Impunidad en el vuelo judicial de Pluna

Para conocer las razones alcanza con que deje de buscar pajas en ojos ajenos y saque la viga del propio, especialmente por sus acciones, avales, omisiones y matufias del “caso Pluna”. Allí está la génesis de las “peores patologías”, cuya cara más visible es el vuelo rasante sobre el Estado de múltiples juicios. También la falta de certeza sobre cómo y cuándo se podrá demandar a “Campiani & Cía” por el daño de U$S 300 millones que causaron tras haber sido introducidos al negocio, entre otros, por el vicepresidente Danilo Astori, el ex ministro de Transporte Víctor Rossi y el “broker” Paul Elberse, con el respaldo del ex presidente Tabaré Vázquez.

Las demandas civiles por los daños derivados del cierre de Pluna incluyen a ex empleados que reclaman créditos laborales en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. No son solo contra el Estado, sino también contra Leadgate y sus directores.

El concurso de acreedores tiene demandas por millones de dólares a los que se añaden el Scotiabank y fideicomismos en Uruguay y Argentina, como señaló “El País”. La sindicatura se dispone a presentar un reclamo contra Pluna Ente Autónomo y Leadgate. El total de esos juicios oscila en U$S 170 millones sin los costos adicionales de intereses y honorarios.

Pensar que Mujica dijo que “ni loco” pagaría una condena judicial de un millón de dólares (una migaja al lado de lo de Pluna) al empresario Fernando Barboni porque el Estado incumplió al no entregarle la estación de AFE. ¡Las demagogias que tenemos que oír y padecer porque al presidente se le ocurrió abandonar la floricultura!

Sin ninguna sentencia en contra, el Estado ya empezó a pagar. En 2012 echó mano al dinero de los contribuyentes para reforzar el presupuesto y contratar, en Uruguay y en el extranjero, equipos de “picapleitos” (puros y castos, claro), para enfrentar a los “picapleitos” malévolos. Esos juicios no son los únicos; lo más probable es que surjan otros.

Lo improbable es que el Estado pueda demandar de inmediato a Campiani y a sus socios porque durante la negociación el gobierno los proveyó de una armadura: un pacto de impunidad con el diablo gestado por los abogados de Campiani. ¿Qué hicieron los abogados del Estado y de Pluna para impedirlo? ¿Por qué controles pasó? ¿Quién tomó la decisión? ¿Alguien preguntó la razón de esa impunidad?

Según ese acuerdo de impunidad —jurídicamente, “de indemnidad”—, pergeñado en el estudio del abogado Ricardo Olivera García, ni el Estado ni Pluna pueden por ahora demandar a Campiani o a sus socios. Renunciaron en el marco de esa transacción lícita, pero moralmente turbia. En suma, por varios años, los nabos de siempre tendremos que hacernos cargo de una estafa que pagaremos con nuestros impuestos.

Con ese impedimento vale preguntarse si esos imputados son los únicos responsables civiles por el daño causado o si también lo son los gobernantes anteriores y actuales que planificaron, instrumentaron y facilitaron el negocio cediendo ante los empresarios que fundieron Pluna.

El gobierno dice que busca evadir ese acuerdo. ¿No es extraño que nadie manifieste contra esa impunidad, tan impunidad como todas? Por el contrario, vergonzosamente, hacen declaraciones de apoyo, manifiestan en Araminda y buscan derogar delitos.

El acuerdo es clarito: el Estado y Pluna “nada tienen que reclamar” a Leadgate ni a la Sociedad Aeronáutica Oriental, fundada aquí para que Pluna operara como aerolínea de bandera. Deja claro que “se obligan a no promover contra ellos reclamación de ninguna especie, ni directamente ni a través de Pluna (…) salvo la eventual responsabilidad civil derivada de ilícitos penales acreditados mediante sentencia ejecutoriada”. ¿Qué significa? Que para demandar civilmente a los mafiosos es necesario que sean condenados penalmente y que se demuestre que los daños son el resultado del delito. ¿No es impunidad?

Para estimar el tiempo hasta llegar a la eventual condena de los procesados vale comparar este caso con el del ex director de Casinos, Juan Carlos Bengoa, otro hijo pródigo de Astori. Desde su procesamiento en 2007 hasta que fue condenado en diciembre pasado transcurrieron seis años. Así puede presumirse que recién se podrá demandar a Campiani y a sus socios transcurrido el mismo tiempo o más por tratarse de un expediente más complejo que el de Bengoa.

Luego sí se podría iniciar un juicio civil que se extenderá, por lo menos, una década. Entre uno y otro, más de 16 años. ¡Ufffff!

Cuando culmine esa larga etapa, varios protagonistas políticos, empresariales, damnificados y periodistas probablemente ya estaremos subyaciendo. O sobrevolando.