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“A la uruguaya”, es decir, “más amortiguadamente” que en otros contextos, tuvo lugar en el país un “amortiguado ascenso de los economistas” en la esfera pública y hasta política, señala el politólogo Adolfo Garcé en un ensayo publicado en su último libro, escrito junto con el doctor en Historia Económica Javier Rodríguez Weber. Fue un proceso de cinco décadas de desarrollo institucional y de legitimación pública de esa profesión. No en vano hoy los principales responsables del manejo de la economía nacional son, precisamente, economistas: la ministra Azucena Arbeleche, el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y el presidente del Banco Central, Diego Labat, egresaron de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Ya en varios gobiernos anteriores, como los del Frente Amplio, la conducción estuvo en manos de profesionales de esta disciplina, si bien hay casos en décadas más lejanas, pero son aislados.
En Economistas, economía y política. Ensayos y entrevistas, Garcé subraya que ese vínculo más estrecho entre lo técnico y lo político —la gestión de lo público— ayuda a entender por qué Uruguay, desde la década de 1970 en adelante, logró realizar “cambios estructurales y mejorar su desempeño en indicadores fundamentales”.
Desde la óptica de varios de los entrevistados para ese libro, algunos con experiencia en la tarea de gobernar como el exministro de Economía Fernando Lorenzo, los políticos siguen “prefiriendo la subordinación del asesoramiento técnico, lo que conduce a un aprovechamiento pobre de las capacidades disponibles para atender los complejos problemas que abordar”. Es un fino equilibrio: los políticos dirán que son ellos los responsables finales ante la ciudadanía, pero parece un error al tomar cualquier decisión importante despreciar el asesoramiento experto. Ambos asuntos deberían ser complementarios, como ocurre en los países que se toman en serio su bienestar y desarrollo.
De esas entrevistas surge otra constatación interesante: entre los economistas uruguayos, más allá de su posicionamiento ideológico o partidario, parece haber menos distancia que entre los dirigentes políticos, que habitualmente —y mucho más en estos tiempos de prematura campaña electoral— se ponen en trincheras enfrentadas. “Empecé mi actividad profesional e hice mi vida de estudiante en una profesión que reflejaba la Guerra Fría. Ahora podés estar con economistas en una charla y no saber qué piensa cada quien. Al final del día discrepamos en el 1%”, reflexionó Julio de Brun, quien presidió el Banco Central en el último tramo de la administración de Jorge Batlle y hoy asesora a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Entre los políticos, es posible que los posicionamientos sobre cuestiones centrales para el país no sean tan contrapuestos como los hacen parecer cuando se paran en el estrado público. Pero, lamentablemente, si por pequeñeces y cálculos electorales actúan como si siguiera la Guerra Fría, es poco probable que Uruguay concrete cambios estructurales. Lo hecho con la economía en las últimas décadas es un ejemplo positivo, que trasciende a los gobiernos de los distintos partidos políticos. Deberían tenerlo más en cuenta.
