Jueces rebeldes contra fondo solidario

Con esos antecedentes pensé que en Uruguay no podría ocurrir algo similar porque los jueces no se consideran por encima del resto de los funcionarios del Estado. Me equivoqué. Algunos no solo creen estar por encima, sino con el derecho de merecer un trato diferencial. Consideran posible torcerle la mano al gobierno y a todos los partidos mediante una pulseada gremial, corporativa. Olvidan que los intereses corporativos jamás pueden desplazar el interés general y la salud pública.

Objetan la base de cálculo y que se incluyan rubros como el pago del alquiler a los jueces que viven en el interior. No descartan plantear acciones de inconstitucionalidad porque el impuesto grava partidas concedidas por el Poder Judicial, informó El País. Una jueza le declaró al diario: “Estamos de acuerdo con el Fondo Covid-19. Sí creemos que es mucho lo que se nos descuenta”.

El lunes 4 le pidieron a Reyes mediante estratégicos mails individuales que convoque a la asamblea. Tres días antes, el viernes 1º, la AMU le había comunicado a sus asociados la aprobación de la ley.

Cuando ese pedido llegó a oídos de jueces con larga experiencia —entre ellos ministros de los Tribunales de Apelaciones—, causó sorpresa y disgusto. Algunos lo consideran “un planteo antiético, por decir lo menos”. Advierten que el reclamo “le da la espalda a la situación social, económica y sanitaria por la que atraviesa el país y a los ciudadanos que tienen menos”.

Salvo ese grupo de jueces ningún gremio cuestionó la ley que fue votada por todos los partidos políticos. Lo retenido se destinará a la actividad estatal para la protección de la población, erogaciones del Ministerio de Salud Pública y actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a cargo del sistema nacional de emergencias.

La AMU tiene 60 días para convocar a la asamblea. Su comisión directiva analiza cómo hacerlo ante las restricciones sanitarias que dificultan la reunión. Tal vez para no avergonzar a la magistratura ante la opinión pública, el gremio y los jueces han evitado comentar públicamente lo ocurrido.

Quienes discrepan con el reclamo de sus colegas coinciden en que la ley es “justa”. La gran mayoría de los funcionarios públicos trabajó menos de lo habitual durante el tiempo de confinamiento y, si se consideran los ingresos correspondientes a ese lapso, a menos tiempo trabajado, menos salario. Creen necesario apoyar la ley por razones morales y de conciencia social pero al mismo tiempo evitan confrontar públicamente.

Es indiscutible que la pandemia produce efectos negativos sobre la economía. Si los salarios y jubilaciones de los funcionarios se pagan con los tributos que recauda el Estado, ante una actividad económica resentida parece lógico y natural redistribuir también las pérdidas y los sacrificios para superar la situación.

Un juez opinó que es un error considerar la ley como una cuestión de solidaridad. Por definición solidaridad implica la libre voluntad y no se puede imponer. La ley es una regla imperativa para la cual no existe la libre voluntad, sino la obediencia. No hay dos lecturas.

Hay otros argumentos contundentes: se debe apoyar la ley no solo porque es por un tiempo determinado, sino, además, porque los jueces son asalariados privilegiados si se compara sus ingresos con los de quienes padecen el seguro de paro o están desempleados.

Las retenciones previstas para los salarios y jubilaciones de los jueces (como para el resto de los funcionarios) se ubican dentro de cuatro franjas con descuentos de entre 5% y 20%.

“Son sueldos altos, no es gente que tenga que parar la olla”, justificó el presidente Luis Lacalle Pou cuando anunció la iniciativa que incluye su salario y los del resto de los gobernantes y exgobernantes.

Tras consultar a una decena de jueces con experiencia, a ninguno se le ocurrió reclamar “ni tan siquiera insinuar” que se les descuente menos de lo que fija la ley. El ministro de un tribunal con larga actividad gremial fue contundente: “Si la Asociación de Magistrados reclama contra la ley dejará de representarme por inmoral”.

Otro juez, ávido comprador de libros y revistas técnicas, recordó que durante el gobierno de Jorge Batlle se estableció para los jueces una partida de perfeccionamiento académico (Ley de Presupuesto Nº 17.296), que en realidad es un aumento salarial encubierto que fue reiterado por todos los gobiernos siguientes. Nunca nadie lo cuestionó.

Esa partida oscila en los $ 6.000 para cada uno y no están obligados a rendir cuentas por ese dinero con el que deberían pagar libros, revistas jurídicas o cursos de posgrado. “La realidad es que el ‘perfeccionamiento académico’ muchas veces termina en el supermercado o en gastos personales”, comentó.

Por todo lo dicho sería bueno asistir a esa asamblea extraordinaria para saber quién es quién entre quienes administran justicia y si al hacerlo aplican la misma filosofía que en este caso.

Los periodistas deberían presenciar ese debate, salvo que, a pedido de los socios, se impida su ingreso. En ese mundo la transparencia siempre transita entre tinieblas, aunque se proclame lo contrario.

Cabe la posibilidad de que un saldo de sentido común los lleve a recular y dejen sin efecto el pedido de una asamblea. También es posible que estiren la piola hasta que se rompa.