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    Incentivos, ¿para qué?

    N° 1951 - 04 al 10 de Enero de 2018

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    El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el director del Banco de Previsión Social (BPS) por los trabajadores, Ramón Ruiz, han sido bien explícitos sobre sus ideas y sus planes para seguir debilitando la operativa de las AFAP y para eliminar el lucro del sistema de seguridad social.

    Ortiz ha sido muy franco al considerar a Murro “aliado” en “la construcción de un sistema de seguridad social basado en la solidaridad, la universalidad y sin lucro”.

    Hace dos semanas, el propio Murro declaró a Búsqueda (21/12/2017) que “hoy no hay condiciones para hacer lo que (en 2008) hizo el gobierno de (Cristina Fernández de) Kirchner”. Lo que supondría reestatizar el sistema y pasar al BPS (apropiarse de) unos US$ 16.000 millones pertenecientes a 1.300.000 trabajadores afiliados.

    Como se ve, el ministro no anduvo con vueltas. Ese es su ideal, aunque cree —y lo dice— que hoy no hay condiciones políticas, ni la opinión pública está preparada, para reestatizar el sistema.

    Ante los dichos de Murro cabe preguntar: ¿el presidente de la República y “el renovador” Astori  comparten la opinión y la visión ideológica de su correligionario?

    Tras la sanción de la ley de los “cincuentones” que habilitó a ese grupo de trabajadores y jubilados a optar entre seguir en la AFAP o reincorporarse al BPS y topeó las comisiones que se cobran por administrar los aportes de sus afiliados, Murro reveló que el presidente Tabaré Vázquez pidió “crear un grupo de trabajo” para estudiar la problemática de la seguridad social a fin de “darle insumos al próximo gobierno”.

    “Nuestra preocupación fundamental es la gente, la igualdad, la solidaridad, los menos favorecidos. (…) El sistema de seguridad social debe ser intergeneracional e intrageneracional”, afirmó el ministro, quien integró el Directorio del BPS en representación de los trabajadores y luego fue su presidente (2005-2015) durante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio.

    El ministro parece olvidar el contexto en el que en 1995 se aprobó la reforma del sistema (hasta entonces de reparto y solidaridad intergeneracional): una relación activo-pasivo en franco deterioro y cuya proyección en el tiempo tendía a agravar la situación financiera del BPS con riesgo de provocar un colapso de las finanzas públicas.

    Coincidiendo con los dichos de Murro, Ruiz anunció la semana pasada una campaña para “defender al BPS, planteando, por ejemplo, aumentar el aporte patronal, actualmente el 7,5% de los salarios”.

    “¿Cómo evaluamos el sistema? ¿En función de que los números den? ¿O hay que verlo midiendo el grado de cobertura y los niveles de sostenibilidad? Porque para que los números den no es necesario achicar las prestaciones o las coberturas. Tenemos que pensar cuáles tienen que ser las fuentes de financiamiento”, declaró Ruiz.

    Pese a la asistencia legal del equivalente a siete puntos del IVA (unos US$ 1.400 millones), más lo recaudado por el impuesto a las pasividades vigente desde 2008 (unos US$ 250 millones el año pasado) las finanzas del BPS son deficitarias. Los números rojos, unos US$ 400 millones el año pasado, demandan una asistencia adicional del erario. Recursos que pagamos todos los días vía impuestos, tarifas de servicios públicos e inflación. O que el gobierno difiere su pago a través de un mayor endeudamiento. Pero que ya pagaremos.

    El planteo de aumentar el aporte patronal al BPS hecho por Ruiz llega en momentos en que si bien la economía está recuperándose, producto de mejores precios de exportación, de ingreso de capitales y de la recuperación de las economías regionales, el crecimiento no es acompañado por la creación de empleo. Ni siquiera han podido recuperarse miles de puestos de trabajo perdidos en los últimos tres años. Entre otras razones porque los costos laborales —impuestos, tarifas, sueldos— han puesto a muchas empresas pequeñas y medianas, que son las que más ocupan mano de obra, en una situación difícil. Sus ventas no mejoran lo suficiente mientras que las exigencias del fisco están en el límite de sus posibilidades y por tanto de su sobrevivencia.  

    Semanas atrás, Esteban Valenti dio cuenta en un artículo publicado en Uypress de la preocupación que le transmitieron varios pequeños y medianos empresarios, votantes del Frente Amplio, para mantenerse a flote por los altos costos que les impone el Estado. Una preocupación que desde hace tiempo le transmiten al gobierno las principales gremiales empresariales.

    Cualquiera diría que en las presentes circunstancias aumentar el aporte patronal, apretar aún más el torniquete impositivo, no luce como lo más indicado.

    Ajeno a esta realidad, impulsado por un voluntarismo propio de una ideología estatista, y procurando no alarmar a los trabajadores, Ruiz  trata de “vender” su idea. Por ello se apresuró a asegurar que no quiere “provocar desempleo ni fundir empresas”. No obstante se preguntó: “Si los trabajadores aportamos 15%, ¿es justo que los empresarios aporten 7,5%?”

     ¿Qué sería lo justo para Ruiz, 8%, 10%, 12%, 15%? ¿Por qué no 18% o 20% si es para mejorar las prestaciones estatales a trabajadores y pasivos de bajos recursos?

    Ruiz propone también tasas de reemplazo “inversas”, de modo que quienes en su vida activa tengan mejores salarios se retiren con una pasividad porcentualmente menor de lo que hoy les correspondería, de modo de poder mejorar a quienes llegan a la pasividad con sueldos menores. Solución que casualmente no aplicaron en el caso de los “cincuentones”, cuyas pasividades no estarán seguramente entre las más modestas.

    El objetivo de Murro y de Ruiz es coincidente. No solo expresan una tenaz oposición a las AFAP sino que pretenden contribuir a una mayor igualdad social a través de las prestaciones del BPS.

    Pues bien, corresponde preguntarse si ese es el mejor incentivo, el más adecuado, para impulsar cambios en la fuerza laboral del país. Para dotar de mayor empuje, creatividad y productividad a aquellos trabajadores con menor capacitación que suelen ser quienes tienen las remuneraciones más bajas en el sector privado.

    La cuestión es si ese esfuerzo igualitarista tendrá un efecto positivo o negativo para generar una sociedad más dinámica, que sintonice mejor con la economía moderna, que es la que crea nuevas y mejores oportunidades.

    El país debe superar un cierto conformismo mental que le impide acompañar el ritmo de los cambios que se registran en el mundo, que nos margina de sus beneficios, y que lleva a muchos de nuestros jóvenes más empeñosos y capacitados a construir su futuro en naciones más desarrolladas.  

    Basándose en enfoques ideológicos se defienden incentivos que contribuyeron al estancamiento y al fracaso de todas las experiencias socialistas conocidas.

    Murro, que tras su pasaje por el Partido Comunista se proclama frenteamplista independiente desde 1992, lo proclama con orgullo. “Nuestra preocupación fundamental es la gente, la igualdad, la solidaridad, los menos favorecidos. Esa es la garantía que da nuestro gobierno”. Que, por supuesto, confía en ser recompensado en las urnas por los beneficiarios dentro de dos años.

    Lo que hay que preguntarse es: ¿qué incentivos generamos para lograr qué?

    Mientras el ministro y el director del BPS proponen cambios en el sistema de seguridad social para lograr una mayor igualdad en la sociedad, el gobierno de su partido, que se ha beneficiado de la mayor bonanza económica que ha conocido el país en décadas, ha hecho poco para mejorar la educación pública, considerado universalmente el principal factor de igualación social en el punto de partida.