Jaque narco a la Justicia

Una denuncia penal del comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, ante la implacable fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, habilitó consecuencias penales para algunos, aunque no solucionan el fondo.  En el expediente que analizó Petit, Mercedes Acosta, la abogada defensora de González Bica, presentó informes falsos sin la firma del comisionado. Los utilizó como argumentos para solicitar la prisión domiciliaria del recluso por razones humanitarias, para someterse a diálisis diarias.

Sobre la responsabilidad de la abogada se plantea una interrogante: ¿debe aceptarse que vuelva a ejercer su profesión luego de haberla utilizado como instrumento delictivo para estafar a la Justicia? Tiró la ética y la moral a la cuneta. Se deberían dejar las medias tintas y aplicarle una sanción capital, pero nunca ocurrió ni aun en casos de mayor gravedad como el del exfiscal Carlos García Altolaguirre y la exjueza Anabella Damasco.

Pero ¿qué funcionario controló en el juzgado la autenticidad de esos documentos que sin la intervención de Petit aún se darían por buenos? Históricamente todo documento que ingresa es sometido a controles. Deberá quedar claro en la investigación administrativa.

Todo demuestra el peso de la billetera de los narcotraficantes para sortear intrincados laberintos procesales. La gravedad es inusitada porque en esas falsificaciones se basó la jueza María Elena Mainard para concederle el 31 de mayo a González Bica la prisión domiciliaria para su asistencia médica.

La Suprema Corte de Justicia, atenta y preocupada, le pidió a Mainard un informe sobre los hechos y le reclamó el expediente para analizarlo y decidir si corresponde tomar medidas sancionatorias. Los ministros deberán ser severos. Cada vez más los ciudadanos requieren de la Justicia seriedad y rigor, tanto desde el punto de vista penal como administrativo. De lo contrario, la credibilidad del sistema termina en un pantanal.

Es necesario mantener entre rejas a estos narcos y a sus cómplices el mayor tiempo posible, desestimando acuerdos que los beneficien con menos prisión u otras medidas que pretenden evitar la superpoblación carcelaria.

El 30 de agosto, tres meses después de que Mainard le concediera la prisión domiciliaria, el recluso se fugó luego de cortar la tobillera electrónica de control, un instrumento que demuestra su poca utilidad, aunque algunos la reclamen con una insistencia ingenua.

Poco antes de la fuga la abogada Acosta renunció a la defensa. Vio que se le daba vuelta la taba luego de actuar como su compinche, como lo demostró la fiscal Ferrero, a quien intentaron amedrentar. No la conocen porque una amenaza a esta fiscal es como pretender derribar un muro con una honda.

En este maremágnum irrumpe una duda sobre una imparcial imagen judicial: ¿es razonable que la misma jueza de cuya decisión derivó la fuga y validó los documentos falsificados siga al frente de este proceso?

El fugado no es un delincuente del montón. Se trata de un narcotraficante de 38 años con varios antecedentes. El 7 de diciembre de 2022 fue condenado a cuatro años y 11 meses de prisión luego de que la policía lo detuvo y le incautó 423 kilos de droga (251 de pasta base y 172 de cocaína) que transportaba disfrazado de personal sanitario en una camioneta que simulaba ser una ambulancia. Su organización incluye el uso de una avioneta y de varios vehículos.

El valor de todo lo incautado oscila en el mercado internacional entre 30 millones y 40 millones de dólares. Con ese monto son cambio chico los US$ 100.000 que González Bica le pagó al falsificador Matías Campero (también imputado de hacerse pasar por abogado) de los documentos presentados en el juzgado.

No es todo. Los problemas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se acentúan con hechos que suelen pasar inadvertidos. Así surge de un debate con un insólito tono ajurídico entre la jueza Mainard, la fiscal adjunta de Estupefacientes, Gabriela Fernández, y Acosta y la abogada defensora. Deja en evidencia que entre los problemas a solucionar también están la falta de rigor y de sentido común.

