Golpes de KO a la Justicia

El golpe con más repercusiones lo dio la jueza penal Patricia Rodríguez. A pedido de la fiscal Mariana Alfaro ordenó allanar el domicilio del periodista Ignacio Álvarez y de Azul FM, la radio donde conduce un programa. De espaldas a las libertades de prensa y de expresión, la jueza —con obligación de custodiar las garantías individuales y procesales— ignoró que las solicitudes disparatadas de la fiscal no son preceptivas y que la facultad de allanar es por ley solo suya. Pudo rechazarla, porque también tiene la obligación de frenar cualquier avasallamiento de los fiscales, pero ordenó incautar dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento de “propiedad o detentados” por Álvarez y por el programa para constatar el contenido del material recibido y difundido, también “comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados”. ¿Y la reserva de las fuentes?

Ferreya tiene antecentes iracundos. En 2019 había sido trasladada de Salto tras una denuncia de amenazas de muerte de cinco funcionarios y está sometida a un sumario aún en trámite.

La jueza especializada de Familia de Pando, Ada Siré, publicó en su cuenta de Tik Tok el video Basta de estereotipos machistas. Con una errática gestualidad se refiere a comentarios que se hacen en “ruedas de hombres” sobre mujeres que denuncian violencia de género. Pone ejemplos: “Las hijas de los otros son malas, porque la mía es una santa”. También dice que esos hombres utilizan frases hechas para descalificar a una mujer abusada: “Uh, la violaron, debe ser culpa de ella”. Argumenta, tan bolichera como Ferreyra, que los hombres se defienden atacando: “Esa mina está histérica, debe estar menstruando”. O “que mal cogida está esa mina, por Dios”.

Argumentó que ejerció su libertad de expresión. La cuestión no es esa, sino que esta señora tiene como obligación juzgar y tutelar asuntos de violencia de género sobre eventuales denunciados, sobre quienes genéricamente prejuzga en Tik Tok. Poco vale que argumente, como hizo en El País, que sus comentarios no fueron como jueza, sino como persona: ¡magia de dos personas en una! Pero es falso. Cuando su despropósito se hizo público, declaró “privado” su Tik Tok.

La Organización Mundial de la Salud advirtió recientemente que el uso de Internet puede derivar en adicciones a través de las cuales, como con otras drogas, se busca trascendencia y gratificación personal sin reparar en las consecuencias negativas, personales o funcionales. El síndrome de abstinencia pasa a dominar las vidas de los usuarios, y en el Poder Judicial son centenares. En 2018 la Corte les informó a los jueces las conclusiones de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que recomienda prudencia y evitar comentarios vinculados a la función de juzgar.

Para completar estos golpes recientes el 3 de febrero el abogado Carlos Bustamante denunció a la jueza penal de 23er turno, Isaura Tórtora, por haber ordenado falsear un acta judicial. Un funcionario administrativo interrogó a Bustamante asumiendo el rol de la jueza. El funcionario justificó la ausencia de Tórtora porque no se encontraba bien de salud, pero aclaró que había ordenado que igual se realizara la audiencia. En el acta quedó constancia de que la jueza y la actuaria estuvieron presentes. Falso. ¡Barbaridad!

Esos hechos fueron precedidos en los últimos años por varias destituciones como la del juez Mijail Rotas, procesado por abusar de su cargo, Gerardo Azarola, por acosar a una mujer, María Noelia Sánchez, procesada por abuso de funciones y violencia privada, y de la ministra de un Tribunal de Apelaciones, Anabella Damasco, por apropiación indebida y estafa. Se registraron además otras destituciones y degradaciones.

En la mayoría parece evidente una inestabilidad mental, porque ningún juez en su sano juicio actúa de esa forma. Pero nadie los controla. La única pericia psicológica a la que son sometidos tiene lugar cuando van a ingresar al Centro de Estudios Judiciales. Luego, durante su carrera, van reafirmando su autoridad, se sienten impunes o se transforman en dictadores de los procesos sin una política preventiva, pese a que juzgan vidas y haciendas y son inamovibles.

Más arriba dije que Rodríguez no debería seguir en su cargo. Tampoco Ferreyra, Siré ni Tórtora. Difícil que el chancho chifle.

Las armas de un juez son la ley, la razón y la equidad. Cuando se producen fallas funcionales o privadas como las señaladas, prohijadas por ausencia de controles, el caos y el descrédito esperan a la vuelta de la esquina, en perjuicio de los ciudadanos.