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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió al debido proceso como el “conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos…”. Todos deben tener la posibilidad de “hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva”. Garantías mínimas para que un proceso judicial sea equitativo y justo. No hay dos opiniones.
Por eso vale observar algunos argumentos falaces del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt y de la Mesa Política del Frente Amplio. Invocan la defensa del debido proceso como una excusa para cuestionar a los jueces que dictaron las sentencias —de primera y segunda instancia— sobre el expresidente brasileño Lula Da Silva, imputado de corrupción y lavado de dinero.
Con trampas dialécticas la central sindical añadió: “No pedimos que no se investigue, no pedimos que no se juzgue si se encuentra alguna prueba que incrimine al expresidente o a otros, pero sí pedimos que el proceso no esté viciado de intereses políticos y económicos”. ¿Quién demuestra que el proceso se encuentra viciado por intereses políticos y económicos? ¿El Pit-Cnt? ¿El Frente Amplio? ¿El imputado?
¿Durante el proceso le retacearon las garantías a Lula? No. ¿Brasil tiene una democracia y la Justicia es independiente? Sí. ¿Alguien le impidió al expresidente gozar de un proceso equitativo y justo? Nadie. ¿Existen pruebas de que jueces y fiscales hayan conspirado para perjudicarlo? Ni siquiera sus abogados tuvieron el coraje de sostenerlo. ¿Entonces?
El cúmulo de argumentos para defender al expresidente y cuestionar a la Justicia integran la estrategia de la posverdad. La academia define a ese neologismo como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emoción con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. En buen romance, mentiras emotivas. Los corruptos, sus cómplices y los demagogos son maestros.
Si existiera alguna duda sobre la corrupción en Brasil hay indicadores imparciales. En el último ránking de 2016 de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en América Latina, Brasil ocupa el puesto 79 de la lista sobre 176 naciones. El año pasado Alejandro Salas, director para las Américas de esa organización se refirió a la corrupción en Brasil y remarcó que llegó el momento del “caiga quien caiga”. Es lo que ocurrió.
La corrupción no es monopolio de Lula. También de la expresidenta Dilma Rousseff y de los empresarios vinculados a los casos Mensalao, Petrobras-Lava Jato y Odebrecht. Involucra a decenas de gobernantes coimeados por esos empresarios durante los gobiernos de Lula y Rousseff. El expresidente tiene otras cuatro investigaciones por corrupción y en marzo se espera una nueva sentencia por el caso Odebrecht.
El viernes 26 la Mesa Política del Frente Amplio insistió en que se violaron las garantías del debido proceso. Calificó la sentencia como “una ofensiva económica, política y comunicacional con el respaldo del sistema judicial”. ¡Qué tal! Se refiere a un sistema judicial que entre 2003 y 2016 (13 años) actuó durante los gobiernos de Rousseff y Lula.
Todos tienen derecho a manifestarse. También a presionar sin violencia. Es un error —o una estrategia— colocarle una connotación peyorativa a la presión cuando lícitamente se ejerce siempre en los sindicatos, en las empresas y hasta en la vida familar. Lo nefasto no es presionar sino que alguien se deje presionar y admita torcer el rumbo de la moral y la ley.
El fiscal del caso, Mauricio Gerum, dio en el clavo. Advirtió que esos manifestantes son una “tropa de choque peligrosa”. ¿Se acuerda de los fasci di combattimento de Mussolini? Este es el moderno fascismo de América Latina: Lula, Rousseff, Néstor y Cristina Kirchner, Chávez, Maduro, Ortega, Castro y los serviles compatriotas que van como furgón de cola.
Defienden al corrupto. Buscan cobijar a quien les dio de comer mientras lideró el socialismo del siglo XXI. Lo político por encima de lo jurídico, y lo corrupto por encima de lo moral.
Pero los jueces del tribunal João Pedro Gebran, Leandro Paulsen y Victor Luis dos Santos coincidieron en aumentar la pena: de nueve años y medio a 12 años y ocho meses de prisión. Al que no quiere feijoada, dos platos. Lula denuncia que la condena fue “un pacto entre la Justicia y la prensa”: hay que hacer un esfuerzo para no reírse a carcajadas.
Consideraron probado que el expresidente recibió de la constructora OAS (lo confesó uno de los empresarios, Leo Pinheiro), un apartamento triplex en la playa Guaruja valorado en U$S 1,8 millones. La OAS participó en la ronda diabólica de Petrobras-Lava Jato pagándoles comisiones ilegales a políticos de diversos partidos. Lula argumenta que no existe ningún documento que demuestre que es el dueño y que nunca vivió allí. Pero hay otros procesos.
Lula quedó a un paso de ir a prisión y de ser inhibido como candidato presidencial para las elecciones de octubre. Podrá postularse en agosto, pero será el Tribunal Superior Electoral el que decidirá si puede ser candidato.
En la posverdad se refugiaron, entre otros, el expresidente José Mujica, la vicepresidenta Lucía Topolansky, la senadora Constanza Moreira, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, la vicepresidenta del Frente Amplio, Sandra Lazo, y el secretario político de la coalición, Gonzalo Robledo.
En la delegación a Porto Alegre se destacó el exvicepresidente Raúl Sendic. Durante una conferencia previa a la sentencia organizada por el Partido de los Trabajadores, el inefable exlicenciado pontificó: “Hemos de tener claro que el objetivo estratégico es destrozar la épica que en el transcurso de estos años fuimos capaces de construir. Quieren desprestigiar a los líderes de los partidos de izquierda frente a las grandes masas, a las masas sociales que son las que impulsan los cambios”.
La posverdad pura y dura. La misma que utilizó con su licenciatura, con las tarjetas corporativas y con Ancap. La épica hace agua.
