En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En un nuevo capítulo del conflicto entre el gobierno y varios gremios judiciales, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) apelaron el fallo de primera instancia que les dio la razón a 3.800 funcionarios judiciales y condenó al Estado a pagarles el aumento de 26% que reclaman desde 2011.
El ministro de Economía, Danilo Astori, ya había anunciado que el gobierno apelaría la decisión de la jueza Josefina Tommasino. No obstante, para sorpresa de los funcionarios, también la Corte apeló la sentencia.
El dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) Gustavo Signorele dijo a Búsqueda que les “sorprendió mucho” la apelación de la Corte, ya que había anunciado que no apelaría.
El ministro de la SCJ Jorge Larrieux dijo a Búsqueda que la Corte no apeló sobre el fondo de la sentencia sino sobre el monto de la condena. “Queremos que se precise el monto porque nuestros servicios contables entienden que corresponde un aumento del 21%” y no el 26% que reclaman los funcionarios, señaló.
A su vez, el ministro Ricardo Pérez Manrique explicó que si bien la demanda de los funcionarios se basó en el 26%, en el fallo no queda claro cuál es el aumento que se otorga. “Por eso la Corte se agravia y pide aclaración sobre el porcentaje, porque entiende que debe ser el 21%”.
“Si no apelamos ahora podría quedar consolidado el aumento del 26%, y nosotros entendemos que los cálculos son otros”, añadió.
Aunque aún no fueron notificados formalmente, el martes los funcionarios se enteraron de que se habían presentado tres apelaciones (la tercera es de un funcionario que se jubiló antes del período en el que la jueza concede el aumento salarial, por lo que apeló por su caso particular). Esa noche, la directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales se reunió con la dirección de la Asociación de Actuarios para analizar el tema.
El próximo viernes, cuando ya tengan conocimiento de los argumentos presentados, se reunirán nuevamente para tratar el tema “con mayores elementos sobre los que versan las apelaciones”, dijo Signorele. “A partir de eso rápidamente convocaremos a Asamblea General”, informó.
“Creemos que tiene que haber alguna variación en la estrategia que hemos seguido hasta ahora”, dijo Signorele. La decisión del Ejecutivo y de la Corte puede implicar la incorporación de nuevas “medidas gremiales”, más allá de los juicios, afirmó. “Estas cosas lo que hacen no es aplacar sino empujar más hacia arriba”, señaló. “Hay muchas interrogantes y pocas certezas. Lo que está claro es que acá el conflicto sigue”.
Si bien los pasos a seguir se discutirán en la asamblea de la próxima semana, de todas formas los funcionarios ya habían resuelto que si el Ejecutivo apelaba, ellos también lo harían. Es que el fallo de la Justicia entiende que el Estado debe pagarles a los funcionarios en forma retroactiva por un período más acotado del que ellos reclaman. Entonces apelarán para pedir por los 19 meses de aumentos retroactivos que la sentencia no les concedió, explicó Signorele.
Sorpresa.
El dirigente sindical se manifestó sorprendido por la decisión de la Corte. “Nos sorprende mucho. Habían anunciado que no iban a apelar. Ahora resulta que tienen una reunión con Tabaré Vázquez y terminan apelando”, dijo. “No sé por qué el cambio de actitud. Habrán analizado mejor o habrán llegado a alguna transa con el Ejecutivo”, aventuró.
“Está claro que acá ha habido por lo menos un cambio de estrategia desde la Corte. En los alegatos plantearon que no tenían plata (para pagar el aumento requerido), lo que decía de alguna forma que nosotros teníamos razón. Eso es lo que no nos cierra y nos llama la atención”, señaló.
Por otra parte, el dirigente dijo que el Ejecutivo ha enviado muchos “mensajes contradictorios”. “Por un lado armó una comisión para estudiar el tema y hacer una propuesta. Vázquez dice que va a pagar, y que en mayo vamos a tener por lo menos dos propuestas. Por otro lado Astori dice que va a apelar porque no está de acuerdo. Para no calificarlos digo que al menos los mensajes del Ejecutivo son ambiguos”.
Conflicto.
El conflicto de los jueces, funcionarios judiciales, fiscales y otros funcionarios públicos con el Poder Ejecutivo se desató luego de que el gobierno, en la Ley de Presupuesto que entró en vigencia en 2011, decidiera equiparar el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, lo que ocasionó una serie de “enganches” que el gobierno no tenía previstos.
La Ley Orgánica de los Tribunales establece que los ministros de la SCJ no pueden ganar menos que un ministro de Estado y, en base a esa escala, establece porcentualmente el ingreso de todos los magistrados.
Por tanto la disposición derivó en el aumento de los salarios de los magistrados y también de los funcionarios, cuyos sueldos están a su vez “enganchados” a determinados jerarcas del Poder Judicial. El gobierno intentó corregir esa situación a través de dos leyes que fueron declaradas inconstitucionales.
+ 
