Greenpeace advierte sobre posibles impactos ambientales en Uruguay de un proyecto de prospección en aguas argentinas

La prospección se ubicaría en la Zona Común de Pesca (ZCP) Argentino-Uruguaya, según los parámetros definidos por el Tratado del Río de la Plata. Sin embargo, ni las autoridades de gobierno nacionales ni las organizaciones sociales vinculadas al sector fueron notificadas y, en consecuencia, desconocen los impactos que el proyecto podría causar en los ecosistemas uruguayos.

Según explica, “dado que el área de influencia” se encuentra superpuesta en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, tanto esa comisión como el gobierno de Uruguay “deben autorizar la realización de la actividad prospectiva”. La propia Comisión Técnica Mixta también manifestó la necesidad de solicitar autorización al gobierno uruguayo “por el posible efecto que pudiera producirse sobre los organismos bentónicos sésiles y sedentarios”, menciona el informe.

Por otro lado, el documento de Greenpeace, que aún no fue publicado, afirma que en una primera instancia el EIA no incluyó la actividad de la flota pesquera uruguaya en el análisis del proyecto. Y si bien los datos vinculados a capturas, área de pesca y número de embarcaciones que operan en la Zona Común de Pesca fueron incorporadas con posterioridad, eso permitió demostrar que “existirá necesariamente una afectación de la actividad de la flota merlucera uruguaya”.

El estudio de impacto ambiental al que accedió Búsqueda reconoce que “corresponde hacer una evaluación (quizás más bien política) de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de las actividades a encarar”.

“Dicho planteo, minimizando las consecuencias que el proyecto podría acarrear para el país vecino, es absolutamente peligroso y podría potencialmente generar controversias innecesarias”, critica la organización.

Intercambio

Hernán Pérez Orsi, activista argentino de Greenpeace, dijo a Búsqueda que la prospección que se pretende llevar adelante se centrará en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental Argentina, en un área de alrededor de 2.400 km2, a 270 km de la costa y a una profundidad de entre 1.300 y 3.700 metros.

Según indicó, el lugar “no conoce hasta ahora ningún tipo de operación de explotación comercial”, ya que constituye una “nueva frontera hidrocarburífera que se está abriendo”. Desde 2019 comenzaron a licitarse con cierta continuidad diferentes bloques marítimos para realizar futuras prospecciones a través de la exploración sísmica, agregó.

A su entender, este método de detección de reservorios de hidrocarburos a través de la implementación de bombas de estruendo acarrea una serie de efectos negativos para la biodiversidad marina.

“Algunos son permanentes, otros son temporales, algunos se pueden mitigar, y otros, no. Entonces hay un gran abanico de impactos que deben tenerse en cuenta a la hora de autorizar este tipo de exploraciones”, opinó. Es por eso que es importante para Uruguay conocer los efectos y “estar atentos” a lo que este proyecto pueda generar tanto en el ámbito pesquero como en la biodiversidad, especialmente al tener en cuenta sus nuevos objetivos de conservación marina establecidos con el mapeo de áreas sensibles elaborado por el Ministerio de Ambiente en diciembre.

Por otro lado, el activista dijo que le “llama mucho la atención” que la iniciativa no haya sido compartida con el gobierno uruguayo ni haya habido un intercambio de información al respecto, cuando “visiblemente va a tener impactos”. En esa línea, mencionó que sería importante que la gente del país “tuviera un espacio para conocer el proyecto y así poder tomar decisiones sobre cómo proceder”.

Fuentes del Ministerio de Ambiente dijeron a Búsqueda que no recibieron ninguna comunicación formal sobre este proyecto por parte del gobierno argentino. Lo mismo informaron desde Cancillería. Tampoco el titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Jorge Coronel, fue informado.

Aunque consideró que sería lo más deseable, Coronel dijo a Búsqueda que Argentina no tiene la obligación legal de comunicar o consultar a Uruguay sobre este tipo de proyectos.

“El subsuelo marino en realidad es administrado por cada uno de los países, no necesita aval del gobierno vecino”, indicó. Pero de todas formas reconoció que “sería provechoso o correcto desde el punto de vista diplomático”.

Consultado sobre los potenciales impactos de la prospección de YPF, afirmó que aún estudian la información que les llegó extraoficialmente por parte de organizaciones sociales. “No llegamos a ver todavía una magnificación del impacto”, explicó.

Antecedentes

No es la primera vez que se da una situación como esta. En 2021, el gobierno argentino autorizó una prospección sísmica a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata a cargo de la empresa Equinor, una noticia que molestó a las ONG y a las autoridades de gobierno uruguayas. A pesar de ubicarse en el área adyacente a la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya, en esa ocasión tampoco fueron informados.

Andres Milessi, biólogo y coordinador del proyecto Un Solo Mar Uruguay, dijo a Búsqueda que si bien Argentina “no tiene que pedir permiso”, sí debería notificar la puesta en marcha de esa actividad en la ZCP con el objetivo de mitigar o minimizar posibles consecuencias. Así se podría incluir, por ejemplo, a las empresas pesqueras para evitar ciertas épocas de reproducción o consultar a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos por las rutas migratorias o de alimentación para determinadas especies.

“Queremos mostrar preocupación y pedir que si se va a hacer, por lo menos se haga bajo las mejores condiciones y con la participación de todos los actores involucrados”, dijo.