Inmoral campaña por la LUC

Se trata de una campaña en la que participan la presidencia del FA, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), la Asociación de Defensores de Oficio y el exjefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, con el respaldo de militantes en las redes sociales. Todos van en la misma dirección: la Ley de Urgente Consideración (LUC) aumentó los abusos policiales.

La LUC modificó penas y creó agravantes y delitos. Según estadísticas de la Fiscalía General de la Nación que publicó El Observador, al cerrar este mes se habían registrado 510 condenas judiciales por los cuatro delitos creados por la ley. Dos de esos delitos son los que los partidarios del Sí pretenden derogar: resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial. Entre ambos, las condenas judiciales fueron 394, con destaque en el agravio a la autoridad, que constituyó 58,8% del total. Condenas con pruebas y no con gritos de la tribuna.

Como un borracho, Pereira conduce a los bandazos. Cuando afirma que no se persigue a los policías porque las víctimas son “hijos de pobres”, está diciendo que jueces y fiscales son omisos o corruptos porque discriminan a las víctimas según su capacidad económica. En este sistema judicial por los derechos de los pobres vela el Estado-Poder Judicial a través de los defensores de oficio, cuya directiva en este caso se salió del cauce gremial. Pese al apoyo global de ese gremio a los argumentos de Pereira, este los ningunea y descalifica cuando señala que existe un “abismo” entre “contratar un penalista de primer nivel y no tener abogado”. Los defensores de oficio asesoran a más de 90% de los privados de libertad y, si su razonamiento fuera cierto, todos estarían desprotegidos.

Las únicas víctimas con respaldo, según Pereira, son las que tienen abogados penalistas contratados, aunque le consta —pese a que convenientemente lo oculte— que los defensores de oficio asesoran a más de 90% de los privados de libertad y que pese a ser pocos se dejan la piel en su trabajo.

El martes 16 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, le salió al cruce a Pereira con energía. Visiblemente molesto remarcó que en la Justicia no existen diferencias para juzgar a pobres o ricos y que los conceptos vertidos por el presidente del FA crean una peligrosa “barrera cultural” en la sociedad. Tiene razón. En la historia judicial no existen antecedentes de tal cosa, aunque algunos la hayan agitado por razones partidarias.

Pereira apela al pobrismo para referirse a los supuestos abusados por prácticas policiales. Omite decir que hay centenares de policías “pobres” como muchos sufridos trabajadores que apenas llegan a fin de mes con sus salarios y se ven obligados a vivir en zonas marginales rodeados por delincuentes. Un censo del Ministerio del Interior del segundo semestre de 2021 determinó que había 1.518 policías viviendo en asentamientos o viviendas precarias. Sus hijos crecen influidos por las culturas de la pasta base y por muchos principios familiares contrarios a la honestidad. Pero ni Pereira cuando integraba el PIT-CNT ni ninguno de los denunciantes se preocupó por revertir esa situación. Por el contrario, ahora le han dado la espalda al sindicato policial porque no respaldó la posición contraria a los artículos de la LUC que protegen el trabajo policial y la seguridad ciudadana.

La semana pasada en una carta en Búsqueda Layera afirmó que la “represión” policial de la LUC establece “un estado policial que no se corresponde con nuestra democracia y el respeto de los derechos humanos”.

Cuestiona la “represión” policial. Utiliza como muletilla un vocablo que se instaló durante la dictadura con sentido peyorativo para cuestionar a los militares. Para el ordenamiento jurídico la represión es una función del Estado para contener o combatir acciones delictivas o antisociales y asegurar la paz social. Cuando un trabajador, sindicalizado o no, es víctima de un delito pide la asistencia de los “represores”. ¡Sin respaldo policial, andá a pedirle protección a Magoya!