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Mario se crió en un barrio de casas chatas y algunas calles de tierra. Hoy es policía y aún vive allí. Sus hijos escolares juegan en la calle cerca de donde viven distribuidores de pasta base: dos o tres bocas. Cuando llega la noche oye disparos de armas de fuego. Los atribuye a bandas rivales que se disputan espacios o se cobran cuentas. Ni se le ocurre intervenir. Su familia está primero.
En otro barrio marginal vive el policía Ricardo. Con su segunda pareja crían un hijo pequeño. En su anterior matrimonio tuvo dos niños que cursan primaria. Todos viven en las inmediaciones que están dominadas por rapiñeros y motochorros. Allí también viven hermanos, tíos y primos de Ricardo y su pareja y los delincuentes conocen el parentesco. Ricardo está arrinconado.
A media hora en ómnibus vive Raquel. Es policía y su hijo cursa el último año de liceo. En un barrio marginal habita una casa de bloques pintada de blanco con un techo de chapa impermeabilizada con alquitrán. Tiene dos ambientes y un improvisado WC que debe baldear porque la fuerza del agua es insuficiente para desagotarlo. Cuando se dirige o regresa de la comisaría esconde el uniforme en una mochila donde también oculta el arma de reglamento. Le avergüenza hacerlo, pero por su seguridad y la de su hijo no tiene más remedio que esconderlos.
A los tres el presente les hace un nudo en la garganta. También el futuro, porque sus hijos serán educados en entornos con una potente influencia negativa. Temen que algún día cambien de bando.
¡Cómo no tener miedo!
Estas breves historias con nombres ficticios son una muestra de los casi 1.200 policías obligados a vivir en zonas rojas. No es solo en Montevideo. También en Canelones, San José, Maldonado y otros departamentos. Nuestros protectores uniformados están confinados entre criminales. Los han transformado en rehenes sociales mientras la legalidad pierde terreno frente a la criminalidad.
La violencia en esos barrios no tiene límites. Desde hace años se han sumado niños y adolescentes. Para ellos la vida ajena carece de valor.
No conozco datos concretos sobre las zonas marginales en las que vive cada policía, pero hay que rumbear hacia los barrios Borro, Marconi, Casavalle, Malvín Norte, Cerrito de la Victoria, 40 semanas y Nuevo París. Allí los criminales siembran su enfermedad terminal.
La izquierda desde siempre, y el gobierno desde hace 15 años, le atribuye la delincuencia a carencias sociales. Se consideran ajenos a esa responsabilidad. La culpa es de los anteriores. Pero es indiscutible que en los últimos años la seguridad del Estado, como se retiró de las calles, se retiró también de los barrios marginales. Por ese camino convirtió en víctimas y rehenes a los policías que allí viven. Están secuestrados.
A mediados de enero en Villa Española un policía fue baleado en la cabeza mientras compraba comida en un kiosco. Dos personas en moto se le acercaron y uno le dijo: “Quedate quieto porque te quemo”. Y lo quemó: tres disparos. Una bala le fracturó la mandíbula y se alojó en el oído, otra le hirió un brazo y una tercera impactó en el chaleco de protección. No fueron disparos al azar. El objetivo era exterminarlo por ser policía. Un enemigo.
Esa misma semana los criminales asesinaron de un tiro en la cabeza a un policía que circulaba en moto por la ruta 5 cerca de los accesos a Montevideo. A otros los atacaron para robarle sus armas.
El sábado 25 en San Carlos un delincuente asesinó a un policía que intentaba detenerlo mientras rapiñaba un almacén. Intercambiaron disparos y el delincuente también murió. Uno menos.
¡Cómo no tener miedo!
¡No jodan más con comparar la inseguridad local con la de otros países y decir que en esos es mayor que en Uruguay! Vivimos en este país y no en otros. Es acá donde nos rapiñan, matan o violan. Tampoco valen los argumentos partidarios de una defensa a ultranza de los derechos de los delincuentes y al mismo tiempo descalificar medidas radicales para combatirlos. Quienes lo hacen son tan delincuentes como ellos.
La situación de estos policías y sus familias es una indiscutible violación de sus derechos humanos. No conozco (quizá me distraje al revisar su página web) que la Institución Nacional de Derechos Humanos le haya exigido al gobierno revertir esa situación que no es nueva y les atañe.
Hace cinco años Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato de funcionarios policiales, advirtió que para muchos de sus colegas ser policía es un sinónimo de vivir en zonas marginales. Argumentó con razón que ponen en jugo su vida en la calle y la arriesgan en los barrios donde viven junto con sus familias. Están marcados.
¡Cómo no tener miedo!
Aunque en los últimos años los sueldos policiales mejoraron sustancialmente son insuficientes para escapar de esas zonas de guerra. Por esa razón el sindicato de 15.000 afiliados insiste en su reclamo para que se concrete de una vez por todas un plan de viviendas para proteger a los rehenes y a sus familias.
El Ministerio del Interior nunca se negó, pero solo unos pocos policías han tenido esa posibilidad. Todos los salarios policiales tienen un descuento del 1% con ese fin.
¿Qué ocurriría, si para apoyar a sus compañeros rehenes, los policías votaran una huelga como en 1987 y 1992? Habría un debate sobre su licitud y una declaración de esencialidad. Mientras se resolviera la ciudad estaría en manos de los criminales. Bastaría con una hora.
La semana pasada Rodríguez se reunió con la designada ministra de Vivienda, Irene Moreira, a quien le insistió con su reclamo de viviendas para los policías que viven en las zonas rojas. La coordinación la hacen los ministerios de Vivienda e Interior y la Agencia Nacional de Vivienda en un plan que se inició en 2017.
La retención del 1% de los salarios ha permitido recaudar mucho dinero. Pero solo 60 viviendas sorteadas no son nada para lo que se ha recaudado, denunció Rodríguez.
Habrá que ver qué medidas toman las autoridades que asumirán el 1º de marzo. Durante el gobierno del Frente Amplio blancos y colorados han exigido mejorar las condiciones habitacionales de esos policías. Sin embargo, no hay definiciones concretas de corto plazo en el proyecto de urgente consideración ni en declaraciones políticas.
¿Que el problema para las viviendas es la disponibilidad de dinero? Probablemente, pero como sentenció hace casi 200 años el uniformado número uno de este país: “Las causas de los pueblos no admiten la menor demora”. Y el que se demora, pierde. Perdemos todos. Así nos va.
