IMM endurece el control a empresas “contumaces” en violar normas

Semanas atrás, durante el acuerdo semanal que reúne todos los lunes al equipo de gobierno de la Intendencia, el secretario general, Ricardo Prato, leyó una resolución que aplicaba por sexta vez una multa a una empresa que no cumplió con detener sus actividades.

“Cuando vemos que hay una reincidencia contumaz, el caso se pasa al departamento de Jurídica para que se haga una denuncia penal por desacato”, explicó.

Recurrir a la Justicia es una herramienta poco frecuente en estos casos, afirmó, pero a partir de la decisión de la intendenta de endurecer los controles se resolvió que se aplicará de forma “sistemática”, indicó el jerarca.

Por otra parte, Prato informó que la Intendencia citará “uno a uno” a los empresarios responsables de los establecimientos infractores para advertirles de la nueva política. Rodríguez indicó que la administración se propone reunirse con los empresarios “para explicarles que la Intendencia se va a poner más firme en el control”.

“Vamos a citarlos para hablar en buenos términos. La idea es explicarles la posibilidades legales que hay”, añadió Prato. “O se ponen en condiciones o vamos a ir a juicio, o vamos a demoler las obras sin habilitación”, afirmó.

Multas.

El 18 de agosto la Intendencia multó por tercera vez a una empresa ubicada en Francisco Tajes por violar la orden de paralización de las obras. También ese día el propietario de un estacionamiento ubicado en la calle Juan de Dios Peza fue multado con 135 UR (unos $102.600) por la quinta reincidencia en la violación de la clausura ordenada por la IMM.

El 21 de julio la empresa Caminagro SA, propietaria de una obra ubicada en Camino Bajo de la Petisa, fue multada por quinta vez por no obedecer la orden de paralizar las obras. El 26 de mayo otra multa de 135 UR se le aplicó a la propietaria de un prostíbulo por la sexta reincidencia en la violación de la clausura.

Estos son algunos ejemplos de los establecimientos que no respetan las sanciones impuestas por los inspectores. Según Rodríguez, entre las empresas reincidentes hay de “variada naturaleza”. Algunas prefieren pagar las multas y seguir operando para no perder tiempo en pedir las habilitaciones municipales, o comienzan a construir y al mismo tiempo van haciendo los trámites para autorizar las obras. Otras simplemente trabajan fuera de la ley, no están interesadas en regularizar y no pagan las multas.

Según Prato, los casos más comunes son las construcciones sin permiso, o la violación de la clausura de comercios.

Mencionó como ejemplo que un estacionamiento para camiones que trabajaba sin permiso “recién a la quinta multa recapituló”. “Alguna gente reacciona después de que le peguen muchas veces”, señaló.

En su opinión, parte del problema actual es que la comuna no tiene suficientes policías para controlar a las empresas que no cumplen. “Antes, cuando teníamos más funcionarios a disposición, a la segunda reincidencia le poníamos un policía en la puerta y se terminaba el tema”, afirmó. “Ahora no tenemos suficientes policías para eso”, por lo que cuando los inspectores se van, los establecimientos retoman sus actividades.

“De repente hay empresas que hacen las cuentas y les sirve pagar las multas”, sostuvo. El máximo legal que puede aplicar la Intendencia es 350 UR (unos $266.000), informó.

Dijo que en general los casos de reincidentes contumaces corresponden a empresas de “porte mediano”, que “por hacer un peso más hacen las cosas a las apuradas”.

La mayoría no están en las áreas más urbanizadas, indicó, sino en la periferia, donde hay menos inspecciones. “A veces no nos enteramos hasta que molestan a un vecino y ahí hacen la denuncia y vamos a controlarlos”, relató.

“Soy medio pesimista de que la gente venga por las buenas a regularizar”, dijo Prato. Pero “la idea es entrevistarlos uno a uno y ver cómo reaccionan, y explicarles que no nos interesa multar sino regularizar”, concluyó.