Grandes para ir presos, chicos para votar

Uruguay es uno de los 23 países clasificados dentro de las llamadas “democracias plenas”, según The Economist Intelligence Unit, y ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Este análisis se basa en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

Si se fijó en esa edad el fin de la inimputabilidad es porque se considera que a partir de allí empieza a jugar el libre albedrío, es decir, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal.

Desde un punto de vista jurídico o institucional, no es para nada descabellado, es más, creo que sería objetivamente justo equiparar para los uruguayos de 14 años las obligaciones que tienen y el derecho a elegir a quienes luego van a imponer en leyes cuáles son esas obligaciones.

Demasiadas obligaciones, pocos derechos.

Pero ir por este camino en procura de que el sistema político analice en serio una baja tan drástica de las reglas de juego electorales es un fracaso anunciado. Se ha llegado a plantear el considerar como mayores de edad ante la ley penal a los jóvenes de 16 años, pero no se enfatizó nunca en equiparar ese aumento de las obligaciones legales con el del derecho, por ejemplo, al voto, a manejar, a irse del país sin consentimiento de nadie. Incluso estos planteos radicales que creen que por esa vía mejoraría la seguridad tampoco se han planteado que si el problema de la inseguridad nos llevara a tomar tan drástica medida, podría darse un paso en el mismo sentido y darle junto con esa obligación el derecho a portar armas. ¿Medidas drásticas contra la inseguridad?, bueno, ellos saben la diferencia entre el bien y el mal, ¿no?

Esta ausencia de equidad en la concesión de derechos y obligaciones para los adolescentes tiene su correlato en la realidad cotidiana del ejercicio del poder.

La sociedad per se no parece ser muy proclive a considerar a los niños. Un 60% de los menores sufre algún tipo de violencia por parte de los mayores, según Uruguay Crece Contigo; a pesar de las mejoras, el gasto social en adultos supera ampliamente al de los menores; el desempleo crece abrumadoramente a medida que baja la edad; las frías cifras dicen que uno de cada cinco menores de edad está por debajo de la línea de pobreza, pero cuando la medición se hace por debajo de los 14 años la cantidad de niños pobres se acerca al 50%.

¿Y los servicios públicos que atañen directamente a los menores? La gerontocracia política lleva décadas sin encontrar una solución más o menos completa, eficiente y digna que cambie la patética educación que tenemos, que impide la movilidad social de los más débiles. Si Uruguay terminara con la pobreza infantil, literalmente terminaría con todo tipo de pobreza.

¿Cuánto de esto pasa por el hecho de que los niños no votan y por ello no tienen representatividad?

¿Habilitar a votar a los uruguayos de 14 años sería poner la democracia en manos de qué? ¿Inmaduros, irresponsables, ignorantes?

Hay problemas para conceder libretas de conducir a mucha gente no porque no sepan arrancar y frenar, sino porque son incapaces de comprender las preguntas que se les hacen en el examen oral, según lo admitió el director de la Unasev.

El sistema político, cuya voz sería fundamental para aumentar los derechos de los menores, ha decidido poner en manos de ciudadanos como estos, incapaces de entender un texto sobre conducción de autos, la decisión acerca de si 135 artículos de una ley llena de vericuetos y temáticamente más variada que una feria es acertada que sigan vigentes o no.

Planteado así parece un abuso, ¿no? No entiendo por qué lo sería darles esa responsabilidad a personas que por su edad, 14, deberían estar en plena etapa de estudios, más cerca del aprendizaje de cosas elementales, como comprender un texto. ¿O es que no confiamos en que esa educación que los adultos les hemos dado es suficiente para que sean buenos ciudadanos? ¿Es mejor que maduren? Hay altas chances de que una cantidad de uruguayos, a medida que maduren, se olviden de cómo se lee y escribe. Para muchos, en Uruguay, madurar es avanzar hacia el analfabetismo.

¿En manos de quién entonces estamos poniendo la democracia y en manos de quién tememos ponerla?

Porque, al margen de cuestiones jurídicas, institucionales, de equilibrio entre derechos y obligaciones, sino viendo este paso en términos de los logros concretos que nos han traído a este lugar del tiempo y el espacio, los adultos que ejercieron el poder a través de la representatividad de sus votantes tampoco es que sean unos dechados de virtudes. A los jóvenes que hoy no pueden decidir les están dejando un país en el que algunos índices educativos nos ponen en el fondo total de la tabla del continente, donde la posibilidad de que cuatro generaciones del cantegril terminen es un milagro (o menos, porque parece que los milagros ocurren), donde, sin importar cómo se comporta el delito, la violencia no cesa de recrudecer. Al menos para la suerte de los más desposeídos, los adultos que han ejercido el poder no parecen haber sido ni muy maduros, ni muy responsables, ni muy eficaces ni muy empáticos. Si los más pobres y los niños siguen siendo los más perjudicados por el sistema, y son los más pobres los que más hijos tienen, para sus intereses no sería una mala apuesta que los uruguayos de 14 años votaran. Si así fuera, quizás, sí, solo quizás, tendríamos una representatividad más representativa para aquellos que más necesitan ser representados.