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    Incorporan a la formación de los fiscales pautas para el manejo de sus redes sociales a partir de un código de ética internacional

    Documento elaborado por 22 fiscalías de Iberoamérica les sugiere actuar en las redes sociales con “particular prudencia”, porque su mal uso representa un “riesgo mayor” al “decoro”, la “imagen” y la “imparcialidad”

    Días atrás circuló en Fiscalía un documento que reunía capturas de pantalla con indicaciones de “me gusta” que supuestamente había hecho la fiscal Gabriela Fossati desde su cuenta de Twitter. Un “me gusta” en una noticia que anunciaba los cambios aplicados por Luis Lacalle Pou en la normativa antitabaco, otro en una publicación de la esposa del presidente del programa Sembrando, otro a una viñeta que cuestionaba el apoyo del Frente Amplio al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración y varios más en publicaciones de distintos jerarcas de la actual administración llevaron a que se la cuestionara por tener simpatía con el Partido Nacional.

    El nombre de Fossati es una de las alternativas que el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, maneja para suceder a Enrique Rodríguez, que hoy está a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos pero pasará a la de Lavado de Activos a partir de enero de 2023. El documento sobre el presunto comportamiento de la fiscal en Twitter obligó a Gómez a reunirse con ella, quien le aseguró en ese encuentro que los “me gusta” se realizaron desde cuentas falsas con su nombre. El fiscal de Corte quedó conforme y resolvió respaldarla.

    Además de los próximos movimientos en las fiscalías, el episodio puso en cuestión la utilización de las redes sociales de quienes están a cargo de dirigir las investigaciones de crímenes, delitos y faltas. En ese sentido, Gómez aseguró a Búsqueda que comenzarán a “difundir” a través del centro de formación de la Fiscalía General de la Nación la Carta de Principios Éticos que se elaboró en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, llevada a cabo en Colombia en julio de 2022.

    El fiscal sostuvo que hay comportamientos en las redes sociales que pueden “perjudicar” la “imparcialidad” y la “objetividad” que requiere su trabajo. Entre esas conductas, mencionó como ejemplo el apoyo a grupos políticos. “A veces la función requiere mesura y prudencia”, subrayó.

    La Carta que comenzará a difundirse en la formación fiscal plantea pautas en torno a la exposición pública. El trabajo señala que todas las conductas “deberán ser acordes con la investidura propia del cargo” y aclara que esto no solo abarca al ejercicio profesional sino también a “su vida privada”.

    “Por ser personas públicas deberán observar en todo momento una conducta irreprochable”, dice. En ese sentido, agrega que deben “aceptar restricciones” en su conducta, ya que se trata de personas en “permanente escrutinio público”, por lo que sus acciones no deben dar motivo a “sospecha o duda alguna” respecto de la “integridad, capacidad mental o imparcialidad”.

    A modo de ejemplo, plantea que deben tener “siempre una actitud de sobriedad y austeridad” y “abstenerse de participar por su delicadeza en actividades incompatibles con su investidura, y que pudieran dañar su imagen, por coherencia y respeto a su autoridad y a la misma institución que representa”.

    La libertad de expresión en el ejercicio del trabajo de fiscal es un eje delicado que aborda la Carta de Principios Éticos. En ese sentido, plantea que el ejercicio del derecho debe ser de “manera ponderada” y que los fiscales deben “abstenerse de conductas que pongan en riesgo los principios que debe defender” o que pudieran “afectar negativamente” su función, la capacidad para ejercerla o la confianza de la sociedad en el sistema de Justicia. Por esa razón, plantea que la comunicación institucional de la Fiscalía, cuando lo amerite, debe realizarse a través de las vías oficiales de la institución o a través de comunicados por escrito.

    “El fiscal deberá recordar que la comunicación online, por su naturaleza, constituye un riesgo mayor que aconseja particular prudencia en su utilización por sus características de inmediatez, informalidad, facilidad de difusión y eventual descontextualización de contenidos, y un uso incorrecto puede poner en juego el decoro, imagen e imparcialidad del o de la fiscal e influir negativamente en la confianza hacia el Ministerio Público dentro del sistema institucional de justicia”, advierte.

    La Carta de Principios Éticos aún no fue analizada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que no tenía conocimiento de que el centro de formación iba a incorporar su contenido. El presidente del gremio, Willian Rosa, aseguró a Búsqueda que considera “positivo” que sea una especie de “guía” de principios” y que como está dispuesta “no merece ningún reparo”, aunque advirtió que estarán atentos a que no se transforme en “una regulación interna tendiente a limitar la libertad de expresión”.

    Rosa afirmó que saben que deben mantener “una actitud en su vida pública y privada en función del cargo que ejercen” y le parece “bien”. Recordó que la Ley 19.483 ya regula la labor de los fiscales en relación con derechos, deberes, responsabilidades y posibles sanciones.

    En relación con el uso de las redes sociales, sostuvo que el contenido de la Carta de Principios Éticos implica una “innovación importante”. Consideró, igualmente, que “lo ideal sería la autorregulación”, es decir “que cada fiscal comprenda la entidad e importancia de la tarea que desarrolla y se comporte de esa forma”.

    “Creo que suele haber un problema de dimensión de la repercusión que tiene lo que decimos en Twitter, Instagram, Facebook o en medios de prensa y que eso puede ser pernicioso para nuestra labor. (...) Cómo regular el uso de las redes sociales es un tema sensible. Prefiero la capacitación y el autocontrol a un posible verticalazo que invada la libertad de expresión que ya está delimitada por ley para nosotros”, afirmó Rosa.

    La Carta de Principios Éticos también destaca la importancia de la formación y la capacitación de los fiscales. Plantea que deben instruirse “en todos los conocimientos legales y técnicos que puedan influir en su actuación profesional, y en especial en las temáticas de género, así como conocer y acompañar el desarrollo de las nuevas tecnologías”.

    El centro de formación de la Fiscalía tiene como objetivo actualizar de manera continua a los fiscales, funcionarios técnicos y administrativos del Ministerio Público. Según Gómez, le están dando a su trabajo un “impulso grande” que desde julio hasta mediados de setiembre de 2022 implicó que recibieran capacitaciones unas 1.335 personas, entre fiscales y no fiscales, jueces, defensores e integrantes del Ministerio del Interior. En setiembre, en su comparecencia en el Parlamento en el marco de la discusión de la rendición de cuentas aseguró que continuar con el desarrollo del Centro de Formación es uno de los principales objetivos de la Fiscalía. Las temáticas abordadas allí van desde el desempeño de las tareas de investigación, preparación de casos, litigación, hasta comunicación y género.