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El caso de dos mujeres bolivianas que trabajaban de forma irregular en el servicio doméstico de una casa en Carrasco tuvo un giro inesperado en los últimos días, y desató una investigación en la justicia especializada en crimen organizado sobre la presencia de una presunta organización delictiva que se dedica a la trata de personas.
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El jueves 2, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo uso por primera vez de la ley de Trabajo Doméstico aprobada en 2006, que prevé la posibilidad de ingresar a los hogares para inspeccionarlos. Con el auxilio de la Policía —que cercó toda una manzana de Carrasco— los inspectores del ministerio constataron que en una vivienda de ese barrio trabajaban de forma irregular dos mujeres de origen boliviano, quienes no estaban inscriptas en el Banco de Previsión Social, como requiere la normativa, y carecían de cualquier otro tipo de protección social.
Fuentes judiciales informaron a Búsqueda que a raíz de este caso, el fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez y el juez Néstor Valetti realizaron una serie de interrogatorios, de los que surge que la misma situación se produce en decenas de viviendas de Carrasco y otros barrios de gran poder adquisitivo de Montevideo.
Según los informantes, existen fuertes indicios de que una organización delictiva con sede en Bolivia se encarga de reclutar a mujeres en ese país con la promesa de conseguirles empleo de calidad bien remunerado. Una vez en Uruguay, las mujeres trabajan “con cama” en residencias en Carrasco y si bien reciben remuneración por su trabajo no gozan de beneficios sociales.
Un comunicado de la organización no gubernamental Cotidiano Mujer señala que desde hace un año comenzaron a reunirse con mujeres migrantes y en ese marco lograron “documentar diferentes situaciones de vulneración de derechos que experimentan decenas de mujeres”.
“En los últimos meses se detectó un patrón de comportamiento en perjuicio de mujeres bolivianas que vienen a Uruguay para desempeñarse como trabajadoras domésticas”, agrega.
“Nos resultó alarmante la situación de explotación laboral en la que se encuentran trabajadoras domésticas que realizan su trabajo en una residencia en Carrasco (...) los propietarios de la casa en cuestión son Natalia Manhard y Javier Fernández, vinculados a empresas de significativa relevancia en el país como Chic Parisien y Fripur, en cuya casa y la de sus padres se registra una permanente rotación de las trabajadoras domésticas bolivianas. De hecho en el transcurso de un año pasaron al menos 10 trabajadoras domésticas”, prosigue el comunicado.
El propietario de Fripur, Alberto Fernández, fue uno de los empresarios que aportó U$S 15.000 para el acto de asunción del presidente José Mujica y pagó la banda presidencial que el primer mandatario lució ese día.
Según Cotidiano Mujer, “las condiciones laborales a las que son sometidas estas trabajadoras implican la vulneración de derechos básicos. Son mujeres que trabajan ‘cama adentro’ y que deben estar al servicio de sus empleadores tiempo completo. Su horario varía entre 12 y 13 horas diarias y el descanso intermedio es una decisión discrecional de la empleadora”.
