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    Hay personas en el Estado con certificación médica que “nunca las vi”

    El asunto de las certificaciones médicas en el Estado se instaló hace un tiempo en la atención pública, y hasta en la agenda política y noticiosa. Por ejemplo, un análisis elaborado por el Laboratorio de Innovación y Observatorio de la Función Pública de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), recogido en julio por El Observador, reveló que el 42,2% de los funcionarios se había certificado alguna vez en 2019. Hubo inmediatas reacciones, incluida la de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), que lo tildó de “totalmente tendencioso” alegando que las cifras están infladas por el Ministerio del Interior (MI) y con el único objetivo de “desprestigiar” a los trabajadores.

    “Incluyendo a Interior vemos cifras más que preocupantes. Si se lo saca —porque allí es donde se cuadruplicaron—, prácticamente subieron un 50% entre 2016 y 2019, un año pico. Y un uso creciente no se estaría explicando por la agudización de determinadas enfermedades en el país”, dijo a Búsqueda el director de la ONSC, Conrado Ramos. El dato del 2020 no lo consideró representativo, ya que bajó (a 40,4% de los vínculos laborales con certificación médica) “porque no hay necesidad de certificarse si la persona está en su casa” debido al teletrabajo adoptado en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

    En algunos ministerios, como Trabajo, Economía e Industria, los porcentajes de funcionarios certificados en 2019 superaron largamente el promedio (61,5%, 58% y 53,7%).

    El estudio y la conformación de una comisión para plantear soluciones fue un mandato del Parlamento, y ese trabajo está llegando a su fin. “ASSE nos hizo una muy buena propuesta de los criterios que se deben incorporar en la ley de cuáles serían las actividades remuneradas y hablar de enfermedades profesionales”, lo que será parte de un futuro proyecto de ley, informó Ramos.

    Otro aspecto del análisis —preocupante por sus resultados para las autoridades— refirió a las vías de certificación. “Hay una dispersión muy grande de instancias enormes. Estamos proponiendo que sea el proveedor de salud del funcionario, uno solo, que deba enviar la información al Banco de Previsión Social y su sistema de certificaciones clínicas nacionales, que se la envíe a la ONSC. Hoy puede certificar un médico particular, no necesariamente su prestador. O los organismos tienen certificadores propios o los contratan”, explicó.

    Con ASSE también se avanzó en la capacitación de los certificadores.

    La COFE, que integra la comisión que discute el tema, rechaza que se apliquen descuentos salariales en caso de certificación.

    Ramos aseguró que en su oficina hay funcionarios que no conoce. “Nunca las vi, porque están certificados”. Dijo que hay “muchas” personas en esa situación en todo el Estado a las que les “conviene quedarse hasta los 70 años; y están en un puesto que podría ser ocupado por jóvenes, “con otros bríos”.

    “Es muy probable que estas personas se certifiquen y operen descuentos, evalúen con mucho cuidado si les conviene jubilarse o seguirse certificando con descuentos”. Estimó que, si se reformula el régimen, es posible que “muchas” opten por retirarse.

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