Independencia o gatopardismo

Se acentúan cuando los procesados o condenados son políticos, como ocurrió en los últimos años con el exvicepresidente Raúl Sendic y el exministro de Economía Fernando Lorenzo.

En países con mayor desarrollo económico y cultural a los que muchas veces se los cita como ejemplo ocurre lo contrario, y vale la pena comparar. Desde la semana pasada el gobierno español del socialista (PSOE) Pedro Sánchez fue enérgicamente cuestionado por digitar a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado.

La democracia española se recuperó con la Constitución de 1978, pero, salvo retoques gatopardistas, todo sigue igual. El sistema de Justicia está pervertido por los políticos. No existen cambios democráticos porque quien acceda al poder quiere asegurarse la capacidad de digitar designaciones en las cúpulas del sistema, mediante un reparto que es avalado por todos los partidos, más allá de lo que algunos digan.

¡Cómo pretender cambios cuando hasta es legal que jueces o fiscales pasen a desempeñar funciones políticas, dejen en reserva su cargo y puedan regresar a su carrera para administrar Justicia! En todas las instituciones los abogados entran y salen. Una puerta giratoria que asegura suculentos salarios y poder.

Sin pudor, esos cargos se reparten entre “conservadores” y “progresistas” como si etiquetarlos de esa forma fuera tan normal como ignorar la independencia. Hace unos años se terminó el bipartidismo entre socialistas y populares. Ahora a los partidos menores que aumentaron su caudal electoral les tiran algún carguito. Todos contentos y bocca chiusa.

Delgado fue fiscal, diputada por el PSOE desde 1986 y luego en 2018 ministra de Justicia. Cesó este año como ministra y asumió nuevamente como diputada hasta el 15 de enero, cuando Sánchez la propuso como fiscal general. ¡Urdimbre judicial en las sombrasl!

Para que quede claro: de ministra y diputada del partido de gobierno pasa a un cargo en el que su independencia tambalea. El único requisito previo es escuchar la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no es vinculante.

Y votaron: de los 19 integrantes del CGPJ, siete consideraron que Delgado no es idónea “para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado”. Claro que esos siete responden a la oposición.

Pero, de cualquier manera, si la trayectoria de Delgado no fuera tan enrevesada y la política de Sánchez tan errática y timorata, seguramente hubiera contado con el aval de todos: a los tres fiscales que la precedieron no los cuestionaron.

La designación provocó “sorpresa” y “estupefacción” en los gremios de fiscales y entre los analistas, tanto que el oficialista diario El País, de Madrid, consideró en un editorial que la designación fue un error político.

¡Qué va a ser un error! Fue premeditado. En España el presidente es designado por la mayoría de los votos de los diputados. Sánchez no lo logró en un primer intento y, con el agua al cuello, alcanzó la mayoría en la segunda votación.

Necesitaba el apoyo de los radicales de Podemos y los comunistas de Izquierda Unida, y que se abstuvieran los diputados de la independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC). En setiembre había expresado que “con Podemos no dormiría tranquilo” y que los independentistas son golpistas. Para llegar al poder se bajó los pantalones: le dio a Podemos una vicepresidencia sobre cuatro y cuatro ministerios sobre diecisiete.

Faltaba satisfacer a ERC para serenar a los independentistas y evitar violentas manifestaciones callejeras que compiten en los medios con las acciones del gobierno. El procesado Oriol Junqueras, exvicepresidente de Cataluña, ahora advierte que votarán el presupuesto del Estado dependiendo del avance de la mesa de diálogo entre Sánchez y los independentistas. Lo tienen agarrado de la nariz.

Con la nueva fiscal Sánchez pretende ablandarlos con mimos y caricias “legales” en beneficio de quienes están encarcelados por violar la ley cuando pretendieron establecer la independencia en contra de la Constitución.

El estatuto para el fiscal general establece que “pueda llamar a su presencia a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para recibir directamente sus informes” y darle las instrucciones que estime. También prevé que el fiscal general pueda designar a cualquier fiscal para que actúe en un determinado asunto oído antes el Consejo Fiscal, el órgano que representa a la carrera.

Los independentistas han bregado por “desjudicializar la política”; Sánchez hizo lo contrario: politizó la Justicia. Esto indica que en las principales instituciones judiciales: Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado, CGPJ y Tribunal Constitucional buscará instalar una sintonía ideológica.

En 1997, a pedido de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos, España estableció convenios de cooperación para dictar cursos y talleres para jueces.

Entre 1998 y 2018 viajaron 106 jueces uruguayos a esos cursos con los gastos pagos y viáticos. Los organiza el CGPJ, ese organismo partidario que en los papeles tiene la función de garantizar en España la independencia de los jueces frente a los demás poderes del Estado.

Sería bueno que al finalizar los “alumnos” uruguayos dictaran en España un contracurso sobre independencia judicial, separación de poderes e incompatibilidad entre militancia partidaria y administración de justicia. Deberían dejar claro —porque parecen ignorarlo— que un Poder Judicial independiente es el freno para los desbordes del Poder Ejecutivo.