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Justicia incorporó una sentencia argentina en una demanda abierta por quiebra del Banco Comercial y la crisis de 2002
El juez entendió que las condenas y decomisos sobre exdirectivos y bancos internacionales resueltos en Argentina tienen “directa incidencia” en el juicio en Uruguay, que se encuentra en su etapa final
Sede de la Suprema Corte de Justicia en Montevideo.
El juez letrado de Concursos de primer turno, Leonardo Méndez, aceptó incorporar una reciente sentencia de la Justicia Federal argentina como prueba documental en una causa iniciada en 2003 vinculada al fraude en el Banco Comercial y la última crisis bancaria en Uruguay. El fallo emitido en Buenos Aires incluye condenas a los responsables de la trama y decomiso de millones de dólares de dos bancos internacionales.
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En el fallo, al que accedió Búsqueda, el juez Méndez establece que resolvió sumar como “hecho nuevo” la sentencia porque “se trata de cuestiones que tienen directa incidencia” con la causa en Uruguay, dado que la condena involucra a la demandada, el Banco General de Negocios —por delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta—; a los denunciantes, en calidad de ahorristas; y a los codemandados, los bancos JP Morgan y Credit Suisse, a los que se les decomisaron activos.
Carlos Alberto Rohm, quien fue presidente del Banco General de Negocios que operaba en Argentina y vicepresidente del Banco Comercial —el mayor privado en Uruguay en aquel momento—, es identificado en la sentencia dictada el 27 de febrero de 2026 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la República Argentina como uno de los principales imputados responsables de las “maniobras delictivas”, que incluyeron la captación clandestina de fondos en Argentina y el desvío de dinero hacia Uruguay y otras plazas offshore, a través de una red de sociedades —como la Compañía General de Negocios (CGN) en Uruguay— que perjudicó a los ahorristas.
La sentencia detalla la responsabilidad penal de nueve directivos y empleados del Banco General de Negocios, quienes fueron hallados responsables de delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. Los condenados, a penas de entre tres y 10 años de prisión, fueron Carlos Alberto Rohm, Julio César Tielens, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Rufino Basavilbaso de Alvear, Adrián Darío Couce, Hugo César Esquivel, Horacio Darío Castrilli y Pedro Evaristo López.
Sobre los bancos extranjeros señala que “estaban perfectamente al tanto” y “validaron su funcionamiento”. El fallo incluso cita que, en la declaración indagatoria, Rohm sostuvo que los bancos accionistas extranjeros (Credit Suisse First Boston, JP Morgan y Dresdner Bank) tenían pleno conocimiento del funcionamiento del grupo financiero, incluida la operatoria de la Compañía General de Negocios y la captación de fondos. La CGN operaba como una “banca paralela” para captar ahorros en Argentina y registrarlos directamente en Uruguay para evadir controles.
El fallo condena al decomiso de activos de Credit Suisse AG, que actualmente es UBS AG, por US$ 25.494.000, y de JP Morgan Chase Bank NA por US$ 19.740.000, con destino a restituir las sumas sustraídas a las víctimas del fraude a los ahorristas de la Compañía General de Negocios. El criterio para determinar el monto, según señala la sentencia, surge de que al 31 de enero de 2002 la Compañía General de Negocios registraba un pasivo de US$ 210 millones y del porcentaje accionario que cada entidad bancaria tenía en San Luis Financial, que fue la sociedad matriz principal del entramado financiero liderado por los hermanos Rohm, constituida en Panamá, y el Banco General de Negocios.
En audiencia ante la Justicia argentina, los representantes de los bancos se opusieron al decomiso, porque sostuvieron que no había constancias acerca del beneficio que habrían obtenido, y que surgía de la causa el perjuicio que les había ocasionado la “administración infiel” de Rohm. Sin embargo, la sentencia señala que, en el marco de una estructura financiera que opera de manera dual, “con actividades ilícitas y regladas con mecanismos de captación clandestina e informal, el beneficio para los accionistas se perfecciona con el engrosamiento de la masa de fondos disponibles en la sociedad holding” y “esta inyección constante de liquidez ilícita favoreció al grupo durante años para mantener su operatividad, expandir su presencia y financiar su estructura, beneficios que son inseparables de la inversión de los accionistas”.
Fuentes judiciales señalaron a Búsqueda que la causa en Uruguay está en sus etapas finales, “casi para alegar”, y que la sentencia se incorporó como “una prueba más dentro de un montón de prueba” que ya existe. El Banco Central del Uruguay (BCU) se opuso a su incorporación dado que pretende terminar el juicio y considera que este tipo de acciones demora el avance del proceso, explicaron los informantes.
Movimientos en Uruguay
El BCU informó el 20 de abril que el directorio había aprobado la transferencia de US$ 13.254.331 al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del ex Banco Comercial SA, un instrumento que se creó para canalizar los recursos recuperados y distribuirlos entre los ahorristas de esa institución.
Según se señaló en un comunicado, los fondos provienen del “remate judicial y la realización de diversos bienes”, que se encontraban embargados en el marco de acciones judiciales y medidas cautelares impulsadas por los servicios jurídicos del BCU, contra personas físicas, jurídicas y empresas vinculadas que participaron de “operaciones dolosas” que “contribuyeron a generar el desequilibrio económico y financiero” del banco.
Desde el Central informaron que se “continúa avanzando en la ejecución de sentencias favorables y otras medidas judiciales” que “han permitido la recuperación de activos en favor de depositantes de instituciones financieras liquidadas en el marco de la crisis financiera del año 2002”.
En diálogo con La Mañana, Darío Abilleira, vicepresidente de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab), la entidad autónoma que desde 2009 gestiona tanto el seguro de depósitos del sistema financiero uruguayo como las liquidaciones remanentes de los bancos que quebraron durante la crisis, señaló que los fondos de recuperación de los cuatro bancos liquidados (Comercial, Montevideo, Caja Obrera y Crédito) se encuentran en su “mínima expresión” y que sus activos más relevantes son los juicios que aún continúan en proceso.
