Justicia: compleja negociación histórica

Internamente los partidos ya comenzaron a analizar los nombres de los ministros de los tribunales de apelaciones más antiguos, de los que surgirán los nuevos integrantes de esas cúpulas judiciales. Dicha investigación no se limita a la idoneidad jurídica. Como en toda actividad, las capacidades de los jueces son diversas, pero en política la ingenuidad no tiene lugar. Por eso el análisis también comprende la ideología extrajurídica. Con ese fin, realizan consultas dentro y fuera del sistema.

Para entender la importancia de la negociación, se requiere un repaso histórico que comienza en la Constitución. Según su artículo 236, los cargos a la SCJ y al TCA los deciden los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General. Se requieren 87 votos de 130. Nadie los tiene, y por eso buscarán un acuerdo.

La Carta también establece que, sin ese acuerdo, transcurridos 90 días en cada vacante ingresará el ministro más antiguo de los tribunales.

Las dos primeras vacantes serán las de José Echveste en el TCA, el 12 de setiembre, y la de Eduardo Turell en la Corte, el 12 de octubre. Hay tiempo para negociar antes de que se cumplan los 90 días, que será respectivamente en el diciembre próximo y en enero de 2022.

De mantenerse como prioridad la negociación, lo razonable sería que ocurriera para todo el plazo del actual gobierno porque los ceses se producirán en cadena. Pero al sentido común suele aplastarlo la pasión partidaria.

El último en ingresar a la Corte por antigüedad fue Luis Tosi en noviembre de 2018. Los partidos habían acordado tres nombres: Bernadette Minvielle (que ingresó en 2017), Nilza Salvo y Luis Simon, según las vacantes que se producirían.

Pero la muerte del ministro del TCA, Juan Tobía, en 2018, luego de la designación de Minvielle a la Corte, truncó el resto del acuerdo. Salvo y Simón quedaron afuera y el gobierno de Tabaré Vázquez se negó a renegociar porque consideró mejor el ingreso al TCA por antigüedad de Selva Klett.

Este asunto dejó claro que la dictadura de la biología puede modificar cualquier acuerdo. Ninguno de los candidatos es adolescente, y esto hay que considerarlo.

El 11 de setiembre del año pasado, también por antigüedad, ingresó a la Corte Tabaré Sosa para el puesto que dejó vacante Jorge Chediak.

De cara a las negociaciones los políticos tendrán que muñirse de computadoras, currículums y chismes sobre quién es quién fuera de las sentencias. Un ministro jubilado me comentó con acierto: “Serán las designaciones más complejas de la historia, por el elevado número de vacantes y porque se extenderán hasta 2024”. Y se preguntó: “¿No es menos complejo dejar los ingresos por antigüedad sin teñirlos de intencionalidad partidaria?” Probablemente.

Veamos la sucesión. En el TCA, Alfredo Gómez Tedeschi cesará el 29 de abril de 2021 y Eduardo Vázquez Cruz, el 10 de diciembre de 2022. El 27 de octubre de 2021 también cesa Tosi en la Corte.

Las vacantes están a la vuelta de la esquina y por eso conviene revisar la antigüedad de los candidatos por su orden: Nilza Salvo, John Pérez, Luis Simón, Ana Maggi, Doris Morales, José Balcaldi, Ángel Cal, Rosina Rossi, Alberto Reyes, Lilian Bendahan, Julio Posada, Nanci Corrales, Juan Carlos Contarín, María Díaz, Álvaro França, Sergio Torres Collazo, Daniel Tapié, Julio Olivera Negrín, María Gradín, Edgardo Ettlin, Eduardo Cavalli y Graciela Gatti.

En caso de un acuerdo, las antigüedades son irrelevantes. Nada obliga a los legisladores a cumplirlas si acuerdan políticamente.

Hay algunos problemas colaterales. Por ejemplo, Cal, Balcaldi y Rossi tienen la misma antigüedad como ministros de tribunal. Según la Constitución, ante esa igualdad la prioridad la tiene el ministro con más años en la judicatura. Balcaldi y Rossi tienen la misma (29/8/86), pero no hay nada previsto sobre cómo se dirime esa igualdad temporal.

A partir de 2022 las negociaciones vuelven a complicarse. Maggi cesará el 9 de enero de ese año y Salvo el 30 de enero de 2023, cuando cumplan 70 años.

Por si fuera poco, se debe añadir la vacante que a partir del 17 de abril de 2022 generará Jorge Díaz, titular de la Fiscalía General. Cesa por llegar a los 10 años en el cargo. Es el problema más complejo porque no existe previsión para una designación si no hay acuerdo político.

La propuesta de un candidato le corresponde al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Requiere la venia con los tres quintos de votos del Senado (artículo 168 de la Carta). En 2012 Díaz fue propuesto por el expresidente José Mujica y obtuvo el aval de todos los partidos como resultado de un amplio acuerdo condicionado a otros cargos.