Jueces, partidos y transparencia

La Corte tiene un diseño institucional con una autonomía formal media pero una autoridad baja, razonan Florencia Antía y Daniela Vairo de la Universidad de la República en La Suprema Corte de Justicia: entre instituciones formales e informales.

Estas posturas probablemente determinaron que los partidos políticos se hayan volcado a utilizar con más enfasis la prioridad de la Constitución para seleccionar a los ministros de las cúpulas jurisdiccionales. Buscan designaciones a dedo, constitucionales, sin duda, pero confecionadas a medida.

Desde hace unos dos meses los partidos han buscado acuerdos y las últimas dos semanas pisaron el acelerador para designar la vacante en la Corte, que el 27 de octubre dejó Luis Tosi, y repartir otras dos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), las de Eduardo Vázquez Cruz, el 10 diciembre de 2022, y de Nilza Salvo, el 30 de enero de 2023. Para conformar a casi todos los negociadores procurararon definir las tres vacantes al mismo tiempo. Las gestiones fueron llevadas a cabo por el senador blanco Gustavo Penadés y la senadorea frenteamplista Lucía Topolansky.

El artículo 236 de la Carta dice: “Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y, a igualdad de antigüedad en tal cargo, por el que tenga más años en el ejercicio de la judicatura o del Ministerio Público o Fiscal”. Lo mismo rige para el TCA.

Los negociadores pretendía armar un “paquete” con los tres cargos, pero por diferentes razones no les fue posible. La Asamblea General está en receso y es necesaria su intervención para las designaciones, como surge del artículo citado de la Carta. Por eso apuraron un acuerdo para aprovechar la Asamblea General convocada en forma extraordinaria para ayer miércoles con el fin de tratar el veto del Poder Ejecutivo a la ley forestal. El plazo para la sustitución de Tosi vence el 27 de enero y, si no estalla una bomba o surge una solución inextremos, asumirá Doris Morales, la más antigua.

Según publicaron Búsqueda y El País, aunque se han barajado otros nombres, los candidatos firmes fueron Rosina Rossi para la Corte y Ángel Cal y Beatriz Venturini al TCA. La propuesta de Venturini marca un hito político desconcertante: ocupa el lugar 27 en la lista de antiguedades y los políticos pretendían dejar por el camino a varios jueces. El gremio de los jueces, presto para reclamar por otras cosas, en esto se esconde temeroso ante los políticos, lo que no es menor.

Cuando la decisión es política las designaciones no se basan solo en idoneidad, trayectoria profesional ni honorabilidad. ¿Por qué habían descartado a Morales, la jueza con mayor antigüedad? ¿Tienen algo para cuestionarle desde el punto de vista profesional o personal? Nada. La jurista, de primera línea, quedaba al costado del camino por ocultas consideraciones políticas.

Vale recordar una columna en Búsqueda (Nº 2.088) de Andrés Danza referida a lo político sobre lo jurídico: “Pues lo político le ganó, le gana y le ganará a los jurídico, siempre. No importa cuál sea el partido que esté a cargo del gobierno ni la opinión que manifiesten públicamente sus principales líderes. El verdadero poder es de las personas y de las mayorías que tengan atrás, que son las que pautan las normas. El problema es cómo se use ese poder. Lo que está mal es el abuso de la política menor o partidaria, pisoteando lo jurídico”.

Estos repartos borran con el codo la transparencia y la carrera que se le exige a la Justicia; se hace de espaldas al ciudadano porque de la misma forma que se descarta a algunos sin argumentos tampoco se fundamentan las razones de la elección.

Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo y expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un especialista imparcial, ha remarcado la falta de transparencia en los accesos a las cúpulas jurisdiccionales; en la mayoría de los países de América Latina se incluyen las audiencias públicas para conocer a los candidatos. Transparencia democrática, argumentó. Aquí el mecanismo constitucional es manipulado clandestinamente y no cambiará porque quienes tienen la sartén por el mango quieren seguir cocinando aunque se les queme el estofado. Y quien puede plantarse firmes, se calla la boca.

Así nos va.