Historia de un hartazgo

Empezaron a tomarnos el pelo en 1997 luego de que se aprobara un nuevo CPP. A partir de entonces se iniciaron dilatorias de dos décadas que en teoría terminarán, en julio. Antes y después, la craneoteca de los genios discutió largo y tendido, se produjeron prórrogas y modificaciones, hasta que en junio de 2002, con la crisis golpeándole en la nuca, el ex presidente Jorge Batlle dijo: “No hay plata”, y lo suspendió en forma indefinida.

Los debates continuaron. También la reiteración de seminarios, conferencias y declaraciones. En la craneoteca se sucedieron las discrepancias y los enfrentamientos, a veces por cuestiones de fondo; otras, por afán de notoriedad o luchas de poder. Algunos conspiraron. Y conspiran.

En 2005, cuando asumió el presidente Tabaré Vázquez, pareció que los zapallos se acomodarían en el carro. El gobierno impulsó la ley de Humanización del Sistema Carcelario, que creó una comisión para reformar el CPP. Fue importante el impulso del entonces secretario de la Presidencia y catedrático de Derecho Penal Gonzalo Fernández. Esa comisión de reforma ha sido la más amplia y pluralista de la historia para reformar un Código: Suprema Corte de Justicia, Ministerio Público, jueces, fiscales, defensores de oficio, actuarios y académicos. Todos los anteriores se aprobaron en dictaduras.

Finalmente, luego de cinco años, se concretó un proyecto que en diciembre de 2010 el ex presidente José Mujica remitió al Parlamento. ¡Por fin! dijimos. ¡Ya está!: tendremos un nuevo CPP. ¡Qué ingenuidad!: más tomaduras de pelo.

El Poder Legislativo demoró cinco años en aprobarlo: un Código no deja réditos electorales. Se acumularon cinco años de trabajo de una comisión de especialistas y otros cinco años legislativos. Finalmente se votó por unanimidad y la expectativa de verlo rápidamente en marcha era sensata.

Parecía el punto final de la prórroga. Pero no. Que si rige a pleno, o en forma territorial, que si un mes, el otro o el otro, que la plata no es suficiente para más personal y reformas edilicias, que chicha, que limonada… que a Gran Bonete se le perdió un Código y no se sabe quién lo tiene.

Mientras me acariciaba la calva, cada vez más amplia por las tomaduras de pelo, se decidió que rija desde el 16 de julio. En eso estábamos cuando surge una nueva posibilidad de aplazarlo. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, argumentó que es necesaria una nueva prórroga —la estimó hasta el 1º de noviembre— para adecuar el proceso de menores con el mismo criterio que los mayores, el régimen de libertad condicional y la Ley Orgánica policial. Y aquello de Voltaire de que “Lo perfecto es enemigo de lo bueno”, en el cajón de los recuerdos.

El Código del Proceso Civil, el “hermano mayor” del CPP, que abarca todos los juicios no penales (la amplia mayoría), es modelo para Iberoamérica. Rige desde 1989 y es obra de Luis Torello, Enrique Véscovi y Adolfo Gelsi Bidart. Tres juristas produjeron una revolución. Luego, sin urgencia, se realizaron algunas modificaciones.

Los cambios los sugiere el Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA). Transcurrieron 20 años desde el Código de 1997 y diez desde 2005 entre la comisión de especialistas y el Poder Legislativo. ¿Nadie de la craneoteca advirtió en esos lapsos que se requerían más reformas?

Ante la propuesta de nueva prórroga, la Suprema Corte de Justicia dice que está pronta para aplicarlo desde el 16 de julio. Varios legisladores de todos los partidos dudan sobre si votar la prórroga (Búsqueda Nº 1.917)

No es el único problema. Las facultades del fiscal de Corte para dar directivas generales a los fiscales se miran con recelo. El gremio de los fiscales que preside Dora Domenech tiene reservas: temen que se afecte la independencia técnica. Un grupo de fiscales disienten con la directiva y respaldan a Díaz. Los enfrentamientos no se limitan a lo jurídico.

Las colisiones entre el Ministerio Público y la Corte son cada vez más frecuentes. Aunque diplomáticas, las declaraciones tienen filo, contrafilo y punta. Hay dos ejes de poder mientras los nabos de siempre miramos desde la tribuna sin entender qué ocurre detrás.

Las pugnas pueden parecer secundarias, pero sobrevolando o subyaciendo se pueden trasladar a los procesos. Mientras, la amplia mayoría de los ciudadanos desconocen de qué se trata, tanto que todavía muchos confunden Código del Proceso Penal con Código Penal y cuando no, que penal y gol, es gol.

En cambio, la incertidumbre y sus vaivenes han tenido impacto entre algunos operadores del sistema. Aleatoriamente consulté a tres jueces, dos ex jueces, dos fiscales, un ex fiscal y cinco abogados. Con matices expresaron fastidio, hartazgo, saturación y desconfianza. Están hartos de cuentos y de que cada tanto tiempo les cambien la pisada.

Se sienten frustrados de que con una cuestión central para la vida institucional del país se juegue al Gran Bonete. Y aunque se puedan dar mil explicaciones —cada uno agitará la suya porque en esto no hay verdades absolutas—, con prórroga o sin ella, en el futuro asistiremos a más problemas y enfrentamientos. El problema ya no será solo que nos tomen el pelo.