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    Integrantes del gobierno se oponen a aumentar penas a adolescentes

    La idea de aumentar las penas a los adolescentes infractores es un tema que está ganando espacio en el sistema político. Mientras el gobierno analiza la eficacia del sistema aplicado en Costa Rica, que castiga con hasta 10 y 15 años de prisión según la edad del delincuente y la gravedad del crimen, en el Partido Nacional, Jorge Larrañaga presentó un proyecto para “elevar” las penas. A su vez, miembros de la Suprema Corte de Justicia criticaron la “exagerada benevolencia” del Código de la Niñez y la Adolescencia y plantearon, también, su respaldo a un eventual aumento de las penas.

    Sin embargo, no todos en el espectro político están de acuerdo con esa idea. Dentro del propio gobierno y en organizaciones sociales la iniciativa no es bien vista.

    El director del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) Jorge Ferrando, consideró un “error” creer que “con más sanciones, más años de prisión” se soluciona el problema de los menores infractores.

    “Se cree que si se aumentan las penas la sociedad va a mejorar. Pero eso aumentará la población carcelaria al tiempo que persistirá la situación”, dijo. Para Ferrando de esta manera no se “soluciona el problema” que hoy tiene Uruguay, sino que es necesario “trabajar más” en la educación de esos adolescentes desde una “perspectiva de derechos”.

    Por su parte, el diputado del Partido Socialista Julio Bango sostuvo que “si el centro es la reeducación como guía para bajar la delincuencia, se podrían poner mínimos para delitos gravísimos, pero no podemos poner un máximo de 10, porque lo que le entrego a la sociedad es una bomba molotov”.

    “Hay que mantener los máximos de pena en cinco años. Porque si en cinco años no se puede hacer nada, es un problema de política pública que las cosas no funcionan”, señaló.

    Bango indicó que esperará que el Gabinete de Seguridad del Poder Ejecutivo termine su trabajo, pero adelantó que ya hizo saber dentro del Frente Amplio que el “Partido Socialista no lleva esto de aumentar las penas”.

    Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño y del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur), expresó su rechazo a la idea que maneja el Poder Ejecutivo. “Nos oponemos a esto. No se puede trasladar in totum el derecho penal de adultos al derecho de adolescente. El adolescente tiene una característica de encontrarse en desarrollo, entonces la dimensión subjetiva del tiempo y el espacio cobra particular relevancia en esa edad. Entonces, no es lo mismo un mes para el adulto que para el adolescente”.

    “¿Para qué se quiere aumentar las penas? ¿Para tenerlos 20 horas encerrados sin hacer nada?”, cuestionó.

    La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia presentó en el Parlamento los índices de reincidencia de los adolescentes. El presidente de la corporación, Daniel Gutiérrez, informó que en los dos últimos años en Montevideo, de los 1.796 adolescentes a los que se les inició un procedimiento, resultaron reincidentes 480, es decir el 26,72%. En el interior, y en 2011, se tenían 752 casos de los cuales 87 (11,5%) eran reincidentes.

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