Acosta argumentó que su cliente padece una enfermedad renal que requiere que sea sometido a diálisis y en la cárcel no es posible. El 31 de mayo se realizó una audiencia judicial y su contenido no tiene desperdicio, se asemeja a un guion de una comedia con un final dramático.

Allí la jueza debía decidir si debido a patologías crónicas González Bica podía ser atendido en la unidad carcelaria en la que estaba alojado o si era necesario otro lado. La abogada solicitó que fuera trasladado a un lugar en el que pudiera recibir el adecuado tratamiento porque en la cárcel era imposible.

Según el registro en audio (se ignora si fue transcripto en el expediente) que reprodujo El Observador, se leyó un informe del médico forense de la Clínica del Penal de Libertad según el cual la enfermedad crónica del recluso “implica una relación de complejidad que requiere un particular abordaje asistencial” y hasta ese momento “no se ha cumplido rigurosamente con las indicaciones médicas, tratamientos y controles, exponiéndolo a un grave riesgo para su salud e integridad física”.

Para la abogada era suficiente para concederle la prisión domiciliaria. En un inicio la jueza compartió el razonamiento.

Pero en contra se expresó la fiscal adjunta Fernández. Reclamó que se agotaran todas las posibilidades para encontrar un lugar de reclusión donde pudiera continuar el tratamiento.

Mainard le contestó con ironía: “Bueno, ¿y cuál sería, doctora? Porque yo, por lo que tengo entendido, a nivel carcelario (la diálisis), no sé en dónde, en la China… Las visitas las hacemos periódicamente a las cárceles; no tienen lo mínimo, un analgésico…  No tienen vehículos para hacer los traslados. Yo entiendo su planteo y lo considero, pero quiero que me diga a dónde lo llevamos”.

Fernández insistió en que el juzgado oficiara al INR para consultar si algún centro carcelario podía cumplir con las exigencias de cuidado que requería González Bica porque “el delito que cometió el penado es muy grave”.

“¡Pero nadie lo está dejando en libertad!”, le replicó la jueza, decidida a otorgar la prisión domiciliaria.

Como si previera lo que al final ocurriría, la fiscal advirtió sobre el caso reciente de una persona que estaba en prisión domiciliaria, cortó su tobillera y se fugó al exterior.

La abogada-compinche Acosta le reprochó su argumento: no estamos frente a un “asesino serial que haya generado pérdida de vidas humanas, sino frente a un caso importante de drogas”.

Finalmente, la jueza accedió a enviar de oficio al INR para consultar sobre las posibilidades de atención en la diálisis.

“Lo que el INR va a responder es que sí (tiene un centro en condiciones) o que no, pero no lo va a cumplir tampoco”, porque el INR tiene falta de recursos para garantizar las funciones básicas, pronosticó Mainard.

Fundamentó su posición y dramatizó:  “Entiendo que el delito es grave, pero porque el delito sea grave no lo vamos a dejar morir en reclusión. Ese es mi concepto de las cosas. El señor no es un santo varón, el señor tiene una condena (…), sé que no es un angelito bajado del cielo, cometió un delito, tiene una pena, la tiene que cumplir, ¿verdad? Pero sabemos la situación del INR hoy por hoy. Es lamentable”.

Pero sus dotes de adivina fallan. Poco después el INR, con la firma de su director, Luis Mendoza, respondió la consulta judicial y fue terminante: “Se informa que la Unidad Nº 1 (Punta de Rieles) cuenta con policlínica de ASSE (SAI-PPL) donde se pueda dar atención de acuerdo a la patología que padece el causante de autos. En lo que se refiere a la homodiálisis, el Dr. Wilfredo Recalde (subdirector de SAI-PPL) informa que será el facultativo de guardia quien determine la necesidad de trasladar a la PPL en cuestión a un centro de diálisis para tales efectos”.

Muy poco le costaba a Mainard utilizar el teléfono para comunicarse (20309161) con Mendoza y consultarlo o convocarlo a su despacho antes de tomar la decisión que derivó en la fuga.

Así nos va.