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    Herramienta política corrupta

    N° 2020 - 16 al 22 de Mayo de 2019

    Los argumentos en defensa del exdiputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Placeres oscilan entre el desprecio por la ley y la sensiblería. Disfrazan la realidad mediante cuestiones triviales o fingidas. Desde su banca, Placeres violó la ley para beneficiar con dinero del Estado a la empresa Envidrio (Ebigold S.A.) y a sus trabajadores, dos de ellos familiares directos.

    No es un tema menor porque lo respaldaron el sector mayoritario del gobierno y el expresidente José Mujica, transmisores del virus.

    Para que la distorsión y los argumentos menores no tapen lo esencial hay que comenzar por el artículo 161 del Código Penal que tipifica el delito de Conjunción del interés personal y del público.

    Dice: “El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero”.

    Se actualizó en 1998 cuando se aprobó la “ley anticorrupción” Nº 17.060. Su título es elocuente: “Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción)”.

    Con ese soporte el fiscal del Crimen Organizado Luis Pacheco solicitó el procesamiento y el desafuero de Placeres sin que nadie rebatiera sus argumentos jurídicos. Lo cuestionan discursos políticos, populacheros y emocionales. En el mismo paquete publicitario lo elogian por renunciar a su banca y al subsidio. No dicen que se fue porque el MPP lo sacrificó como a un cordero degollado para evitar un debate sobre su desafuero a un paso de las elecciones.

    Sin embargo, si el juez del Crimen Organizado Pablo Benítez dispone el procesamiento, el debate y la mácula son inevitables salvo que la sentencia —por razones jurídicas o estratégicas— salga después del 27 de octubre, el día de las elecciones. Quedan cinco meses.

    Para el fiscal, el delito lo marcan varios hechos: Placeres propuso y aconsejó en la Comisión de Legislación del Trabajo realizar los máximos esfuerzos para lograr la financiación de la planta. Votó el proyecto de ley que facultó a extender por 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores de la cooperativa entre los cuales estaban su hermano y su hijo. Pese a que en 2015, cuando asumió su banca, declaró que se desvinculaba de Envidrio, mantuvo un rol activo y varias cuestiones continuaron bajo su dirección. El fiscal aportó el testimonio de trabajadores y la grabación de una asamblea en la que Placeres tuvo un rol protagónico, lo que admitió en el Juzgado.

    No informó a la Cámara que seguía vinculado a la empresa. El reglamento lo obliga a declarar “toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere”. Alegó que no lo juzgó necesario porque era conocida su vinculación histórica a la “industria del vidrio”. Pero Pacheco le señala que en 2015 había informado de su desvinculación de la empresa, “por lo cual era su deber abstenerse en las votaciones o bien comunicar —en las instancias parlamentarias ya mencionadas— que continuaba ligado a la empresa en los términos que correspondieren, y que contaba con familiares directos que resultarían beneficiarios de los actos legislativos en cuestión”.

    Envidrio recibió US$ 11,5 millones del Fondes en dos partidas que no devolvió, y US$ 1,6 millones del Instituto de Empleo y Formación Profesional. Todo es de todos los contribuyentes, de los cuales decenas de miles son trabajadores. Envidrio dependió siempre de las gestiones y operaciones políticas de Placeres.

    La empresa, sucesora de Vidrierías del Uruguay, se puso en marcha en 2008 con el aporte inicial de US$ 3,9 millones del gobierno de Venezuela y US$ 3,3 millones del BROU.

    Con demagogia emocional Mujica sostiene que la imputación del fiscal es el resultado de que Placeres “estuvo cinchando para una fábrica que es una fuente de trabajo, que es una cooperativa”. Añadió el melodrama: “Vaya a averiguar cómo vive, la cama que tiene, el cuarto que tiene. La mujer vende huevos en la feria. ¡Por favor! No se puso un peso en el bolsillo”.

    Cuando Placeres renunció a su banca, desde las barras de la Cámara, obtusos militantes gritaban: “¡Se escucha, se escucha, arriba los que luchan!”. La presidenta del cuerpo, Cecilia Bottino (integrante del MPP), abandonó la neutralidad y aplaudió a su correligionario. Lo político sobre lo jurídico. ¡Arriba la corrupción!

    Varios integrantes del gobierno destacaron como un mérito que Pacheco desestimara otros delitos que habían denunciado los diputados blancos Jaime Trobo y Rodrigo Goñi y el exdiputado Gonzalo Mujica. Para los corruptos, los argumentos de la Justicia valen para exculpar, pero no para imputar.

    Cuando se investigaban las denuncias contra el vicepresidente Raúl Sendic lo defendieron con argumentos similares. En mayo de 2018 fue procesado por peculado y abuso de funciones. Un tecnicismo legal lo salvó de la usurpación del título de licenciado.

    Mujica ligó mal o tiene mal ojo. Sus dos hijos políticos le salieron rana. Es probable que terminen condenados. Aunque transitan hacia sus tumbas políticas, dejan un saldo terrible: en algunos sembraron la convicción de que la corrupción es válida como herramienta política.

    Esto no terminó. Seguirá después de marzo de 2020 porque Sendic no fue el primero ni Placeres el último. Aparecerán otras ranas, porque el poder absoluto corrompe.

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