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Derechos humanos hoy. Hay una serie de inversiones públicas previstas que no responden al sentido común y en especial a la prédica de austeridad del presidente de la República, José “Pepe” Mujica.
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Me refiero concretamente a la nueva sede del Banco República, el Museo del Tiempo y el novedoso diseño-proyecto del puente de la laguna Garzón.
El Banco República no necesita una nueva sede de ese porte y de ese gasto. Los bancos contemporáneos funcionan en base a tecnología informática y sucursales. Es cierto que el “Banco País” tiene responsabilidades operativas de importación y exportación. Pero aun con ello no precisa de la fastuosidad de lo proyectado por los arquitectos que ganaron en un concurso. ¿Será que Calloia quiera repetir lo que ocurrió en Antel durante el segundo gobierno de Sanguinetti, con la no necesaria construcción de la multimillonaria Torre de las Comunicaciones? Es solo una presunción, pero la similitud existe.
El otro asunto son los 10 millones de dólares previstos para lo que se viene denominando “Museo del Tiempo”, a instalarse en un proyecto que recupera las carboneras del gas del barrio Sur. Mientras los museos del país, que son públicos en su mayoría, están casi deshechos, se planifica una inversión exuberante en detrimento de la riqueza y diversidad de todos los acervos que hay en el territorio nacional. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, ¿quiere hacer un museo de corte científico, que responde a su formación, profesión y sus gustos pero no a las necesidades que acarrea su cartera?
Por último, el tan publicitado puente que cruzaría la laguna Garzón uniendo a Maldonado con Rocha. La autoría responde al prestigioso arquitecto Vignoli. La propuesta es llamativa, parece original y cuenta con aval oficial. Pero cabe preguntarse la diferencia de costo entre un puente común y esta propuesta. Sin duda saldrá más caro porque las fundaciones y la cobertura casi se duplican, así como otros rubros propios del diseño a llevarse a cabo.
En un momento que las cárceles son el principal tema de derechos humanos, todas estas inversiones le dan la espalda porque no existe una asignación presupuestaria para atender dichos recintos de reclusión y recuperación.
Se podrían nombrar otros tópicos donde invertir ese dinero, como las infraestructuras para educación, atención de la infancia carenciada, que quedan opacados ante los gastos previstos.
Por último cabe otra reflexión. La tan progresista (en otros tiempos) Sociedad de Arquitectos del Uruguay da la espalda a este tipo de reflexiones y me indigna como integrante que no se pronuncie. ¿Será que el corporativismo prima sobre el hecho de colaborar en construir una sociedad más igualitaria, justa y humanista? La misma pregunta le cabe a la Facultad donde me formé y que salimos a defender en dictadura la destrucción que se venía realizando, bajo la consigna de “una ciudad sin memoria”. (Cabe rememorar como antecedente que los integrantes de la SAU estuvieron omisos y mantuvieron compromisos con el fracasado millonario Plan Fénix de finales de los 90).
Creo que los proyectos actuales ameritan un intercambio a todos los niveles, desde las elites gobernantes, los trabajadores organizados y la ciudadanía, sin distinción de partidos, así como de la diversidad de organizaciones existentes.
Me despido reiterando que se está dejando a un lado el principal problema de derechos humanos que padece el país, que son el estado de las cárceles y en particular los edificios. Las personas directamente afectadas, reclusos y familiares, tienen menos voz que profesionales, instancias académicas y elites de gobierno y la oposición entre otros. No por eso se justifica su estructural desplazamiento.
