqueda de votos emocionales.

Ese camino hizo que los más afectados por la desigualdad se sintieran respaldados por el gobierno mientras los militantes cerriles se suben al mismo carro con una venda sobre los ojos y la reivindicación del pobrismo. Seamos sinceros, ni Cosse, ni Muñoz, ni Mujica, ni ningún gobernante de los últimos 15 años vive en barrios marginales. Por el contrario, han aumentado su patrimonio mamando de la teta del Estado (otros fueron en cana) y tendrán jubilaciones privilegiadas que bancaremos entre todos. Incluso los pobres a través de impuestos.

Pero volvamos a la instancia judicial. Seis de los vándalos identificados por la Policía fueron imputados del delito de violencia privada agravada. A pedido de la fiscal Adriana Edelman permanecerán en arresto domiciliario durante 120 días.

Cronistas de El País recogieron en la audiencia lo ocurrido, que finalizó cuando la jueza les dijo que quedaban emplazados.

“Les voy a explicar lo que significa que queden emplazados. Quiere decir que si a ustedes no los ubican en el domicilio, donde tienen que estar las 24 horas, voy a pedir una requisitoria (la detención)”, explicó.

“¿No podemos ir a laburar tampoco?”, preguntó molesto uno de los vándalos. Aguirre le respondió: “¡No, no puede ir a trabajar. En eso tenía que haber pensado en el momento que agarró los proyectiles y rompió la propiedad!”.

“¡Nosotros no rompimos nada!”, gritaron a coro los imputados. La jueza les pidió calma porque de lo contrario solicitaría que, además, fueran imputados por el delito de desacato.

Fue entonces cuando al observar esas reacciones la jueza les dijo: “Deberían aprender que acá existe la autoridad, existen las leyes y el que las restringe tiene sus consecuencias. Tuvieron suerte. Otra Fiscalía hubiera pedido prisión preventiva”.

Por esta vía es difícil que asuman lo que significa la autoridad y las consecuencias de violar una ley. Durante su arresto domiciliario —si es que permanecen dentro de los mismos— serán atendidos por familiares y vecinos como los valientes que asumieron el resentimiento social de todos y al menos se tomaron una revancha.