Jueces y política

“En marzo dijo que la política no era una opción en ese momento. ¿Sigue sin serlo?

Los antecedentes demuestran que los jueces y fiscales uruguayos resisten sin esfuerzo la seducción del poder político. Cada uno tiene sus preferencias partidarias pero a la hora de juzgar se impone la imparcialidad.

Esa abstracción ocurre tanto durante sus funciones como tras abandonarlas. Algunos advenedizos que pretendieron incursionar en política terminaron en la cuneta.

Me baso en la observación de más de cuatro décadas de periodismo judicial durante las cuales constaté presiones o pedidos a jueces, fiscales y a las cúpulas jurisdiccionales. El rechazo, cualquiera fuere el gobierno de turno, ha sido firme. Es lo que importa.

No es habitual que los políticos reclamen fallos a medida. Aunque unos pocos totalitarios suponen que su cargo político les otorga patente de corso, el resto respeta la separación de poderes.

En 2016, una encuesta del Foro Económico Mundial (Foro de Davos) sobre la autonomía de los jueces respecto de los gobiernos, determinó que Uruguay ocupa en América Latina el segundo lugar y solo es superado por Canadá. Brasil tiene el puesto 92 y Argentina el 129. Como veremos más adelante, comprensible.

El año pasado, The Economist ubicó a Uruguay como el único país plenamente democrático de América del Sur y en el lugar 28 del mundo. Dentro de esa democracia plena se incluye el sistema de Justicia.

Cuando se trata de independencia judicial los uruguayos pueden dormir tranquilos. El sistema está políticamente incontaminado y sus integrantes son moscas blancas en el concierto regional e internacional.

La industria del rumor es vieja. Hace 25 años irrumpió desde el Palacio Legislativo: “El juez penal José Balcaldi tiene aspiraciones políticas”. Buscaban descalificarlo. Investigaba la que era la primera y mayor investigación penal con connotaciones políticas: la venta a particulares del Banco Pan de Azúcar administrado por el Estado. Cuando lo consulté respondió: “Soy juez y no seré otra cosa que juez el resto de mi vida”. Ahí sigue.

Estoy seguro de que lo mismo hubieran respondido otros. No conozco ninguno que haya renunciado para postularse a cargos electivos. Tal vez el exfiscal penal Gustavo Zubía, que al renunciar anunció que sería candidato por el Partido de la Gente.

Más allá de las fronteras no ocurre. La contaminación y la sumisión son moneda corriente. Debido al límite de este espacio solo citaré tres ejemplos emblemáticos.

El juez brasileño Sergio Moro le asestó un golpe mortal a la credibilidad de la judicatura. Aceptó ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y contaminó su actuación anterior. El juez, que durante 24 años luchó contra la corrupción y procesó al líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, se tiñó de sospechas.

En Argentina el más notorio es Raúl Zaffaroni, destacado jurisconsulto y también servil tránsfuga. Fue juez entre 1969 y 1990. En 1993 se pasó a la política. Fue convencional por el Frente Grande y entre 1997 y 2000 legislador por el Frepaso. Hizo deberes para el gobierno y fue propuesto por Néstor Kirchner para la Corte Suprema, donde estuvo hasta 2014. En 2015, Cristina Kirchner lo postuló para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde allí llamó a “resistir” el gobierno de Mauricio Macri y deseó “que se vayan lo antes posible”.

El exjuez federal Daniel Piotti fue forzado a renunciar ante la sospecha de haber encubierto acciones del atentado contra la AMIA que involucra por encubrimiento a la expresidenta Cristina Fernández. Los favores políticos provocaron la renuncia del juez federal Norberto Oyarbide: “Me apretaron el cogote para sacar (eliminar) las causas de los Kirchner”.

En esta mezcla de aserrín con pan rallado el palmarés lo tiene España. El estrecho vínculo entre política y Justicia lo avalan convenientes normas. Una permite que los jueces dejen su cargo en reserva cuando pasan a un cargo político. Luego pueden volver a la judicatura. Baltasar Garzón pasó de juez a diputado socialista y cuando Felipe González no le dio el ministerio que pretendía, volvió a ser juez. Luego fue destituido y condenado por prevaricación.

Los dos partidos mayoritarios, el Popular y el Socialista, se reparten los cargos. Entre ellos los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial que gobierna a ese poder. Desde la semana pasada acordaron que lo presida un conservador —el que decide las votaciones en los empates—, pero la izquierda se queda con 11 cargos.

Hace poco, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa publicó un informe que cuestiona a España por no atender sus recomendaciones de fortalecer la independencia judicial y modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Como si oyeran llover.

En el gobierno del socialista Pedro Sánchez, Dolores Delgado, de extensa trayectoria como fiscal, fue designada ministra de Justicia. Tras asumir se filtraron cintas grabadas clandestinamente sobre una comprometedora reunión que mantuvo años atrás, acompañada de Garzón, con el expolicía y espía José Manuel Villarejo. Atribuyó la filtración a los intereses de “la derecha y la extrema derecha”. Vieja excusa para justificarse.

Así les va.